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El que la democracia sea el peor sistema de gobierno exceptuando los demás, hay veces que habla muy mal de los demás. Por ejemplo, hoy.
La democracia española hace que los ciudadanos no elijamos gobernantes. Elegimos representantes y son, estos, los que eligen a los gobernantes, ya sea en los plenos municipales, en las asambleas autonómicas o en el Congreso de los Diputados. Es lo que se llama democracia representativa o indirecta.
Pero este tipo de democracia, quizás también la peor si exceptuamos el resto de los demás tipos de democracia, no debe suponer un cheque en blanco a los representantes elegidos. No. Los candidatos a ser representantes se presentan a las elecciones indicando que es lo que van a hacer luego, una vez elegidos, en términos de políticas a defender y gobernantes a los que van a elegir cuando tengan que decidirlo. El hecho de que vayan dentro de las listas de un determinado partido político, ya supone, al menos aparentemente, suficiente índice de su compromiso. Hasta aquí, todo estupendo: estamos ante el mejor contrato social posible, si exceptuamos todos los demás.
El problema aparece cuando empezamos a leer la letra pequeña del contrato. Es cuando dice que cada representante elegido es dueño del acta de concejal, o diputado, que ha obtenido con el único mérito de ir en la lista de un determinado partido político.
Expliquémoslo con crudeza: usted consigue que su nombre sea incluido en una lista electoral de un partido político. Por ejemplo, el número 6 o 7. Naturalmente, nadie hablará de usted porque nadie, excepto en su casa de usted, sabrá quién es usted, pero como va en esa lista, se supone que usted va a defender hasta el final las ideas de ese partido político.
Pero no, esa puede ser una suposición apresurada. Una vez elegido puede usted disfrutar de un puesto de trabajo de cuatro años de duración que, dado el mercado laboral en el que nos movemos, es un tiempo nada despreciable. Pero, además, y en lo que tiene que ver con las cosas que debe usted defender, no tiene tampoco de que preocuparse: es usted dueño de su propio albedrío y puede utilizarlo en función de lo que le venga en gana, que para eso es suyo.
Por ejemplo: supongamos que es usted murciano y que logró ser incorporado a la lista de Ciudadanos a la Asamblea de su región en un puesto de los de mojar. Pues bien, no hace falta que se apellide Tamayo, puede usted votar en cada momento lo que le venga mejor para su nómina mensual: hoy firma un compromiso de gobierno, mañana un voto de censura a ese gobierno y, pasado mañana, se vuelve atrás. Todo, por supuesto, a la mayor gloria del pueblo murciano aunque tenga como resultado colateral un beneficio personal perfectamente mensurable.
Pero el tema no viene de hoy. Ni siquiera Tamayo fue el primer Tamayo. Seguramente es el más conocido pero no el primero. El asunto colea desde 1981 en el Ayuntamiento de Jaén, cuando el Tribunal Supremo sentenció que las actas logradas en un proceso electoral son de carácter personal e intransferible por mucho que los votos conseguidos no sean tan personales si no procedentes de la creencia de que iban dirigidos al partido del pin que lucía usted en su solapa.
Pues bien, esta situación que puede dar lugar a situaciones que ocasionan la producción de un insoportable hedor procedente de las urnas, podría tener una solución. Sería considerar eso que se llama la realidad de la vida, es decir que, cuando alguien vota a Ciudadanos, por ejemplo, pretende que todo aquel electo de esa lista responda a lo que diga ese partido y que, si deja de hacerlo, el partido podría cambiarle por otra persona que responda al designio del voto del electorado que le eligió.
Y no hace falta ir a Harvard (ni siquiera a Jarvar de Aravaca). Basta con ver con lo que se hace en el fútbol, por ejemplo. En un partido de este deporte, todos los jugadores, o jugadoras, que llevan la camiseta del mismo color tienen la obligación ineludible de chutar hacia la misma portería y están permitidos un número de cambios durante el partido para que, si alguien se equivoca de portería, o no pone suficiente aplicación, el responsable del equipo le pueda cambiar.
Pero claro, si al compromiso se le pretende minusvalorar llamándole, despectivamente, disciplina de partido, se puede explicar porque el futbol atrae más que la política.