![economia](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2020/03/24/2020032421164273952.jpg)
El Gobierno ya ha anunciado que propondrá al Congreso de los Diputados que se prolongue por 15 días el estado de alarma y eso quiere decir que ya sabemos con seguridad el problema económico al que se enfrenta España.
Es muy fácil de entender. Según un estudio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del año pasado, en nuestro país hay aproximadamente 2,9 millones de empresas, de las cuales:
Si no se compensa en todo o en buena parte y con dinero efectivo a las empresas, a los trabajadores autónomos y a los asalariados que ahora dejan de tener ingresos, la economía española va directa a la catástrofe
1 millón son microempresas (1-9 empleos) que ocupan en total a 3,5 millones de trabajadores.
160.000 son medianas empresas (10-49) que emplean a 3 millones de trabajadores.
26.000 son medianas empresas (50-249) que emplean a 2,5 millones de trabajadores.
Algo menos de 5.000 son grandes empresas (más de 250) que emplean a 5,6 millones de trabajadores.
Y, en total, en España hay unos 3,2 millones de personas que trabajan como autónomos
Las preguntas que hay que hacerse son elementales y creo que no hace falta tener doctorados en economía para responderlas, ni las responderán de una manera diferente quienes sean de derechas o de izquierdas, ni quienes sean ricos o pobres:
¿Cuánto pueden aguantar las microempresas, las pequeñas y medianas empresas o los autónomos cuando dejan de recibir ingresos durante cuatro semanas o más porque se paraliza su actividad para evitar la propagación del virus, o incluso las empresas más grandes?
¿Qué pasará en España si una buena parte de esos millones de trabajadores que emplean dejan de recibir sus salarios?
Las respuestas creo que son evidentes y se pueden resumir en una sola conclusión: si no se compensa en todo o en buena parte y con dinero efectivo a las empresas, a los trabajadores autónomos y a los asalariados que ahora dejan de tener ingresos mientras deben seguir haciendo frente a los pagos de su día a día, la economía española va directa a la catástrofe. Y se dispararán la pobreza y los problemas sociales de todo tipo. Se pueden hacer cálculos y poner números pero el resultado será siempre el mismo, una catástrofe.
En estos momentos, no hay otro problema económico por delante sobre la mesa y no hay otra solución que no sea garantizar ese flujo de ingresos a la totalidad de las empresas, los hogares y las personas que los pierdan como consecuencia de la cuarentena o del bloqueo productivo. Y es urgente hacerlo.
El gobierno español ya ha tomado medidas para tratar de hacerlo mediante ayudas de diferente tipo. Pero no queda más remedio que decir que son insuficientes y que no se van a dar por el camino adecuado.
– No basta con que esas ayudas sean parciales. Deben llegar a la totalidad de las empresas, trabajadores y familias que se quedan sin ingresos y de la manera más rápida.
– Es posible que para las empresas más grandes o en mejor situación económica sean suficientes los créditos con los avales anunciados, pero esa no es la situación de la inmensa mayoría de las empresas españolas que suelen estar en la cuerda floja. E igual ocurre con las familias.
La ayuda debe llegar en efectivo y no como deuda.
– Hay que tener en cuenta, además, que se trata de llevar la ayuda a todos los rincones de la geografía española, a millones de trabajadores autónomos y microempresas que en los últimos tiempos han comenzado a estar en muchos casos financieramente desatendidos.
– Las ayudas fiscales, las subvenciones finalistas, incluso los créditos para reincorporarse a los mercados y, en general, las medidas de estímulo a la economía serán necesarias más adelante pero no son lo imprescindible en este momento. Harán falta para la reactivación pero ahora se trata de no morir. Por mucho que se quiera, ahora solo se consumirán los productos básicos para los que se puede salir a la calle porque no todo el mundo usa el comercio electrónico, ni tampoco ese puede ser la solución porque la mayor parte de sus ganancias se derivan a grandes empresas que generan poco trabajo y de calidad en España.
La cuestión es muy clara: se trata de que los responsables de las empresas y los trabajadores se puedan quedar en sus casas (como es imprescindibles para frenar la propagación del virus) con la seguridad de que no van a perder ni sus negocios ni sus empleos una vez que se acabe con la epidemia.
– No vale tampoco con establecer simplemente una renta básica universal. Por muchas que sean sus ventajas en algunos aspectos, ahora no sirve: no sería suficiente en la mayoría de los casos en que se pierde el salario y sobraría en los demás y, sobre todo, no da respuesta a la otra cara del problema, la supervivencia de las miles de empresas que no pueden desarrollar su actividad.
Es difícil de calcular, pero, siguiendo la experiencia china y dependiendo de lo largo que sea el periodo de cuarentena sin ingreso, algunos economistas han estimado que una compensación total de la pérdida de ingresos podría costar entre un 7-8% y un 25% del Producto Interior Bruto, es decir, entre 85.000 y 300.000 millones de euros en España. Y una cantidad menor, lógicamente, si la compensación no cubre la totalidad de los ingresos.
Es mucho dinero y es evidente que el Estado no lo tiene disponible. Debe recurrirse a financiación externa. Lo ideal y lo lógico sería, como he explicado en otros artículos anteriores, que la proporcionara el Banco Central Europeo en cooperación con las demás instituciones de la Unión Europea. Pero los cestos tienen que hacerse con el mimbre disponible. Por tanto, y mientras Europa no rectifique, no hay otra posibilidad que actuar con independencia del BCE, aunque se deba seguir presionando para que en la Unión Europea se imponga la cordura.
En consecuencia, la única alternativa posible para evitar una catástrofe económica en nuestro país es recurrir al endeudamiento que haga falta. Sin límites.
Además de recurrir a la banca privada (ya llegará la hora de pedir cuentas a quien haya que pedírselas por el sobrecoste que eso supone) hay otras vías que se podrían explorar con urgencia. Se me ocurren tres:
– Emisión de Deuda Patriótica a largo plazo suscrita por los españoles que podamos tener una mínima capacidad de ahorro. Es verdad que pasamos una carga a las generaciones futuras, aunque en este caso por una razón de supervivencia y teniendo en cuenta que, como he escrito en un artículo algo más detallado que publicaré en los próximos días, no podremos salir bien de esta coyuntura si no ponemos las luces largas y nos replanteamos nuestro modo de vida, ofreciendo, a cambio, mejores condiciones de vida a nuestros hijos y nietos.
– Creación de un Fondo de Emergencia Solidario, una especie de crowdfunding nacional para proporcionar liquidez a las empresas que se comprometan a mantener sus puestos de trabajo, a no recurrir a paraísos fiscales y a poner en marcha lo más pronto posible estrategias de sostenibilidad y de contribución a la economía del bien común.
– La asunción de algún tipo de recorte temporal en el sueldo por parte de los empleados públicos o de cualquier otro colectivo profesional que goce de una mejor situación económica.
Para aliviar el peso de la deuda que haya que echarse encima a causa de la epidemia, también será necesario actuar en la línea anunciada por el gobierno, aunque complementando sus medidas: paralizando el pago de alquileres para quienes vean reducidos sus ingresos, tarjetas de crédito y otros gastos, quizá obligando a prorratear en el resto del contrato las cantidades postergadas, y, como se está anunciando, el de los impuestos. Y, por supuesto, tratando de recuperar en la mayor medida de lo posible y cuanto antes la ayuda que ahora se preste.
El gobierno debe tomar la decisión de proporcionar esta garantía de ingresos a empresas y familias inmediatamente y, lo que es muy importante, comunicar cuanto antes a la sociedad que va a hacerlo, para que cunda la tranquilidad y se pueda aguantar el tiempo que haga falta con la seguridad de que habrá compensación suficiente. Otros países con menos fortaleza económica que nosotros lo están haciendo y cada día que pase sin tomar esa decisión es un paso que damos hacia el abismo.
Algunos medios informan de que dentro del gobierno español hay algunos ministerios más favorables que otros a poner en marcha las medidas que impliquen incrementar el gasto y la deuda.
No sé si eso será cierto y, en todo caso, mi influencia al respecto es nula pero no puedo mantenerme callado y pido al resto de los españoles que tampoco se queden para presionar conjuntamente.
Apelo a la responsabilidad de este gobierno, a la de todos los partidos y responsables de las instituciones públicas. No pueden caer en el error de creer que esto es una situación temporal. El periodo de inactividad que ya se ha anunciado es letal con toda seguridad. Cuatro o cinco semanas de inactividad, sin ingresos, son demasiadas para docenas de miles de empresas y trabajadores. Hay que actuar con valentía y poner el dinero que haga falta en sus bolsillo sin mirar en estos momentos a cualquier otra consecuencia. Los españoles sabremos estar a la altura a la hora posterior de hacer cuentas y de asumir las medidas que sea necesario adoptar ante una calamidad como la que estamos viviendo y vamos a vivir, siempre y cuando se adopten con equidad, repartiendo las cargas conforme al sacrificio realizado y a nuestra diferente capacidad de pago. No se puede anteponer la ideología fiscal a las necesidades de sentido común de los españoles en un momento de emergencia. En estos momentos, el «santo temor al déficit» del Ministro de Hacienda y Premio Nobel de Literatura José de Echegaray puede destruir a España. Ahora que hay que tomar medidas excepcionales, el miedo al peligro, como dijo Daniel Defoe, es diez mil veces más terrible que el propio peligro. Más nos vale pasarnos que no quedarnos cortos.