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"Que sepan que el procedimiento administrativo sigue su curso". Es la advertencia que ha lanzado la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, sobre su amenaza con retirar a FACUA-Consumidores en Acción la condición legal de asociación de consumidores y usuarios por expresar su opinión crítica con los recortes en la educación y la sanidad públicas.
Pilar Farjas, sobre su amenaza con ilegalizar FACUA: "Que sepan que el procedimiento sigue su curso"
Farjas ha comparecido ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para informar, entre otras cuestiones, sobre la carta que envió a FACUA, en la que amenaza con ilegalizarla si mantiene su actividad crítica con los recortes, a petición de la diputada socialista Pilar Grande.
La secretaria general de Sanidad y Consumo ha dicho que FACUA se dedica a "armar bronca en los medios de comunicación" y ha insinuado que la asociación no contestó al oficio que recibió el 3 de agosto, donde la emplazaba a que en el plazo de 15 días hábiles paralizase todas sus acciones, reivindicaciones y campañas contra los recortes en la sanidad y la educación pública y eliminase todo rastro de las mismas en su web.
La secretaria general de Sanidad y Consumo ha afirmado en el Congreso que "una carta similar a la que recibió FACUA la recibieron otras asociaciones que directamente contestaron y fueron diligentes en demostrar que respondían a la finalidad que tenían".
"Es lo que uno espera de una asociación, que sea diligente no en buscar, en armar bronca en los medios de comunicación, sino en responder ante la administración y la institución que le protege, que le financia y que tiene la responsabilidad de ayudarles a relizar su tarea, a demostrar que están realizando las actuaciones respecto a la ley que las rige. Eso era de esperar en FACUA", ha dicho.
Pero lo cierto es que además de no ceder al chantaje y mantener sus campañas, FACUA remitió a Farjas, el 21 de agosto, una extensa respuesta advirtiéndole de las irregularidades que había cometido en su oficio y argumentando jurídicamente que las campañas contra los recortes no hacen otra cosa que cumplir el mandato legal que tiene encomendado de "defender los intereses legítimos de los consumidores".
FACUA, que no ha recibido ninguna información sobre el estado del expediente abierto por el Ministerio, sigue exigiendo al Gobierno que rectifique una gravísima amenaza que constituye un atentado contra libertad de expresión sin precedentes en la historia de la democracia.