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La inflación devora las rentas de los españoles, pero aún sin tomar en cuenta el brutal crecimiento de la inflación, el riesgo de pobreza había crecido en España hasta alcanzar el 27´8% en 2021. Los datos provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE), en su Encuesta de Condiciones de Vida y resulta que son los menores y las personas extranjeras los que más han resultado afectados.
A nivel europeo, las tasas de pobreza se miden utilizando más indicadores que los meros ingresos económicos. La tasa AROPE intenta medir el riesgo de pobreza y exclusión social tomando en cuenta otros elementos como el empleo, o las carencias materiales y sociales de otro tipo.
Tomando en cuenta estos indicadores España ha pasado de un riesgo de pobreza del 20% en 2020 a un 20´8% en 2021, lo cual supone un agravamiento considerable de la situación en un solo año. La actual evolución de la inflación hace suponer que las tasas de riesgo de pobreza no harán más que crecer en el próximo año.
Los bajos niveles de estudios, las personas adultas solas con hijos dependientes a cargo, las personas desempleadas, o aquellas que provienen de países que no están integrados en la Unión Europea, son quienes cuentan con mayores riesgos de caer en la pobreza.
Las reformas laborales, la crisis económica y la propia pandemia nos han legado un escenario de precariedad, alta inflación y congelaciones salariales
Este último es el caso más dramático en las encuestas, puesto que la amenaza de pobreza afecta a más del 65% de estas personas extranjeras, mientras que esa misma tasa en personas de nacionalidad española se encuentra en el 23´6%. Extranjeros y jóvenes, ya lo dijimos, son los colectivos que más han visto crecer su riesgo de pobreza.
Habrá quien dude de estas cifras y estos datos. Hablo de unos cuantos privilegiados a los que les pagan por cuestionar la dramática situación que atraviesan casi una de cada tres familias españolas amenazadas por la pobreza, pero lo cierto es que los datos de pobreza son cada vez más exhaustivos y toman en cuenta numerosos factores.
Para valorar el riesgo de pobreza se toman en cuenta los ingresos familiares, claro que sí, pero también la posibilidad de tomarse vacaciones al menos una semana al año, el número de días que se puede comer carne, o pescado, la posibilidad de mantener una temperatura adecuada en la vivienda, poder tener automóvil, si pueden acometer gastos imprevistos, o hacer frente a hipotecas, alquileres, gastos de la vivienda, o compras a plazos.
Las tasas de pobreza miden también la posibilidad de renovar vestuario, muebles, comprar zapatos. Valoran si una persona, o una familia, puede mantener reuniones con amigos o familiares, pagar una conexión a internet, gastar dinero en cada uno de los miembros de la familia, o asistir a actividades de ocio.
Casi en todos y cada uno de esos elementos la situación ha empeorado, aunque los estudios indican que la pandemia ha distorsionado la percepción y todos tendemos a creer que estamos un poquito mejor que el año anterior.
Por desgracia, la situación no es igual en todas las Comunidades Autónomas. Hay Comunidades mejor situadas como Navarra, o País Vasco, y otras más amenazadas por la pobreza como Andalucía, Extremadura, Murcia, o Canarias, que mantienen los peores indicadores de ingresos, riesgo de pobreza, dificultades para llegar a fin de mes, o capacidad para hacer frente a riesgos imprevistos.
Existen unos objetivos prioritarios si queremos hacer frente a esta situación. En primer lugar contener la inflación generada por el incremento desorbitado de los beneficios empresariales. Tomar en cuenta que sólo un empleo decente y de calidad, con estabilidad y salarios dignos, puede asegurar que las familias puedan acceder a bienes y servicios esenciales.
Frente a ello, las reformas laborales del PP, la crisis económica y la propia pandemia nos han legado un escenario de precariedad, alta inflación y congelaciones salariales. Tras muchos contratos a tiempo parcial, o fijos discontinuos, se encuentran bajos salarios, condiciones leoninas y falsos contratos indefinidos.
No basta aprobar leyes para proteger a estas personas, hay que remover las tremendas dificultades que impiden corregir estas situaciones de desigualdad y de pobreza, eliminando las dificultades burocráticas y evitando las confrontaciones entre administraciones.
Nuestro país no puede mantener una política centrada en el debilitamiento del adversario y el choque de trenes, porque las tensiones se van acumulando y un otoño como el que se avecina puede ser dramático para muchas personas. Es exigible más sensatez, más acuerdo y menos demagogia para evitar que la pobreza se extienda en España.
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