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A una parte importante de la ciudadanía le cuesta percibir una mejora económica que va camino de durar cinco años y que forma parte de un ciclo de expansión que continuará seguramente en los próximos trimestres
Los datos están ahí para quien quiera verlos. La economía mundial crece desde 2014 a tasas anuales ligeramente superiores al 3%. Y la eurozona, tras la segunda recesión sufrida entre 2011 y 2013, crece a una tasa media cercana al 2%, bastante aceptable y muy superior a cualquiera de las estimaciones realizadas sobre el crecimiento potencial del conjunto de países del euro. En todo el mundo, el crecimiento produce una fuerte reducción de las tasas de desempleo, que se acercan con rapidez al nivel del desempleo estructural.
Más aún, desde mediados de 2016 se ha producido una mejora clara de la economía mundial que ha hecho que todas las instituciones de análisis y prospección económica revisen al alza sus previsiones de crecimiento del producto mundial, que alcanzaría un 3,5% este año 2017 y el próximo, superando los registros del bienio anterior. Crecimiento que, previsiblemente, no será tan fuerte en las economías avanzadas ni, más concretamente, en la eurozona, donde se mantendrían en torno al 1,7% anual logrado en los últimos años. Y lo mismo, con mejores resultados, ha sucedido en la economía española, que en los dos últimos años, 2015-2016, creció más del 3% (muy por encima de Alemania, Francia o Italia) y que, previsiblemente y en vista de la mejora de la economía mundial, crecerá también a una tasa próxima al 3% en 2017 y por encima del 2% en 2018.
Pese a los datos observados y previstos, a una parte importante de la ciudadanía le cuesta percibir una mejora económica que va camino de durar cinco años y que forma parte de un ciclo de expansión que continuará seguramente en los próximos trimestres. Más aún, no resulta difícil detectar en sectores de la izquierda un sentimiento de malestar ante la recuperación económica que, espontáneamente, conduce a cuestionar los datos que la muestran y a minusvalorarla con mil y un argumentos. Hasta tal punto está asentado ese recelo que no son pocas las personas que piensan que el crecimiento es mero blanqueo estadístico o simple engañifa del Gobierno.
Sentimientos de incredulidad e inquietud que son, en gran parte, naturales. Porque al reconocer la recuperación parece que se ponen en cuestión las críticas a las políticas de austeridad y se interpreta ese reconocimiento como una forma oblicua de dar la razón a los responsables de los recortes o como una justificación de los injustos sacrificios exigidos a la ciudadanía y del mucho dolor que han provocado y que siguen produciendo en la sociedad. Incredulidad que se alimenta también de los múltiples e incuestionables datos de empobrecimiento, mantenimiento de altas tasas de desempleo, precariedad, pérdida de derechos y desigualdad. En consecuencia, se tiende a pensar que la situación económica y social se sigue degradando y existe la tentación de negar la parte de las evidencias que no entran dentro del esquema de empobrecimiento masivo, incremento de la desigualdad y crecimiento insuficiente y frágil.
¿Estaremos haciendo como el avestruz? Quizás, simplemente, esperamos que los múltiples riesgos que siguen acechando a la recuperación estallen en cualquier momento y den lugar a otra gran crisis financiera. Algo bastante improbable a corto plazo, pero no descartable. Y si, finalmente, la crisis no se hace de nuevo presente, un buen trabajo de agitación y propaganda podría permitir oscurecer indefinidamente (léase hasta las próximas elecciones) los datos de crecimiento del PIB o del empleo que no interesen. No resultará muy difícil centrar la propaganda exclusivamente en los desastres que genera un crecimiento que no es ni puede ser inclusivo porque descansa sobre una estrategia conservadora que busca mantener una presión permanente sobre los costes laborales y un recorte definitivo de una parte significativa de los bienes públicos que ofrecía el Estado antes de la crisis financiera global de 2008.
Aunque comprensibles, no comparto ninguna de esas ideas, actitudes o anhelos que empujan a observar únicamente la cruz de la realidad económica y social y no ven o tratan de ocultar la cara. Antes bien, me parece necesaria la tarea de integrar los datos de una recuperación económica real, que son indiscutibles, en una alternativa a favor del cambio algo más compleja, completa y precisa que la que en los últimos años ha predominado y siguen enarbolando las fuerzas de izquierdas.
Las líneas que siguen pretenden reflexionar sobre el crecimiento económico que se está produciendo y los prejuicios que impiden reconocerlo. Tratan también de incorporar los datos de la expansión económica que se está desarrollado delante de nuestros ojos a los argumentos, razones y propuestas favorables a un cambio progresista de carácter estructural y sostenible que ponga en primer plano los intereses de la mayoría social y, especialmente, de los sectores excluidos o en riesgo de exclusión social que necesitan ser rescatados y protegidos por las instituciones.
¿Más crecimiento?
La estrategia de austeridad tiene distintos reclamos ideológicos que permiten olvidarse del curso real que siguen los hechos, por ejemplo las bondades que genera la consolidación presupuestaria o el derroche que supone el gasto público
No se puede seguir clamando por la insuficiencia del crecimiento de la economía española, porque lejos de ser insuficiente está muy por encima del crecimiento potencial y porque los problemas de pobreza, desigualdad y precariedad tienen que ver muy poco con la insuficiencia de ese crecimiento. Antes bien son el resultado esperable de un modelo de crecimiento y especialización productiva que el PP y los grandes poderes económicos han conseguido afirmar gracias a la estrategia de austeridad y devaluación salarial que comenzó a aplicarse en 2010 por parte del Gobierno de Zapatero, se ha intensificado con Rajoy y tiene vocación de eternizarse. De ese modelo provienen el aumento de la desigualdad de rentas y patrimonios, la consolidación de bolsas de pobreza y los riesgos de exclusión social que afectan ya a las personas que consiguen empleo. Es ese modelo de crecimiento y especialización productiva el que hace compatible el impulso del PIB, la consolidación de la pobreza y la intensificación de la desigualdad.
La estrategia de austeridad tiene distintos reclamos ideológicos que permiten olvidarse del curso real que siguen los hechos, por ejemplo las bondades que genera la consolidación presupuestaria o el derroche que supone el gasto público. Pero son poco más que señuelos simplones que, en la práctica, se han concretado en un fuerte aumento de la deuda pública y en una senda de reducción del déficit público mucho más larga y sinuosa que la que proclamaban los objetivos que se aceptaban pero no se cumplían. Objetivos que, en la práctica y en el caso de España, han estado siempre muy abiertos a requerimientos políticos, fuesen citas electorales, favores a grupos empresariales cercanos o zanahorias económicas que contentasen a gobiernos autonómicos disconformes o facilitasen el apoyo de fuerzas de la oposición.
Por otro lado, lo que denominamos tan sucintamente como austeridad no es solo una estrategia para salir de la crisis, equilibrando a como dé lugar cuentas públicas y exteriores, es también y sobre todo una estrategia para modificar sustancialmente el mercado de trabajo, reducir significativamente el ámbito, alcance y calidad de los bienes públicos y proteger e incrementar las tasas de rentabilidad de las empresas. Para ello, se está construyendo un nuevo mercado de trabajo en el que se han eliminado una parte importante de las normas que suponían derechos de los trabajadores o trabas para la libre toma de decisiones empresariales. Y se aprueban medidas que facilitan la reducción de costes laborales y fiscales, se recortan bienes públicos que descargan al Estado de la responsabilidad de financiarlos o, peor aún, se transfieren a manos privadas cuando se vislumbra alguna posibilidad de rentabilidad económica. En definitiva, es una estrategia que busca el mejor acomodo posible de las empresas españolas a la consolidación de una especialización productiva poco recomendable, guiada por las fuerzas ciegas impuestas por el euro y el mercado único, en la que predominarán los sectores de servicios a las personas que requieren una mano de obra poco cualificada, barata, precaria, indefensa y resignada con su suerte.
Los mercados desregulados, la estructura de especializaciones productivas que está asentándose en la economía española y las políticas económicas que tienen como eje la austeridad pueden ser, como se está demostrando, compatibles con un crecimiento relativamente fuerte y prolongado, pero no tienen ninguna solución para buena parte de los sectores golpeados por la pobreza y la exclusión social ni pueden ofrecer los empleos dignos con salarios decentes que reclama la ciudadanía. Lo esencial de un cambio progresista no está en conseguir más crecimiento sino en modificar las prioridades, las estructuras productivas y las políticas que son necesarias para proteger y atender realmente las necesidades y reivindicaciones de la mayoría social.
No necesitábamos ni necesitamos, en consecuencia, reclamar políticas económicas que ceben aún más la demanda interna, porque en la actual coyuntura no eran ni son necesarias. Ya hay suficientes incentivos y más crecimiento de la cuenta. Y porque tales incentivos pueden tener impactos contraproducentes, tanto en el desequilibrio de las cuentas públicas y exteriores, dependiendo de la concreción de esas medidas (caso de las rebajas de impuestos), como en términos de productividad global de los factores y, por tanto, de competitividad no sustentada exclusivamente en bajos precios y costes.
Lo importante no es crecer más. Tan importante como el crecimiento es que éste sea inclusivo, se obtenga con mayor eficiencia en el consumo de materiales y energías fósiles para conseguir la reducción de las emisiones de carbono que provocan el cambio climático, responda a los requerimientos democráticos de la mayoría a favor del bienestar y la cohesión social y distribuya con justicia y equidad los costes que sean necesarios para obtenerlo y los beneficios que genera.
Causas de la recuperación económica
Toda la política económica conservadora asociada a la estrategia de austeridad y devaluación salarial se ha intensificado en tiempos de bonanza económica, desaprovechando una buena ocasión de impulsar verdaderas reformas estructurales
Las causas del crecimiento logrado a partir del último trimestre de 2013 son claras y existe un amplio consenso al identificarlas. Dos factores reforzaron fundamentalmente el crecimiento del PIB. Por un lado, la utilización de la última bala en la recamara de la política monetaria expansionista (el quantitative easing) por parte del Banco Central Europeo, anunciada a finales de 2014 y puesta en marcha en marzo de 2015. Por otro, el desplome del precio del petróleo, que de estar situado en una media mensual de 107,9 dólares el barril de Brent, en junio de 2014, pasó a 44,4 dólares, en enero de 2015. Y ahí seguía en junio de 2017 (45,2 dólares), tras múltiples altibajos en una banda que osciló entre un mínimo de 26,5 dólares el barril (media de enero de 2016) hasta un máximo de 62,2 dólares (mayo de 2015).
Gracias al quantitative easing, la crisis de la deuda soberana de la eurozona que se extendió entre 2011-2013 dejó de estar sobre el tapete de los problemas urgentes y cayeron sustancialmente los intereses a largo plazo hasta reducir a la mínima expresión las primas de riesgo. Gracias a las compras de activos que hace desde marzo de 2015 el BCE, los altos costes financieros que soportaban los Estados, familias y empresas de los países del sur de la eurozona (Grecia es un caso aparte) disminuyeron drásticamente, con un importante efecto positivo sobre la demanda interna, tanto por la vía directa de reducir los costes financieros y, por tanto, incrementar los ingresos y beneficios netos de los agentes económico como por vías indirectas, gracias a su efecto sobre la inflación, aplastándola y sosteniendo de paso las pensiones y los salarios reales, y sobre el tipo de cambio, depreciando el euro y abaratando las exportaciones.
El desplome del precio del petróleo tuvo un notable impacto positivo sobre la demanda interna y el crecimiento del PIB, tanto en los países más dependientes de la importación de petróleo, que pasaron a pagar una factura sustancialmente inferior, como en los países con mayor cuota de mercado en los países exportadores de petróleo, que vieron como sus ventas a dichos países se reducían al tener éstos que ajustar sus importaciones al menor nivel de los ingresos conseguidos por la venta del petróleo.
Son, por tanto, causas externas (no las políticas de austeridad) las que, esencialmente, han mejorado la situación cíclica de la economía de la eurozona, cebando el crecimiento efectivo del producto llevándolo muy por encima del crecimiento potencial y permitiendo reducir de forma importante el desempleo. Causas externas que, conviene no olvidar, están a punto de terminar (todo indica que a lo largo de 2018 o 2019 podrían debilitarse o, incluso, desaparecer) y ya han generado riesgos notables en forma de nuevas burbujas de algunos activos (cotizaciones de los principales índices bursátiles de acciones y, de nuevo, en el sector inmobiliario) sin conseguir reducir las muy elevadas deudas públicas.
Cabe preguntarse si hay algo más que esos vientos de cola externos y coyunturales en el caso de la economía española que, como hemos visto, ha crecido con más fuerza que las otras grandes economías de la eurozona afectadas favorablemente por los mismos factores sin lograr traducirlos en un crecimiento tan intenso. Dicho de otra forma, cabe preguntarse si en la economía española, además de los factores mencionados y del relajamiento presupuestario que se ve alentado por un largo ciclo electoral que se prolonga desde las elecciones municipales de mayo de 2015 hasta las últimas generales de junio de 2016, hay también indicios de mejoras estructurales o causas específicas relacionadas con un cambio estructural que expliquen su favorable diferencial de crecimiento. Y esa es la pregunta más peliaguda y difícil de contestar. Un interrogante a la búsqueda de respuesta que no puede ser contestado de un plumazo ni, menos aún, parapetados en prejuicios ideológicos que niegan toda opción a la compatibilidad entre políticas de austeridad y reactivación. Para intentar aportar hipótesis mínimamente sólidas haría falta más perspectiva e investigación y contar con una serie suficientemente completa de datos fiables que cubra todo el periodo de la mejoría cíclica en la que aún estamos inmersos o, por lo menos el amplio espacio temporal que va desde el cuarto trimestre de 2013 hasta el momento actual.
No obstante, algo se puede adelantar, tanto en lo que se refiere al conjunto de la eurozona como, más específicamente, a la economía española.
En la eurozona, el crecimiento del PIB no ha ocasionado ganancias de productividad ni, en consecuencia, mejores cimientos para sostenerlo cuando esos factores hayan desaparecido. Tampoco, un impulso del crecimiento potencial. La desindustrialización, con la notable excepción de Alemania, ha seguido avanzando, deformando las economías hacia actividades menos productivas. Ni siquiera el aumento de rentabilidad de las empresas ha conducido a un suplemento de la inversión productiva, que es básico para impulsar el progreso técnico y la innovación.
En el terreno institucional, aparte de documentos y declaraciones más o menos consensuados y solemnes, no se ha producido un mínimo avance en el terreno de definir las reformas necesarias para que el euro pueda superar las insuficiencias, incoherencias y debilidades que lo amenazan. La victoria de Macron ha dado algún aliento a la posibilidad de una reforma consensuada por las grandes fuerzas políticas y económicas europeas, capaz de nombrar y afrontar esos problemas institucionales y proporcionar una mínima estabilidad y capacidad de gestionar un espacio tan heterogéneo y fragmentado como la eurozona. Pero todo está congelado hasta que Merkel gane las elecciones federales del próximo 24 de septiembre y valore si tiene margen para emprender la reforma institucional de la eurozona tantas veces pospuesta, negociando con Macron su alcance, ritmo y contenidos. Otra cosa es el alcance y la eficacia que pueda tener una reforma institucional dirigida por Merkel y Macron.
El caso de la economía española es menos claro. Es verdad que las altas tasas de crecimiento se han sustentado en la proliferación de empleos precarios, de escasa capacidad para generar valor añadido y, como consecuencia, mal remunerados. Y también, que se ha seguido profundizando una especialización productiva desfavorable, por estar basada en los servicios a las personas, particularmente el turismo y, más débilmente, en el sector agroalimentario. Pero también es verdad que hay datos que muestran ciertas mejoras estructurales: crecimiento del sector manufacturero (tanto en cuanto al empleo como a la inversión o el valor añadido), que no es suficiente para recuperar los niveles previos al estallido de la crisis en 2008 y es inferior, en todo caso, al impulso del sector servicios; fuerte impulso de la rentabilidad de las empresas que se traduce en una disminución del todavía muy alto endeudamiento del sector empresarial privado y, en menor medida, en inversión modernizadora; mayor capacidad de competir y capturar mercados e inversiones extranjeras directas que las empresas francesas o italianas que producen y venden productos de similar calidad o gama.
Son mejoras estructurales débiles e insuficientes. Sin duda. Pero son mejoras estructurales que conviene tener en cuenta a la hora de analizar y formular los objetivos y las herramientas de política económica que deben formar parte del programa del cambio que proponen las fuerzas progresistas que aspiran a gobernar para poner las instituciones al servicio de la mayoría social. Son mejoras que, por otra parte, tienen como contrapartida la entronización en la eurozona de políticas insolidarias o no cooperativas que reservan a la economía española el papel de punta de lanza para que Francia e Italia realicen las reformas estructurales (así llaman a la desregulación del mercado laboral, las rebajas fiscales a las empresas y el recorte de bienes públicos) que permitan acompasar la evolución de sus costes laborales unitarios a los de la economía española, si no quieren seguir perdiendo mercados e inversiones extranjeras. De este modo, se ha pasado sin reformularlo del principio orientador de la cohesión económica, social y territorial a su contrario, la insolidaridad y la competencia entre los socios para ver quien reduce de forma más intensa los costes laborales y fiscales de las empresas y pone en mayor aprieto a sus socios. Un juego de suma negativa, porque todas las economías, salvo las de Alemania y algún otro país de su entorno, salen perdiendo (tanto en términos de empobrecimiento como de sustancia industrial) y porque, en el terreno político, tensa las relaciones sociales y los escenarios políticos nacionales con la aparición de fuerzas xenófobas y antieuropeístas que pretenden cerrar el capítulo de la unidad europea y abrir un nuevo curso marcado por un proteccionismo que trabe la inmigración y las importaciones.
Situación delicada y grave que hace urgente e imprescindible reformar las instituciones y políticas comunitarias. Situación que permite observar, con total nitidez, los estrechos lazos que vinculan los avances de un cambio progresista en el ámbito de cada Estado miembro y de las reformas institucionales de la eurozona.
Toda la política económica conservadora asociada a la estrategia de austeridad y devaluación salaria se ha intensificado en tiempos de bonanza económica, desaprovechando una buena ocasión de impulsar verdaderas reformas estructurales encaminadas a mejorar los factores en los que descansan las ganancias de productividad global de los factores productivos, la modernización del capital y una eficiencia energética que forma parte de la imprescindible transición ecológica hacia un modelo productivo y de crecimiento sostenible.
Probablemente, esas reformas estructurales e institucionales deberán llevarse a cabo en una situación económica mucho más difícil, por coincidir con el final de un ciclo de expansión, que podría arrastrarnos a una nueva recesión, la tercera. Habría tiempo para evitarlo, pero el poder, los prejuicios y la cerrazón de la derecha europea parecen demasiado firmes y fuertes.