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La degradación vertiginosa del Centro de Referencia Nacional Familia Profesional de Química (en adelante CNRF Cartagena) es un síntoma de la falta de previsión y abandono de la planificación y estrategia formativa de los trabajadores de Región de Murcia. Y también, una falta de visión sobre el papel estratégico que tiene la formación y cualificación en el Servicio de Empleo y Formación (SEFCARM). A su vez contrasta el silencio de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, con el gran despliegue mediático de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) y de la Federación Regional de Empresarios del Metal de la Región de Murcia (FREMM), de partidos políticos como VOX o Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), o del Ayuntamiento de Cartagena para la posible cesión de suelo municipal, para la construcción de un centro especializado de formación profesional en la Ciudad Departamental gestionado por la patronal regional del metal.
El precipitado desembarco de la FREMM, con el citado centro especializado de formación profesional, en la ciudad portuaria y las políticas seguidas del SEFCARM en materia de formación nos convoca a reflexionar en voz alta.
Para hacernos una idea de la importancia de la formación, diremos que en el año 2020, el SEFCARM gestionó en números redondos 91 millones de euros, de los cuales 42 millones fueron para formación, siendo las organizaciones que deben abanderar el cambio, la innovación y el impulso de la formación, el CNRF Cartagena y los centros integrados de formación profesional, de los que tenemos 6 en la Región, si bien dependiente del SEF solo el primero de los citados.
Con la llegada de la FREMM a Cartagena se ha tenido la tentación de convertir una parte importante del CNRF Cartagena en una extensión de la patronal empresarial, en un entorno en el que la política industrial o la planificación estratégica brilla por su ausencia y en el que al centro de referencia se le recorta progresivamente su capacidad de acción y el acceso a recursos económicos, técnicos y humanos en relación al sector químico.
No obstante, la grave crisis económica y laboral provocada por la pandemia se nos puede presentar también como una oportunidad, ya no solo por los fondos europeos que se esperan, los llamados NextGeneration, sino también para su destino y qué queremos conseguir y cambiar, en un momento en el que queda claro que la Covid19 ha visibilizado la debilidad de la res publica, no sólo regional, para cumplir con el mandato del artículo 35 de la Constitución Española, que declara que " todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”, a pesar de la intervención del Ministerio de Trabajo para mitigar la caída de las empresas y trabajadores con el desarrollo de los ERTE, frente a la anterior crisis de 2008 que fomentó el despido de las personas trabajadoras.
De igual modo, esta necesidad por parte de las empresas en implantar un centro formativo ha dejado al descubierto la débil estructura pública en materia de políticas activas de empleo, que debería dar continuidad en el tiempo a la formación continua a lo largo de la vida laboral.
Las políticas activas de empleo, que se ocupan de la inserción de las personas en el mercado de trabajo y de la formación de los que ya están en el mismo, deben desarrollarse en toda la vida laboral de la persona trabajadora, que puede iniciarse a los 16 años y finalizar a la edad forzosa de jubilación, son, en definitiva, las de cualificación, actualización y recualificación profesional de los recursos humanos de la Región de Murcia que, además, deben mantener una estrecha coordinación con la formación profesional, muy escasa actualmente, y con la de la universidad, esta última prácticamente inexistente.
Uno de los objetivos de las políticas activas de empleo es intentar corregir o paliar los problemas estructurales de las políticas económicas y educativas de este país. Y es en este punto en donde se necesita actuar enérgicamente, con un plan que vaya más allá de la legislatura parlamentaria o de las necesidades concretas de un sector en un momento dado.
Hace casi 20 años, desde prácticamente la creación mediante ley del SEFCARM, este organismo autónomo absorbió la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), más conocida como Fundación Tripartita, sin que no haya habido ningún avance para impulsar, aunar y priorizar los recursos para el empleo, menos aún una dirección “empresarial” política que establezca estrategias de futuro, incluida una ley sobre el empleo, más necesaria que nunca con la grave crisis económica, laboral y social que se vislumbra ya en horizonte de los próximos años.
Cuando pensamos en políticas activas de empleo nos viene a la mente las prestaciones y subsidios de desempleo, que son políticas pasivas que tienen como objetivo mantener y dotar de recursos económicos para su cualificación o recualificación de las personas trabajadoras, así como para acceder al mercado laboral.
Este esquema se ha implantado por los profundos cambios operados en las relaciones laborales en las empresas, que casi ha desterrado el trabajo indefinido a favor del temporal, siendo las sucesivas reformas del Estatuto de los Trabadores una prueba de ello. Esta manera reciente de relacionarnos con el trabajo, que a la vez modifica la formas de vivir y de relacionarnos colectivamente, favorece la idea de la formación continua a lo largo de la vida laboral como referente de la Unión Europea (UE), y por lo mismo de España, y que no siempre han podido cumplir los gobiernos, provocando grandes desigualdades, desde el momento que los accesos a la educación en la etapa obligatoria, a la formación especializada (Formación Profesional, formación para el empleo, másteres, cursos, etc.) siguen siendo desiguales social y geográficamente.
En Los parados de Marienthal, de Paul Lazarsfeld, Hans Zeisel y Marie Jahoda, esta última autora describió los efectos negativos del desempleo en términos de privación: de la obtención de ingresos, de una estructura temporal cognoscible (es decir qué hacer con nuestro tiempo); del establecimiento de vínculos personales y experiencias compartidas fuera de la familia, e incluso de la proposición de objetivos y propósitos que trascienden al individuo, que le sitúe en una dimensión colectiva más amplia. Además, le arrebata la posibilidad de la adscripción a un determinado estatus y una identidad social. De ahí la importancia del empleo y la de combatir por todos los medios el desempleo.
Lógicamente, uno de los problemas fundamentales es la dificultad de acceso a la educación y a los medios educativos en igualdad, dependiendo de la situación socioeconómica de las personas (¿quién afirma que las clases sociales no condicionan y etiquetan a los individuos?), que no hecho sino aumentar especialmente desde 2008. También las tasas de abandono escolar, lo que no deja de ser un fracaso clamoroso de un sistema que nos tiene que proteger.
La estructura empresarial que da trabajo en la Región de Murcia es frágil y no ha sido reformada en los últimos años a medida que todo iba a peor. Todo lo contrario: en las últimas décadas se ha potenciado una economía de muy bajo valor añadido y productividad, fundamentalmente la construcción y el turismo, con un nivel altísimo de estacionalidad. Por otro lado, la desregulación del mercado laboral no ha permitido mejorar las condiciones de vida de los jóvenes en relación a sus padres, concatenando contratos precarios que les ha impedido conseguir una remuneración suficiente, ni siquiera temporalmente, para satisfacer sus necesidades y las de su entorno familiar.
La Región de Murcia no ha superado la reconversión industrial de los noventa, y no ha llegado a transformarse en una sociedad de servicios de alta cualificación como ocurrió en su momento con el País Vasco, manteniendo una estructura económica que ha adoptado diferentes desarrollos, como el agrícola y la hostelería, con empleo altamente precarizado y formación deficiente.
Está claro que el proyecto para la actualización del CNRF Cartagena debería estar enmarcado en un proyecto global estratégico de la Región, que debe ser el de la reindustrialización sostenible y no la utilización puntual y obedeciendo a los intereses sectoriales de la FREMM.
Actualmente, el CRNF de Cartagena es un mero proveedor de formación, debiendo ser destinatario de otro mucho más ambicioso y regulado en el Real Decreto 73/2007 que lo califica como Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional Ocupacional en las áreas profesionales Análisis y Control, Proceso Químico, Farmaquímica, Pasta, Papel y Cartón y Transformación Polímeros de la familia profesional Química, y que le reservaba la función de realizar acciones de innovación y experimentación en materia de formación profesional. Sin embargo, un real decreto tan ambicioso sigue sin arrancar, al igual que la dotación al centro de los medios materiales y humanos y su estructuración en departamentos de Observación e investigación, de Desarrollo, innovación, Experimentación y Formación, que aporten recursos a los centros de formación para el empleo y de Acreditación y Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales que apoye al sector y trabajadores de la Química y Farmaquímica en su reconocimiento profesional.
El problema de fondo como siempre es que al desechar y no ir de la mano de una estrategia y apuesta por sectores de alto valor añadido, la improvisación es la norma. Como ejemplo, la queja de la FREMM (La Verdad, 5 de febrero de 2021) del abandono del sector industrial del plástico en materia formativa, siendo en realidad el CNRF de Cartagena, que prepara grandes profesionales del sector plástico e industrial y a un coste inferior a una entidad privada que ahora se quiere hacer con dichos cursos, el que ha sufrido ese abandono.
Esto da una idea de que la apuesta fundamental del SEFCARM, del que como ya hemos dicho depende el CNRF Cartagena, en materia de formación para el empleo es el sistema de entidades privadas, que en principio es más amable para una clase política que solo desea manejar recursos económicos desechando la gestión directa de los servicios por molesta y embarazosa, pero que no tiene el cometido de ser impulsor de dicha formación, sino el receptor y ejecutor de los cursos. Y que abandonando la estructura esencial como son los centros integrados de formación profesional o el CNRF de Cartagena que son los que debían de impulsar de personal cualificado junto a los graduados de formación profesional, solo nos queda estar a expensas de lo que el sector privado quiera coyunturalmente, renunciando en definitiva a un nuevo modelo productivo en consonancia con los retos de las sociedad española y murciana pospandémica. No resulta extraño que la consejería de la que depende el SEFCARM esté en manos de Ciudadanos (Cs), partido que se define como liberal, por lo menos en lo económico, y que presume de tener la misma alergia que tenía el filósofo británico Michael Oakeshott, en su Conducta humana y sociedad civil por la idea de gobierno como “asociación empresarial”.
Como conclusión, creemos que se debería reforzar, primero una estructura pública como es la del SEFCARM, reforzando sus recursos materiales, humanos y normativos, impulsando el acceso al empleo de calidad, coordinándola con una estrategia de futuro que diversifique y promueva una reindustrialización de valor añadido, que facilite el acceso al empleo de calidad, apoyando y dotando a los centros públicos de medios materiales y humanos, completando el desarrollo del Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena, como centro puntero en formación e innovación y apostando por una mayor implantación de la formación para el empleo en los Centros Integrados de Formación Profesional.