Desde hace unos años estamos asistiendo a un recrudecimiento de la estrategia racista por parte de las derechas extremas. Paralelamente al incremento gradual de la inmigración, sobre todo del Sur global, en Europa y EEUU, hay un incremento reaccionario de la estigmatización de la población inmigrante. Su ofensiva discursiva, apoyada por importantes medios de comunicación y la utilización de las redes sociales, pone el acento en su criminalización, como asociación a delincuencia e inseguridad para la población nativa.
Esa falsa interpretación no está basada en hechos objetivos, por lo que se instrumentalizan, sobredimensionan y generalizan algunos acontecimientos o, bien, directamente se inventan los llamados ‘hechos alternativos’, desconectados de la realidad pero que tienen una función de crear una amenaza y un miedo entre la población autóctona y, por tanto, contribuir a su marginación, sometimiento, control disciplinario y expulsión.
Aquí voy a utilizar el máximo rigor analítico a partir de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre criminalidad -delitos y personas condenadas- referidos principalmente al origen nacional, la edad y el sexo, comparados con la composición de la población. Adelanto las conclusiones según la tabla adjunta.
Los tres indicadores principales que explican el diferente nivel de criminalidad son la nacionalidad, la edad y el sexo
Los tres indicadores principales que explican el diferente nivel de criminalidad son la nacionalidad, la edad y el sexo: la gran mayoría de personas que han cometido delitos son varones, el 80%, y mujeres solo el 20%; sobre todo, adultos jóvenes y de edad intermedia (18 a 40 años); la media de personas condenadas de nacionalidad extranjera, cada 100 habitantes, es de 1,42%, el doble que las de la población española (0,67%). No obstante, en ambos casos es una minoría evidente que no debería ser utilizada para criminalizar al conjunto de cada grupo social, sea por nacionalidad, sexo o grupo de edad.
Personas condenadas por edad y nacionalidad (total y % sobre cada población)
Aparte de su condición extranjera, con su estatus socioeconómico o étnico-nacional, hay que considerar que la población inmigrante está sobrerrepresentada en ese tramo de edad joven e intermedia -especialmente entre 15 y 39 años- mientras la población autóctona está sobrerrepresenta en el tramo de edad avanzada, de 55 años y más, que es cuando desciende la participación delictiva, tal como explico en las tablas posteriores.
Distribución de la población residente por nacionalidad y edad
En la tabla adjunta señalo la distribución de la población residente en España por nacionalidad -española, doble nacionalidad, la mayoría de origen latinoamericano, y extranjera- y por edad, con la distinción de dos tramos básicos, entre 16 y 54 años y de 55 años y más.
La población de 55 años y más es de casi diecisiete millones (16,7 millones), con una composición mayoritaria de origen español de 15,1 millones (más del 90% de esa edad y solo el 37,9% del total autóctono); mientras que de doble nacionalidad solo alcanza 0,41 millones (2,5% del total y 20,4% de su estatus nacional) y extranjera 1,2 millones (el 7,2% y el 18,3%, respectivamente). O sea, respecto de su nacionalidad el porcentaje de las personas mayores solo españolas casi duplica el de las de doble nacionalidad y origen extranjero, mientras que en relación con la población de esa edad avanzada suponen la gran mayoría de más del 90%, y las extranjeras y de doble nacionalidad menos del 10%.
La conclusión es evidente: el porcentaje del sector nativo de edad avanzada es muy superior al de origen extranjero y de doble nacionalidad, y al revés, el de edad joven e intermedia de estos últimos es muy superior al de la población autóctona.
El factor edad, aparte de la nacionalidad, es clave para explicar el distinto grado de criminalidad entre la población española y la extranjera, ya que en ese tramo de edad entre 16 y 54 años, en el que se concentra la criminalidad, el porcentaje de la población extranjera (67,8%) y la de doble nacionalidad (64,9%) supone, prácticamente, veinte puntos más que la población española (47,9%).
Dicho de otro modo, la población de origen extranjero en ese tramo de edad joven e intermedia tiene un 41,5% de mayor peso demográfico que la española. Así, el porcentaje de ese tramo de edad entre el conjunto del resto de individuos europeos es del 59,8%, entre latinoamericanos el 73,9% y en el resto de afroasiáticos, el 69,1%. O sea, considerando estos dos últimos segmentos el grueso de la inmigración ‘pobre’, la diferencia respecto de la población española es de unos veinticinco puntos, un 50% más.
El problema interpretativo que nos encontramos es sobre la vinculación de la criminalidad con la inmigración, tesis central entre las derechas y sus aparatos mediáticos. Por tanto, hay que analizar la interacción entre criminalidad (personas condenas y delitos penados) y los tres indicadores y resaltar su carácter minoritario. En la tabla adjunta se expone el mayor índice entre los grupos de edad de 18 a 40 años y el menor entre los mayores de 50 años. Pero para explicar el peso de la nacionalidad hay que valorar el impacto demográfico derivado de que la población inmigrante se concentra, precisamente, en esos primeros tramos de edad y la población española tiene un porcentaje muy superior entre los mayores de 50 años.
En todo caso, tal como avanzaba, las personas delincuentes condenadas en el último año -algo más de trescientas mil- son una minoría poblacional de cada comunidad nacional, con una media inferior al 1% (0,8%) de la población adulta; ello significa que en torno al 99,3% en el caso español y el 98,6% en el caso extranjero, no ha cometido delitos penados. Por tanto, igual que no tiene sentido acusar a todo el grupo de varones ‘activos’ -jóvenes y de edad intermedia- por la delincuencia de una minoría de su sexo y grupo de edad, tampoco se puede denunciar a toda la población inmigrante (o extranjera) de los hechos delictivos de una pequeña parte. Esa lógica de generalización criminalizadora es típica del racismo y el neofascismo, y es lo que utiliza la derecha extrema para justificar la discriminación colectiva a las personas inmigrantes.
El origen nacional extranjero o la inmigración ‘pobre’ no generan una significativa mayor criminalidad respecto de la población autóctona
Por tanto, el origen nacional extranjero o la inmigración ‘pobre’ no generan una significativa mayor criminalidad respecto de la población autóctona, y no tienen fundamento las alarmas sociales y las campañas discriminatorias y estigmatizantes antinmigración que son debidas a una determinada opción política y estratégica de las derechas extremas. Está basada en una interpretación falsa y abusiva de la realidad, es opuesta a los derechos humanos y la democracia. Debe ser respondida por la difusión de la verdad y la crítica argumentada y, al mismo tiempo, acompañadas por unas medidas de integración social y convivencia intercultural, tal como he argumentado en el reciente artículo ‘La lacra del racismo’.
Delitos y delincuentes por edad, sexo y nacionalidad
La actual población total en España es de 48,8 millones de personas -unos 40 millones adultas-, con una variación anual de menos del 1% (0,8%), aunque la población extranjera 6,6 millones (13,5%), se ha incrementado en un 4,6%. En todo caso, es conveniente advertir (con datos de 2023) que por nacimiento en el extranjero hay más de 8,2 millones de residentes (16,8%), es decir, hay más de millón y medio de personas nacidas en el extranjero y con nacionalidad española. Más tarde matizaremos la doble nacionalidad. Podemos complementar con el dato de la residencia en el extranjero de casi tres millones de nacionalidad española.
El total de personas adultas condenadas en el año 2022 -último con datos disponibles- según la tabla adjunta por edad y por nacionalidad, es de más de trescientas mil. Como se puede comprobar el mayor porcentaje corresponde a los tramos de edad de 18 a 30 años, con un 34,4% que, considerando que son trece años, es similar al tramo de diez años entre 31 a 40 años, que es el 27,1%; en el siguiente tramo entre 41 a 50 años desciende algo y, sobre todo, en el siguiente de 51 a 60 años se rebaja a casi un tercio de los dos primeros tramos, y en más de 60 años -con una supervivencia vital de más de dos décadas- apenas llega al 15%.
La conclusión es clara. La minoría delincuente se concentra entre los segmentos de edad joven e intermedia, de 18 a 50 años, en la que se produce una gran diferencia en la composición de la población española y la extranjera que explica que el factor de inmigración no es el exclusivo y decisivo para asociarlo a la delincuencia, sino que tiene un gran peso el de la edad (y el sexo).
La media de delitos registrados por 100.000 habitantes adultos es de poco más de 1.000, el 74,2% de población española y el 25,8% restante de la extranjera. Y personas condenadas suponen en torno a 750, el 74,6% y el 25,4%, respectivamente.
El porcentaje de la composición por sexo es similar entre las dos poblaciones según el origen nacional. En la edad adulta el peso extranjero femenino es del 50,02% (unos tres millones en cada sexo) y el peso en la población española el 51,13% (21,5 millones de mujeres y 20,5 de hombres). Cabe matizar que en la población extranjera hay una mayor presencia femenina entre las personas latinoamericanas y menor entre las afroasiáticas. No obstante, con datos actuales del conjunto de la población (EPA2T2024), los porcentajes de población femenina son los siguientes: española, 50,2%; doble nacionalidad, 56,2%, y extranjera 52%.
Respecto de su pertenencia nacional, del total de personas condenadas casi las tres cuartas partes son españolas y la cuarta parte restante extranjeras. Ello supone un porcentaje superior de tasa de delincuencia entre la población extranjera respecto de su peso específico en el conjunto de la población que, como hemos adelantado, es del 13,5%, pero siguiendo con la tesis inicial esos índices hay que valorarlos de acuerdo con su composición de edad, siguiendo con la siguiente tabla.
Si junto con la estadística de personas condenadas, analizamos la de delitos juzgados y condenados, ya que algunos delincuentes han cometido varias infracciones, tenemos una cifra de 0,43 millones, según la siguiente tabla. Los porcentajes son similares a los de las personas condenadas: tres cuartas partes cometidos por la población española y una cuarta parte la extranjera. Igualmente, más del 85% de los delitos han sido cometidos por personas entre 18 y 50 años, con el mayor porcentaje entre los varones jóvenes y hasta 40 años.
Como complemento expongo la siguiente tabla con la diferenciación del porcentaje del conjunto de la población extranjera respecto de la española, por tramos de edad. Está claro que hay un porcentaje similar en la edad de 0 a 14 años, aunque hay que advertir que el nivel comparativo de nacimientos actuales es muy superior entre la población extranjera -prácticamente la cuarta parte, cuando su peso demográfico es el 13,5%-. En el tramo de 40 a 64 años los índices son cercanos. La mayor diferencia se produce en el tramo de 15 a 39 años con 64 puntos más de personas extranjeras y, por el contrario, en el tramo de 65 y +, con 65 puntos menos.
Además, en ese año, los hombres han cometido 351.758 delitos condenados (82,5%) y las mujeres 74.658 (17,5%). Hay que recordar que del total de infracciones penales conocidas, según fuentes policiales, se adjudica cerca del 80% a los varones y el 20% a las mujeres, por lo que éstas disminuyen un poco su bajo nivel comparativo por sexo de delincuencia condenada. Y en relación con los delitos contra la libertad sexual, el 97,3% han sido cometidos por los varones.
Referido a los tipos más significativos de delitos de personas condenadas y por nacionalidad extranjera -el resto del porcentaje hasta 100 es de la población española- tenemos los resultados siguientes: contra la seguridad colectiva, sobre todo vial, 24,8%; contra el patrimonio y el orden socioeconómico, sobre todo hurtos, 27,5%; por lesiones, el 27,8%, y contra la libertad sexual, el 30%.
Según el INE (EPA 2T2024) en España (en viviendas familiares) hay 48,4 millones de personas, 40 millones de origen español (82,4%), o sea, con el 17,6% de origen extranjero (casi 8,5 millones). Ahí incluyo las personas con doble nacionalidad que están en un estatus intermedio pero que la mayoría, aunque tengan conseguidos los derechos jurídicos y políticos, son personas inmigrantes económicas y racializadas que se pueden asimilar al conjunto de inmigrantes extranjeros respecto del riesgo de racismo y discriminación; son cerca de 2 millones (4,1%).
Exclusivamente personas extranjeras hay cerca de 6,5 millones (13,4%), de las cuales 2,2 millones europeas (4,6%) -una parte significativa del Este, con menor desarrollo económico y, sobre todo, de Polonia, Rumanía y Ucrania-, 2,5 millones de América Latina (5,1%) y 1,8 millones de África -subsaharianas y del norte musulmán del continente- y Asia (3,7%) -sobre todo chinas y de Oriente Próximo-; además, hay muy pocas personas de EEUU y Canadá, Oceanía -Australia, asimiladas a Europa- y apátridas.
Además, según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (aportados por las Fuerzas de seguridad: Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales), el total de hechos delictivos conocidos, en el año 2023, es de casi 2,5 millones de infracciones penales, con un aumento gradual en esta década, desde 2014, de unos 0,4 millones, justo el incremento producido en las estafas informáticas, precisamente, las que están asociadas a cierto conocimiento técnico especializado. El resto de hechos delictivos ha permanecido estancada, a pesar del aumento significativo de la población, particularmente inmigrante.
La gran mayoría de hechos delictivos son contra el patrimonio (hurtos y robos) con un total de 1,85 millones, de los cuales las estafas informáticas alcanzan 0,43 millones, en un crecimiento exponencial en la última década que se ha multiplicado por 13; las infracciones contra las personas y su libertad llegan a 0,39 millones; las específicas contra la libertad sexual 0,02 millones, y el conjunto de las falsedades y contra la administración pública, la administración de justicia, el orden público, la seguridad y otras infracciones suman 0,20 millones.
Con los últimos datos del primer trimestre de 2024, comparados con los del mismo trimestre de 2023, ha habido un incremento de la criminalidad del 0,9%, poco significativo; pero, sobre todo, la cibercriminalidad (estafas informáticas) ha crecido el 13,5%. De esos 2,5 millones de infracciones, vía policial, solo han sido considerados delitos penados a través de los órganos judiciales poco más de 0,4 millones; es decir, la diferencia de más de dos millones han sido sanciones administrativas, muchas como algunas multas viales recurridas o sin aplicar.
