![amancio-ortega350](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2013/10/30/2013103015180184054.jpg)
Uno de los mayores problemas que han afectado la calidad de vida de la población en España ha sido la disminución de los recursos asignados al sistema sanitario público, consecuencia de los enormes recortes del gasto público social (incluyendo el gasto público sanitario) que los gobiernos españoles y los autonómicos (y con especial ahínco el de la Generalitat de Catalunya) realizaron a fin de alcanzar la reducción del déficit público, sacrosanto objetivo del neoliberalismo imperante, cuya aplicación ha tenido consecuencias muy negativas para el sistema público sanitario, tales como la reducción del personal y de los equipamientos sanitarios.
Estos recortes respondían, así, a la ortodoxia neoliberal dominante durante el período conocido como la Gran Recesión, promovida por los grandes medios de información, incluido El País, siendo este rotativo uno de los mayores proponentes de tal ortodoxia, que se convirtió en hegemónica en el desarrollo de las políticas públicas de los gobiernos españoles y autonómicos. Estos recortes debilitaron todavía más el sistema sanitario, que había estado ya subfinanciado desde su establecimiento en 1986. En realidad, ya antes de la Gran Recesión España se gastaba mucho menos en sanidad de lo que le correspondía por el nivel de riqueza que tiene el país. Hoy en día, este país, la quinta economía de Europa, con un PIB per cápita que es el 86% del PIB promedio de la UE-15 (el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo al de España), continúa gastándose en sanidad mucho menos de lo que le correspondería por el nivel de riqueza que tiene. En realidad, este retraso se ha incluso acentuado más durante los últimos diez años. Así, España continúa siendo uno de los países de la UE-15 que gasta menos en sanidad pública. Concretamente en 2017, último año con datos oficiales, según la OCDE se gastó 2.385,7 dólares constantes per cápita (lo cual quiere decir dólares con la misma capacidad adquisitiva), es decir 1.221,4 dólares per cápita menos que el promedio de los países de la UE-15, lo que situaba a España en el antepenúltimo lugar de la UE-15. Esta diferencia alcanzaba “solamente” los 816 dólares per cápita en 2009, justo antes del inicio de los recortes.
¿Por qué esta pobreza tan acentuada de recursos en el sector sanitario?
La respuesta a esta pregunta no la encontrará en los mayores medios de información españoles, incluyendo El País. Y, en cambio, es muy fácil de ver. La pobreza de recursos del Estado se debe, en parte, a la baja contribución a sus arcas de lo que en EEUU se llama la clase corporativa (the corporate class), que básicamente son los propietarios y gestores de los grandes grupos económicos y financieros del país. Y esta baja y limitada contribución al Estado por parte de tales grupos económicos y financieros del país se debe no solo a la evasión fiscal (aunque también, pues según Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda –GESTHA–, “el 70% del fraude fiscal es cometido por los grandes patrimonios y las grandes empresas de este país”), sino también a su escasa aportación (legalmente válida) en comparación con otros países con el mismo nivel de desarrollo. En realidad, la aportación de los grupos empresariales de mayor tamaño está muy por debajo de lo que pagan en otros países con el mismo nivel de riqueza.
Este grupo social –el gran empresariado- tiene una enorme influencia política (bien directamente, bien indirectamente a través de los mayores medios de información a los que influencian y/o controlan) en las instituciones representativas en este país. Ello es una de las mayores causas de la subfinanciación del Estado y, muy en particular, del gasto público social. La conexión y complicidad entre poder económico-financiero por un lado, y poder político-mediático por el otro, alcanza unas dimensiones sin precedentes en la mayoría de países de la UE-15. Y ello explica la pobreza del sector público, incluyendo su sanidad. El neoliberalismo (y sus políticas de austeridad) es la doctrina económica imperante en esta clase empresarial, pues es el grupo social que se beneficia más de su aplicación. Y la mejor prueba de ello es el impacto redistributivo que han tenido tales políticas neoliberales en las rentas del país. Miren los datos y lo verán. Durante este período neoliberal conocido como la Gran Recesión (2008-2018), las rentas del trabajo (los salarios) han bajado en España del 50,1% al 47,1% del PIB, mientras que las rentas derivadas de la propiedad del capital han subido del 41,7% al 42,4% del PIB (según datos de Eurostat). Una causa de esta redistribución regresiva de las rentas a favor de las rentas del capital es que mientras las rentas del trabajo descendieron, las otras aumentaron a costa del gran aumento de los beneficios empresariales, facilitados y estimulados por el gran descenso de su carga fiscal. Así, tal como resaltaba Oxfam Intermón en el informe Reparto desigual. Cómo distribuyen valor las empresas del IBEX-35, “si en el año 2000 [el conjunto de] las empresas pagaban el 22% [de tipo efectivo del impuesto de sociedades], en 2016 pagan la mitad, un 10,2%. Se trata de una tendencia global que se da en todo el mundo para el conjunto de empresas, al menos para las que han obtenido resultados positivos. Pero es bastante más pronunciado en las empresas de mayor tamaño que en las menores, ya que en España éstas últimas pasaron de pagar un 25,4% en 2000 a un 15,4% en 2016, mientras que el tipo efectivo de los grandes grupos empresariales cayó desde el 15,3% que pagaban en 2000 a un 6,14% en 2016, menos de la mitad”.
La pobreza del sector público como resultado de la gran influencia del sector empresarial (incluyendo las empresas del filántropo Amancio Ortega) y su comportamiento
En realidad, el comportamiento de tales empresas y el neoliberalismo que promueven explican también el gran descenso de los salarios y el deterioro del mercado de trabajo. Y una de las maneras de hacerlo ha sido exportando puestos de trabajo a otros países, con lo cual disminuyen los salarios de los que trabajan (aceptando su descenso como medida preventiva para que no se vayan a otro país) y disminuye también el número de asalariados, con lo cual disminuye también el número de contribuyentes al Estado. El grupo empresarial del Sr. Amancio Ortega, Inditex, al que pertenece ZARA, es de los más conocidas por tal tipo de prácticas. Si concentraran toda su producción en España, el número de trabajadores y la capacidad adquisitiva de las familias trabajadoras aumentarían, y con ello aumentarían los ingresos al Estado.
Pero otra forma de empobrecer el Estado es a través de evitar pagar impuestos en España. Según el informe que Los Verdes europeos (The Greens-EFA) elaboraron en 2016, titulado Tax shopping. Exploring Zara’s tax avoidance business, Inditex ahorró 585 millones de euros en impuestos durante el período 2011-2014, “utilizando técnicas de elusión fiscal agresivas [es decir, al límite de la legalidad] sobre todo en los Países Bajos, Irlanda y Suiza”. Lo que señalaba el informe era la utilización de filiales del grupo para canalizar fondos allí donde la presión fiscal era menor. Son ejemplo de ello los pagos en concepto de royalties a una filial holandesa (país en el que tributan al 15%), y que supusieron pérdidas de unos 218 millones de euros en la recaudación solo en España; los pagos a filiales irlandesas dedicadas a actividades financieras y al comercio electrónico (que tributan entre el 0% y el 12,5%); y los pagos a una filial suiza encargada de las compras al por mayor de piezas de ropa producidas en Bangladesh, Turquía o Marruecos, para luego venderlas a otras empresas del grupo empresarial (con un impuesto sobre los beneficios del 7,8%). No es extraño que Inditex sea uno de los grupos empresariales con mayores márgenes de beneficio neto del sector, con 2.900 millones de euros en 2015, y que estas filiales concentren enormes cantidades de ese beneficio. Sin ir más lejos, según el mismo informe, la filial holandesa obtuvo un beneficio neto de 1.700 millones de euros en 2014 con tan solo 203 trabajadores.
La respuesta de Inditex al informe de Los Verdes europeos
Cuando se publicó este informe, Inditex se apresuró en sacar un comunicado el mismo día desmintiendo tales acusaciones. Afirmaban que el grupo empresarial no incumplía la normativa fiscal de ninguno de los 93 países en los que está presente, lo cual no había sido puesto en duda por Los Verdes, que solo alertaban de estrategias para la elusión fiscal (y no evasión). También, en este mismo comunicado del grupo empresarial, se desmentía que España hubiese dejado de percibir 218 millones de euros entre 2011 y 2014 por unos supuestos pagos en concepto de derechos de propiedad industrial a una filial holandesa (ITX Merken), afirmando que sus empresas españolas no pagan por los derechos de propiedad. Respondiendo a este punto, Los Verdes reconocieron que no había información publicada sobre esas transacciones concretas, pero sí de los ingresos totales de ITX Merken (3.700 millones de euros entre 2011 y 2014) y sobre los pagos realizados por filiales italianas. Lo que hicieron Los Verdes fue estimar la parte de los ingresos de ITX Merken correspondientes a las empresas españolas, teniendo en cuenta su peso dentro del grupo empresarial, y calcularon el ahorro en impuestos para cada país. Para clarificar este punto Los Verdes pidieron en 2017 a Inditex que publicara los datos referentes al origen de los pagos en royalties a ITX Merken. Pese a presentarse como una empresa plenamente transparente, a día de hoy Inditex no ha hecho pública esta información.
Otro punto que trataba de desmentir el comunicado de Inditex es el referente a la elusión de impuestos asociada a la compra -por parte de ITX Merken- de derechos de marca por una cantidad de 1.470 millones de euros a empresas españolas del grupo. Inditex afirma que esa compra generó ingresos fiscales al Estado español, aunque eso no fue lo que criticaban Los Verdes. Lo que estos criticaban es que en los Países Bajos los derechos de marca están sujetos a beneficios fiscales, lo cual reporta al grupo empresarial un ahorro de 84 millones de euros en impuestos. Así, punto por punto, aunque sin desmentir con evidencia lo que señalaban Los Verdes, lo que hace Inditex es generar un clima de confusión para oscurecer la realidad de sus agresivas prácticas fiscales, que si bien no se han demostrado ilegales, sí constituyen un entramado que les reporta enormes beneficios.
¿Es loable el comportamiento del dueño de Zara? ¿Quién está haciendo demagogia, los críticos del mecenazgo del Sr. Amancio Ortega o el diario El País?
A simple vista, como hace El País en su editorial “Filantropía” del 25 de mayo, parecería normal que fuera muy noble que el propietario de tal empresa diera 300 millones de euros a la sanidad española. Pero El País va más allá del elogio. Incluye el insulto a los críticos, llamándolos, como era predecible, “demagogos”. En su editorial, define como demagogos a las personas que desaprueban estos actos de supuesto comportamiento cívico y generosidad del mundo empresarial, tales como Isa Serra, Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, y el Secretario General de esta formación política, Pablo Iglesias (“demagogo” es un término ampliamente utilizado por los establishments político-mediáticos del país para intentar desacreditar a aquellas voces que cuestionan la “sabiduría convencional” promovida por ellos).
Lo que El País no dice es que este acto es parte de una estrategia de promoción y lavado de imagen de su empresa para potenciar su imagen de responsabilidad civil. El gran descrédito de las instituciones políticas en España (claramente reflejada en el altamente popular eslogan del 15M “no nos representan”) se basa precisamente en esta percepción, ampliamente sostenida por la mayoría de la ciudadanía, de que la clase política no representa tanto a la ciudadanía, sino a los poderes fácticos, instituciones financieras y económicas que ejercen una enorme presión sobre la clase política. Este entramado entre el poder económico y el poder político juega un papel clave en la configuración de las políticas públicas, tal como varios autores hemos mostrado en muchas publicaciones (véase, como ejemplo, Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, de Juan Torres, Alberto Garzón y yo mismo).
Otros países, donde este entramado no existe, o es mucho más débil, no existe apenas mecenazgo. Y es precisamente donde este maridaje es más intenso, como en EEUU, donde el mecenazgo está más extendido. El mecenazgo es un indicador, precisamente, de la fortaleza de la clase empresarial, y constituye el componente principal de marketing y relaciones públicas del mundo empresarial.
Una última observación: la escasísima diversidad ideológica del establishment mediático del país
La conocida falta de diversidad ideológica en los medios de comunicación españoles es consecuencia, precisamente, de este enorme poder. Un ejemplo es el debate que tuvo lugar en La Sexta Noche sobre el caso del mecenazgo del Sr. Ortega. Todos los participantes en el debate criticaron a los supuestos “demagogos”. Ni uno, repito, ni uno, criticó a Amancio Ortega.
Y ello no es excepcional. Como ya indiqué hace bastantes años (véase mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en este país. Anagrama, 2002), la transición de la dictadura a la democracia en España distó mucho de ser modélica. Se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban los aparatos del Estado y la mayoría de medios de comunicación, manteniendo las coordenadas del poder financiero y económico del país salvaguardando su enorme influencia sobre las instituciones del Estado español, con gran dominio de la corporate class, y sus políticas públicas, causa principal de que, más de cuarenta años después de que se estableciera la democracia en España, todavía este país sea de los que tiene uno de los gastos públicos sanitarios (así como el gasto público educativo, el gasto público en servicios sociales, el gasto público en escuelas de infancia, el gasto público en servicios de atención domiciliaria, el gasto público en vivienda social, el gasto público en pensiones, el gasto público en ayudas públicas, y un largo etcétera) más bajos de la UE-15. Esta es la realidad ocultada en los medios.
Vicenç Navarro | Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Pública | Universitat Pompeu Fabra