![rey congreso](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2020/02/04/2020020409532578901.jpg)
Al contrario que el coronel de la novela de García Márquez, el rey sí tiene quien le escriba, en ambos casos la expectativa epistolar protagoniza la premisa de una situación que se pretende ser removida por indeseable. Para el coronel terminar con su vida de miseria, para el rey mantener incólume el poder fáctico de la Corona. Hay en el simbolismo de los actos una hijuela clarificadora de la realidad latente. Cuando Felipe VI acude a las Cortes a jurar la Constitución lo hace con uniforme de capitán general, ya que el mando supremo de las fuerzas armadas se lo había cedido previamente su padre en un acto privado. Juan Carlos I, que había jurado los principios fundamentales del Movimiento, también con uniforme de capitán general no jura la Constitución sino que la sanciona. En ambos casos hay una voluntad simbólica de expresar que existe un poder no sometido a ningún escrutinio cívico y cuya legitimidad de facto es previa y de mayor valor constitutivo al régimen predemocrático reformado. Así como en las democracias de nuestro entorno el mando sobre las Fuerzas Armadas le corresponde a un cargo electo –en EEUU el presidente es el comandante en jefe-, en España es un asunto familiar.
Sin embargo, a pesar de ello, una de las encomiendas encargadas a la milicia es mantener el orden constitucional, misión impensable en democracias avanzadas, por su carácter absolutamente político, lo cual no le concede al Ejército la posibilidad de preservar derechos y libertades como se pudiera hacernos creer, sino que siendo su dependencia suprema de una jefatura del Estado inviolable, es decir que ningún otro poder la puede fiscalizar y lejos del escrutinio democrático, lo que se le encarga realmente desde la alta magistratura es la facultad de tutelar a la sociedad civil. Todo ello ha sido la justificación de que cientos de mandos militares retirados le hayan escrito cartas al rey y publicitado manifiestos en contra del Gobierno democrático, en donde hablaban de llevar a cabo un golpe de Estado y defender la integridad de España del actual Gobierno de “comunistas, golpistas y proetarras”, además de amenazar en las redes sociales con fusilamientos masivos.
Y todo esto en el escenario de un clima obscenamente guerracivilista promovido por la estrategia conjunta del PP y VOX, donde es difícil distinguir quién es el muñeco y quién el ventrílocuo como en un remake del famoso film Dead of night, podemos escuchar cosas terribles sobre el Gobierno democrático que dirige el país, como que es un ejecutivo ilegítimo y criminal (sic), totalitario (sic) o incluso benefactor de terroristas. El calibre de las acusaciones es tan grueso y gratuito en la obsesiva intención de que cale la adjetivación del gobierno PSOE-UP como ilegítimo y transgresor de la ley, que está claro que se está dando en España por la derecha recalcitrante, y quizá por alguien más, un golpe de Estado de los que Gene Sharp denomino “golpe blando.” Con este calificativo el politólogo estadounidense quería nombrar a un conjunto de técnicas conspirativas no frontales y principalmente no violentas manu militari, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder.
El hecho de intentar desactivar a mayorías parlamentarias por métodos antidemocráticos, el conato de derribar gobiernos al margen de la voluntad popular, la manipulación constante de la opinión pública mediante los oligopolios de prensa, la falta de neutralidad del teórico poder arbitral del Estado que debería ejercer la Corona, la apelación continúa por el conservadurismo de neutralizar la vida pública mediante el déficit democrático, suponen una grave crisis de posición y función en la sociedad de la Monarquía posfranquista que la hace cada vez más incompatible con la democracia.