![2019110414221966518](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2020/09/15/2020091519490062364.jpg)
El enorme desequilibrio de fuerzas que configuró la transición de la dictadura a la democracia, con gran dominio en los aparatos del Estado por parte de aquellos que controlaban la dictadura, explica el carácter inmodélico de dicho proceso, que acabó desembocando en una democracia muy insuficiente y limitada que es responsable del enorme subdesarrollo social y político actual del país. Los indicadores de dichas carencias son múltiples. Desde el bajo gasto público social por habitante (en sanidad, en educación, en servicios sociales, en vivienda pública, en escuelas de infancia, en servicios de atención a la dependencia y un largo etcétera), uno de los más bajos de la UE-15 (el grupo de países europeos con un nivel de desarrollo económico similar al español); a la gran desigualdad, también de las mayores de la UE, tanto de la propiedad como de las rentas; pasando también por la escasa diversidad ideológica de los medios (con una clara escasez de grandes medios de información de izquierdas), muestran las grandes limitaciones de la democracia española, resultado del enorme dominio que las fuerzas conservadoras -enraizadas y herederas de las dominantes durante la dictadura- tuvieron y continúan teniendo en nuestro país (ver mi libro Bienestar insuficiente. Democracia incompleta: sobre lo que no se habla en nuestro país. Anagrama, 2002).
La persistencia de la desmemoria histórica
Pero uno de los principales indicadores de este desequilibrio de fuerzas es la persistencia de la desmemoria histórica, que se ve reflejada en el gran desconocimiento de la historia reciente del país por parte de la juventud española. Esta desmemoria ha sido, además, promovida por las dos fuerzas políticas mayoritarias del país, el PP y, en menor grado, el PSOE, y sostenida por una enorme injusticia: el desconocimiento de la historia real del país. Lo vemos reflejado, por ejemplo, en la falta de reconocimiento a las personas que lucharon contra la dictadura y en la reproducción de las enormes falsedades difundidas y repetidas en el discurso oficial del Estado español sobre nuestro pasado. Tampoco se tiene plena conciencia, por ejemplo, de que la dictadura de Franco fue una de las más crueles que hayan existido en la Europa Occidental en el siglo XX. Según el profesor Malefakis, uno de los estudiosos del fascismo más conocidos del mundo, por cada asesinato cometido por el régimen de Mussolini, el de Franco cometió 10.000. Esta represión que tenía su lógica, pues era una minoría la que tenía a la gran mayoría de la población en contra. La crueldad de dicho régimen explica que todavía hoy haya más de 100.000 desaparecidos políticos (siendo España el país del mundo con más desaparecidos políticos después de Camboya) sin que el Estado democrático haya hecho nada para recuperarlos. En realidad, las izquierdas que han gobernado hasta ahora (el PSOE) han hecho muy poca cosa para corregir esta situación. Su insensibilidad hacia este tema solo se explica por su escasa conciencia democrática o, lo que es más probable, por su temor a antagonizar a estamentos todavía muy poderosos en España, desde la Monarquía a la Iglesia, pasando por la banca, y a la larga retahíla de intereses (y clases pudientes) que apoyaron y/o se vieron beneficiados por la dictadura.
El profundamente conservador aparato jurídico del Estado fue el encargado de asegurar el orden establecido, interpretando la Constitución y reduciendo aquellos elementos progresistas conquistados por las fuerzas progresistas
La función política de la desmemoria
Esta desmemoria empodera claramente a las derechas en España. ¿Se imagina el lector que en el parlamento sueco, británico o estadounidense (tres países en los que viví durante mi largo exilio) se aceptara que una portavoz del partido mayoritario de derechas acusara a un luchador antifascista de "criminal" por el hecho de haber luchado en contra de una dictadura fascista? Por otra parte, no me sorprende la movilización de figuras históricas de la transición en contra de condenar a Martín Villa como un intento de defender una Transición supuestamente modélica. Incluso las declaraciones del expresidente Aznar eran previsibles, defendiendo la figura de Martín Villa (que condecoró a algunos de los torturadores más conocidos de la resistencia antifascista) como el gran "defensor de la ley y del orden", el mismo argumento que se utilizó para justificar el golpe militar del 1936. En cuanto a los presidentes socialistas, su apoyo a Martín Villa es también un intento de justificar su apoyo a la desmemoria histórica. Sin embargo, tengo que reconocer que me sorprendió el apoyo por parte de Cándido Méndez, Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, tres dirigentes sindicales a los cuales tengo un gran respeto y estima.
La ocultación de la brutalidad del régimen dictatorial
Como bien indica Javier Pérez Royo en su excelente artículo "Martín Villa y la justicia argentina", publicado en elDiario.es el 03.09.20, la Transición en sí no fue una operación de genocidio, pero la Ley de Amnistía sí que fue un acto de encubrimiento y exención de responsabilidades de la operación del genocidio que se llevó a cabo durante la dictadura, labor en la cual Martín Villa tuvo un papel destacado.
El coste principal de esta desmemoria es que la juventud de nuestro país no sabe por qué no vivirá mejor que sus padres, o por qué los salarios y la masa salarial han ido bajando más y más mientras han ido aumentando las rentas derivadas de la propiedad, o por qué en España el conflicto de las banderas absorbe gran parte del espacio mediático mientras que la enorme crisis social y laboral permanece en gran medida ocultada. El gran dominio de las fuerzas conservadoras y supuestamente liberales ha hecho un enorme daño al bienestar de la población. Mientras tanto, la juventud desconoce el origen de esta precaria situación.
Ni que decir tiene que las movilizaciones ciudadanas y, muy en particular, las de amplios sectores de la clase trabajadora, jugaron un papel determinante en forzar la apertura del régimen dictatorial. En la década de los años setenta, España había sido el país europeo con más días de trabajo interrumpidos por huelgas ilegales que estaban amenazando el sacrosanto orden y la ley de la dictadura. Mientras los dirigentes de los movimientos contestatarios estaban en la cárcel o en la clandestinidad, las fuerzas del régimen tenían absoluto control sobre todos los aparatos del Estado y de los medios de comunicación, información y control. El desequilibrio no podía ser mayor. De ahí que, en las negociaciones para la elaboración de la Constitución, que había incluido elementos importantes, cediendo a las fuerzas democráticas (y muy en especial a las izquierdas) este desequilibrio fue utilizado para diluir el potencial transformador de la presión popular.
El profundamente conservador aparato jurídico del Estado fue el encargado de asegurar el orden establecido, interpretando la Constitución y reduciendo aquellos elementos progresistas conquistados por las fuerzas progresistas. El hecho de que algunos derechos sociales tan importantes como el acceso a la sanidad, a la educación y a los servicios de ayuda a las familias no fueran definidos como derechos fundamentales es una consecuencia de ello. Pero el elemento fundamental que posibilitó el continuismo fue precisamente la desmemoria histórica, es decir, la ausencia de corrección de la historia falseada y sesgada del país, promovida por los vencedores del golpe militar de 1936 y sus herederos. La protección de la Monarquía y la presentación de la Transición como modélica jugaron un papel clave en la consolidación de esta desmemoria y en el lamentable espectáculo de personalidades protagonistas de la Transición, defendiendo a Martín Villa. Un intento de mantener la imagen supuestamente "modélica" de aquella Transición, que nos dejó una democracia muy incompleta con un bienestar muy insuficiente.
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas Universitat Pompeu Fabra