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La indignación de los afectados y de buena parte de la opinión publica puede acarrear un coste al gobierno, si no se comporta de manera clara y contundente. Tendría maldita gracia que esta ignominiosa sentencia la capitalizaran a la postre la extrema derecha y afines
El poder judicial ha sido protagonista de una severísima desautorización por parte del Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo, que ha considerado que la sentencia que condenó a Otegui y a otros dirigentes abertzales fue dictada por un Tribunal que no era imparcial, ya que su presidenta estaba condicionada contra Otegui. Por tanto, el juicio no fue justo. Los años pasados en la cárcel por Otegui y sus compañeros ya no hay quien se los quite. Y posiblemente ese juicio y esa sentencia dificultaron y retrasaron el avance hacia la pacificación del País Vasco.
¿Quien asume la responsabilidad de ese juicio y esa sentencia, avalados finalmente por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional? El poder judicial sale indemne de esta mala práctica judicial.
Y en relación a la revocación de la sentencia de la Sala especializada del Tribunal Supremo por parte del pleno de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, me ha recordado a las incomparables obras de teatro de Bertold Brecht, en las que ponía a caldo el funcionamiento de los gobiernos totalitarios y la connivencia entre los poderes del estado y el gran capital.
No quiero hacer demagogia con esta actuación del Tribunal Supremo, por mucho que el cuerpo me lo pida.
Siendo muy grave el fondo de este asunto en concreto, como es causar perjuicios económicos para miles de personas para evitar las consecuencias económicas para la gran banca, lo peor del caso es el precedente que ha creado.
Va a resultar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es inamovible, mientras no haya un cambio legislativo. Ni los profesores de Derecho que tuve en mi facultad en pleno franquismo, se hubieran atrevido a decir tal barbaridad. Esa congelación jurisprudencial cuestiona el papel de los recursos de casación. ¿Para qué se va a recurrir si ya hay una posición inamovible de los jueces del Supremo? ¿Para qué sirve ese principio del derecho de que las leyes se tienen que interpretar en el contexto social, económico, de costumbres y valores, que imperan en cada momento histórico? ¿Qué autonomía van a tener a partir de ahora los jueces de las salas especializadas del Supremo, para actuar en función de sus conocimientos, conciencia y experiencia, si saben que pueden ser revocadas sus sentencias por una votación en un pleno?
Es injustificable lo que acaba de suceder, agravado además por responder a la presión que sin duda se ha realizado desde el poder financiero. Y, dicho sea de paso, las inoportunas declaraciones de la Ministra de Hacienda valorando los posibles costes para la banca de las sentencias ahora revocadas, es posible que hayan dado argumentos a los 15 jueces partidarios de la revocación.
Esto no debería quedar así, el Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, tendrían que dimitir de forma inmediata. El Consejo General del Poder Judicial, controlado por la derecha judicial, debería intervenir. Y desde luego la Ministra de Justicia, muy tocada y desbordada como esta, y con una amenaza de huelga general de todo el poder judicial para dentro de unos días, debería salir de la parálisis y tomar medidas, con el pleno apoyo del Presidente del Gobierno.
La indignación de los afectados y de buena parte de la opinión publica puede acarrear un coste al gobierno, si no se comporta de manera clara y contundente. Tendría maldita gracia que esta ignominiosa sentencia la capitalizaran a la postre la extrema derecha y afines.