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El Consello de Contas de Galicia denunció antes de la Pandemia COVID importantes deficiencias e irregularidades en las Residencias de Mayores que ponían un riesgo para la salud de las personas usuarias de las misma
Antes del inicio de la Pandemia el Consello de Contas de Galicia denunció la situación en las residencias de mayores en Galicia que incumplían la legislación que garantiza la atención de las personas ingresadas: No respetaban los ratios de personal especialmente los de atención directa a las personas usuarias; mezclaban las funciones de las diferentes categorías profesionales; hacían un uso inadecuado de las instalaciones; incumplían los protocolos de funcionamiento; cobraban precios diferentes por plazas en los mismos centros discriminaban a las personas en función del pago que realizaban; o tenían graves deficiencias en los registros de las actividades. La ausencia de datos del Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales impedían evaluar las actividades y programas en las residencias por lo que no corregían las irregularidades detectadas por los Servicios de Inspección ni se adoptaban expedientes sancionadores.
El Estado Español fue el país europeo con más fallecidos en residencias de mayores: 20.268 (quizás lleguen a 35.000), a los que hay que añadir los 4.000 de la segunda ola y las posteriores y Galicia no le va a la zaga
La atención de las personas mayores en residencias está prácticamente privatizada
En Galicia hay 22.000 plazas residenciales de las que más de 17.000 son de titularidad privada (77 %) y solo unas 4.800 están en centros de titularidad pública, de las que 3.900 son residencias o viviendas tuteladas por el del Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar en el que participan algunos ayuntamientos. Algunas de estas están gestionadas directamente por la administración y otras concesionadas a empresas multinacionales (cómo DomusVi). Además, hay otras 800 plazas en residencias propiedad de ayuntamientos y unas 150 de diputaciones
Feijoo transfirió las Residencias de Mayores de Galicia de manos públicas a empresas multinacionales y fondos de inversión
Estas residencias en Galicia eran propiedad y estaban gestionadas por la Xunta y Caixanova (resultado de la fusión de las cajas de ahorros provinciales), tras la llegada al poder Feijóo fueron cedidas a la empresa Geriatros. El 45% de la parte de la Xunta pasó a manos de Nueva Galicia Banco (que tras su rescate cambió de nombre por Abanca en 2014), con el compromiso que las residencias seguirán siendo públicas sin presencia privada (algo claramente incumplido). Geriatros vendió posteriormente el 55% restante al fondo de Magnum Capital y a Eulen (de la que era apoderada Micaela Nuñez Feijóo, hermana del presidente). De la fusión de Geriatros con SARquavitae (propiedad del fondo británico ICG y el francés SRS vehículo de inversión de Yves Journel, una de las mayores fortunas de Francia ), surgió DomusVi que es la principal operadora de residencias con 25.000 camas y 198 centros en todo el Estado. En el negocio de las residencias hay también constructoras (ACS, Sacyr, Eulen), aseguradoras (BUPA, Santa Lucía), y algunas pocas religiosas, empresas que no tienen ninguna experiencia en el sector y que se han enriquecido gracias a los contratos con la Xuanta.
La mortalidad en las Residencias de Mayores durante la Pandemia se cebo en las residencias privadas y en las de mayor tamaño y hacinamiento
El Estado Español fue el país europeo con más fallecidos en residencias de mayores: 20.268 (quizás lleguen a 35.000), a los que hay que añadir los 4.000 de la segunda ola y las posteriores y Galicia no le va a la zaga.
La Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociales denunció que la Xunta advierte a las residencias de cuándo se harán los controles, para que puedan ocultar sus irregularidades e ilegalidades
Las principales causas de esta situación tienen que ver con:
1. La edad de las personas afectadas: En la primera ola de covid, el 86% de los fallecidos fueron personas mayores de 70 años
2. La titularidad Privada de las residencias: La incidencia da COVID en las residencias privadas fue casi el doble que en las públicas: El 94,3% de los fallecidos fueron en Residencias de titularidad privada o públicas de gestión privada (por concesión), mientras el 5,7% se produjeron en cinco geriátricos gestionados directamente por la Xunta. La mortalidad fue más elevada en las residencias de titularidad pública y gestión privada y la menor mortalidad se produjo en las residencias de gestión pública. De las 790 muerte en centros de mayores 710 fueron en las privadas y 80 en residencias de titularidad autonómica y la mitad de ellas en centros de gestión privada. La compañía que más fallecidos en las primeras oleadas fue DomusVi, con un total de 161 usuarios correspondientes con 12 residencias diferentes, seguida por la Fundación San Rosendo (del obispado de Ourense), con 106. Entre las dos sumaron el 53% del total de muertes en residencias en los nueve primeros meses de pandemia.
3. El tamaño de los centros: Las residencias de tamaño medio (entre 60 y 120 usuarios) y las más grandes (más de 120 residentes ) tuvieron el doble de incidencia que las más pequeñas (25% frente al 13%), es decir tres puntos más en la tasa de letalidad (16% frente a 13%).
4. La falta de personal sanitario: El problema fue mayor en las que carecían de personal médico o de enfermería por lo que la mayoría de las muertes se produjeron en los traslados a los hospitales. El Consello de Contas recogió que en muchas residencias las personas con COVID (y otras enfermedades) fallecieron sin atención sanitaria, aislados durante días o semanas en sus habilitaciones sin recibir cuidados paliativos o sedación. Esta violación del derecho a una muerte digna es la consecuencia del afán de obtener beneficios de las empresas concesionarias a costa de la calidad asistencial, las medidas de austeridad y los recortes tanto en Atención Primaria como en los hospitales. En muchas residencias el personal de atención directa se veía obligado a atender servicios generales y carecía de cualificación para las labores que debían realizar, mientras que médicos y enfermeros no cumplían el horario. Los bajos sueldos del personal (sometido a unas condiciones de gran precariedad) y el hacinamiento de los centros obligó al personal a atender un número muy elevado de residentes en jornadas de trabajo partidas y extenuantes.
El sistema de residencias en Galicia e caracterizaba por la falta de personal, recursos y masificación, por lo que en cuanto surgió una emergencia como la Pandemia el sistema fue incapaz de responder
El 86% de los fallecidos fueron personas mayores de 70 años y hasta la llegada de las vacunas el 41% de las muertes en Galicia se registraron en centros de mayores o de dependencia. Las residencias carecían de preparación, protocolos y planes de contingencia; no había coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y de Salud Pública (este Servicio es prácticamente inexistente, su presupuesto es raquítico y carece del personal suficiente para realizar su función). Existe, además, mucha evidencia de que se trató sistemáticamente a personas con síntomas con cócteles de hidroxicloroquina, azitromicina y antivirales desaconsejados por la OMS y por las principales revistas científicas por la falta de efectividad o los efectos secundarios especialmente para las personas frágiles.
La Xunta apenas inspecciona las Residencias:
El Consello de Contas la Xunta denunció que la Xunta fue reduciendo las inspecciones pasando de visitar del 100% al 40% en unos pocos años, y en las que se realizaban no se corrigieron las deficiencias encontradas. La Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociales denunció que la Xunta advierte a las residencias de cuándo se harán los controles (con una semana de antelación), para que puedan ocultar sus irregularidades e ilegalidades y burlar la supervisión.
La multinacional DomusVi acudió a los tribunales para impedir el acceso a la información. Sin embargo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumbó esta maniobra y la Xunta tuvo finalmente que proporcionar la información de las muertes en las residencias privadas. Por otro lado, el archivo por la Justicia de las denuncias contra DomusVi y la Xunta vuelve a poner de manifiesto la indefensión de muchas familias que durante esta crisis sanitaria perdieron a sus familiares en las residencias.
El Ministerio de Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas acordaron un nuevo modelo para acabar con esta situación:
- Los centros no podrán superar las 75 plazas residenciales en las zonas rurales o zonas escasamente pobladas; las 90 plazas en localidades o zonas de densidad intermedia y las 120 plazas cuando estén ubicados en ciudades o zonas densamente pobladas. El límite quedará fijado en 50 plazas en centros para personas con discapacidad, que convivirán un grupo reducido de menos de 15 para poder garantizar un funcionamiento tipo hogar.
- Se aumenta los ratios de personal fijando un mínimo de 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo (50% en el caso de la ayuda a domicilio).
Sin embargo Alfonso Rueda se niega a aplicar este nuevo modelo de residencias apostando por mantener residencias privadas, grandes, con menos trabajadores.
- Presentó un plan al Parlamento que establece en 150 plazas las de las residencias (30 más que las cordadas).
- Rebaja a 35 los profesionales directos por cada 100 usuarios dependientes, y a 20 para atender a los autónomos, consolidando así el viejo modelo de macro-residencias” (ahora se están anunciando la construcción nuevas residencias con más de 200 plazas y rechaza establecer las unidades de convivencia de 15 plazas como máximo).
- Por si esto fuera poco se están ingresando en las residencias de 65 años a personas con enfermedades psiquiátricas por falta de centros adecuados para ellas ( el pasado mes de diciembre eran 593), poniendo en riesgo a las personas mayores y al personal que les atiende. La llegada de los pacientes psiquiátricos a las mismas plantas, pasillos o habitaciones de ancianos dependientes con patologías propias de la edad geriátrica complica el funcionamiento de las Residencias ya que requiere conocimientos específicos y unos protocolos de actuación inexistentes.
- Mantiene la privatización dado que las dos primeras residencias (de las 7 anunciadas) donadas a la Xunta por la Fundación Amancio Ortega, de titularidad pública han salido a concurso por cinco años.
Por ultimo, y en el colmo del cinismo, avisa a las residencias las fechas de los controles que las inspeccionan.
La Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais ha denunciado recientemente que desde la Xunta se informa a las residencias que van a ser inspeccionadas para poder tapar irregularidades e ilegalidades y burlar el sistema de supervisión. La Xunta en lugar de atender esta denuncia amenaza con sanciones a la Asociación de Inspectores.
Manuel Martín | Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y Portavoz de la Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia
