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La disociación entre la agenda de preocupaciones de los actores políticos y la agenda de preocupaciones de la ciudadanía forma parte de los tópicos habituales en la crítica al funcionamiento de las instituciones públicas. En el comienzo de esta legislatura, no obstante, esta disociación está adquiriendo carácter exagerado, incluso grotesco.
La derecha política y mediática se empeña en colocar en primer término de la actualidad política el supuesto escándalo protagonizado por el ministro de Transportes al saludar en el aeropuerto de Barajas a una mandataria extranjera en tránsito. Se han dedicado tertulias enteras y portadas varias a elucubrar sobre si el saludo fue en el avión, en su escalerilla o en la zona VIP de la terminal, sobre si duró cinco, diez o veinte minutos…
Esa misma derecha ha logrado que los medios de comunicación hablaran y escribieran profusamente sobre los procedimientos drásticos a establecer para evitar un supuesto adoctrinamiento ideológico de los escolares españoles, cuya existencia niegan los propios gestores derechistas de la educación pública.
No consiguen su propósito de opacar la gestión del Gobierno, desde luego, pero sí contribuyen con sus ruidos a crispar y deteriorar la convivencia
También se emplean grandes titulares acerca de las idas y venidas sobre los días y las horas en los que podrán tener lugar los próximos encuentros previstos entre el gobierno de España y el gobierno catalán. Las informaciones ni tan siquiera se centran ya en los contenidos de tales encuentros, sino en los cambios que se producen respecto a las agendas de unos y otros.
Podemos imaginar cuan extraños y lejanos resultan estos debates mediáticos para la gran mayoría de los españoles y las españolas, que han de afrontar cada día problemas y desafíos acuciantes en relación a sus puestos de trabajo, sus salarios, sus pensiones, sus viviendas, los estragos climáticos, etc.
En sus primeros diez días de gestión, el gobierno de España ha adoptado decisiones muy relevantes para esa agenda real: la actualización de las pensiones, el acuerdo para elevar el salario mínimo, la subida de salario de los trabajadores públicos, la declaración de emergencia climática, las ayudas a los afectados por los temporales… Incluso se ha dado a conocer públicamente una sentencia del Tribunal Constitucional que respalda las decisiones del gobierno en materia de alquileres.
En este tiempo, además, el gobierno y los grupos que lo sustentan, han anunciado medidas importantes para promulgar una nueva ley educativa, una nueva legislación contra el cambio climático, el cambio en el código penal para proteger la libertad sexual de la mujer, la derogación de la reforma laboral, el impulso al Pacto de Toledo sobre pensiones…
Sin embargo, hay una decisión evidente, y ridícula, para tratar de esconder todos estos asuntos que forman parte de la agenda real de preocupaciones de la ciudadanía española.
La disociación entre aquella agenda ficticia y esta agenda real responde a la estrategia de las derechas y sus operadores mediáticos de generar un falso clima de crispación y desgobierno coincidente con los primeros pasos del gobierno de coalición progresista.
No consiguen su propósito de opacar la gestión del Gobierno, desde luego, pero sí contribuyen con sus ruidos a crispar y deteriorar la convivencia.