Un año de gobierno del Partido Popular ha supuesto la emersión de un autoritarismo posdemocrático y, como consecuencia, la deriva de la crisis económica hacia una profunda crisis social, política e institucional. Es el correlato de unas políticas que se fundan en la pretendida legitimidad tecnocrática como modo de justificar que no se puede hacer otra cosa que lo que se está haciendo. Se niega la controversia restringiendo el campo de lo posible a través de la limitación de lo pensable. Un nuevo hiato histórico ya que como nos recuerda Eduardo Subirats, desde Ganivet hasta Castro o Zambrano el centro gravitatorio de la regeneración española ha sido una reforma de la inteligencia, aplazada por siglos de totalitarismo y escolástica. A partir de ahí, sólo existe el extrañamiento del debate y la responsabilidad política. Como nos recordaba Felice Mometti, el “no hay alternativa” impone un estado de sufrimiento y desesperación, de desesperanza e irracionalismo propicio para la demagogia, el odio a la alteridad y el recurso a “supremos salvadores”. Es esta falta de relato alternativo lo que produce que la sociedad esté perpleja ante su propia indefensión. El Ejecutivo de la derecha no gobierna sino que gestiona al dictado de los poderes contramayoritarios, abusando del decreto ley, obviando sistemáticamente al parlamento, desmontando las autonomías y constriñendo al poder judicial.
La crisis es una buena excusa para la refundación autoritaria del Estado. El paro es un indicador político que define las relaciones de poder de clase en un país. La transición de la dictadura a la democracia en España, esa puerta que, como en la restauración de Cánovas, era tan baja que había que doblar mucho el espinazo para entrar, perpetuó el enorme poder de las fuerzas conservadoras, lo cual explica que España haya tenido siempre en su periodo postransición un elevado desempleo y que ahora se esté acentuando con la crisis. La verdadera raison d`être del paro y de los bajos salarios es política más que económica. El enragé Roux dijo una vez que "la libertad no es más que una cáscara vacía cuando a una clase se le permite condenar a otra al hambre y no hay medidas tomadas contra ello.” En un país, por otro lado, donde existe una tasa de desempleo de casi el 26 por ciento y el 44 por ciento de los asalariados ganan menos de 1.000 euros, las tasas judiciales implantadas por la derecha suponen simplemente terminar con la tutela judicial para la mayoría de la población. Todo ello a mayor gloria de una democracia limitada que blinda los intereses minoritarios de los poderes fácticos económicos y financieros.
Ninguna medida tomada por el Gobierno conservador aminora la cruda intemperie de la crisis económica sobre amplios segmentos de la población, pero sí todos los resortes de autodefensa, derechos y libertades, de la sociedad. Hay enormes desigualdades económicas que se sustentan en la existencia de privilegios, lo que explica que buena parte de la ciudadanía tenga la percepción de que el sistema no funciona igual para todos; que hay grupos que tienen un poder económico y político irrestricto y que influyen excesivamente en decisiones colectivas que acaban orientándose a los intereses particulares y no a los generales. Se trata de una coalición formada por las grandes corporaciones, los bancos y las grandes fortunas, que reciben un trato de favor frente al ciudadano común. Ello ha contribuido a la crisis sistémica que padecemos y que abona la tesis de Acemoglu y Robinson que dice que la calidad de las instituciones determina los éxitos o los fracasos de los países.