viernes. 06.09.2024
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Un diputado levanta un dedo en el pleno del Congreso para indicar a su grupo que el voto es afirmativo.

Tradicionalmente, el inicio del curso escolar se interpreta como el comienzo de un nuevo curso político y es costumbre caracterizar el período que llega hasta las vacaciones navideñas. Es fácil caracterizar el período actual como un tiempo incierto. Es como si se abriera un tiempo de espera hasta el gran acontecimiento de las elecciones en EEUU. El resultado de las elecciones norteamericanas influirá en gran manera en la política europea y, desde luego, en la española. Pero hay otros factores que avalan la caracterización de incertidumbre que se atribuye a este tiempo.

Tras las elecciones catalanas, Puigdemont planteó al PSOE que el PSC facilitara su investidura a cambio de dar apoyo al gobierno de Sánchez. Hay quien daba por hecho el trato porque, según su parecer, Sánchez haría cualquier cosa con tal de seguir en la Moncloa y asegurarse los 7 votos de Junts para el resto de la legislatura parecía un buen negocio desde el punto de vista de la estabilidad del Gobierno de coalición.

Es fácil de ver por qué Sánchez no aceptó un trato tan aparentemente favorable. El PSC, que había ganado las elecciones por segunda vez, quedaría frustrado y a sus electores se les transmitiría el mensaje letal de que votar al PSC no sirve para nada. Además, restituir a Puigdemont la presidencia de la Generalitat sería completamente contradictorio con la idea de que el procés ha terminado, idea central en la estrategia del PSOE. Finalmente, entregar la presidencia de la Generalitat a Puigdemont hubiera suministrado a las derechas munición de grueso calibre contra el Gobierno.

Una vez concluido el procés, Junts debe decidir si es una fuerza disruptiva o si recupera un papel similar al que jugó CiU en su tiempo

Junts no ha tardado mucho en hacer efectiva su amenaza de votar contra el Gobierno, como hemos visto en la Diputación Permanente. El Gobierno ha tomado nota y admite que no habrá presupuestos para 2025, anunciando que trabaja ya en una prórroga. En todo caso, habrá que esperar a que se celebre el Congreso de Junts en otoño para saber qué posición adoptará este partido. Una vez concluido el procés, Junts debe decidir si es una fuerza disruptiva o si recupera un papel similar al que jugó CiU en su tiempo.

La gobernabilidad se complica no solo por la posición de Junts. Tampoco parecen seguros los 4 votos de Podemos. Según Belarra éste gobierno no es progresista, como sí lo era el de la Legislatura pasada. Al parecer, el ser o no ser progresista depende de si Podemos esté o no esté en el Gobierno y no de las políticas que se hagan. Así que, a priori, el gobierno no puede contar con esos cuatro votos.

Añadamos a esto la posición de Ábalos quien, tras la auditoría realizada en su ministerio, anuncia que se replanteará su apoyo al gobierno.

La verdad es que la mayoría de diputados que votó a favor de la investidura nunca ha querido formar un bloque. La novedad, pues, no es que el “bloque de la investidura” se desmorone. La novedad es el paso a la oposición o al menos el no apoyo al gobierno de los 7 de Junts, los 4 de Podemos y 1 ex-PSOE. En esas circunstancias, aprobar leyes en el Congreso resulta bastante difícil. El Gobierno ha tomado nota de eso y prepara la prórroga presupuestaria, ante la evidente imposibilidad de sacar adelante la Ley de Presupuestos.

La ventaja que tiene el Gobierno es que resulta muy improbable que Feijóo logre armar una mayoría para hacerle una moción de censura. Pero es claro que pocas leyes podrán aprobarse durante los próximos meses. Lo cual no quiere decir que no se pueda gobernar. Gobernar con presupuestos prorrogados ha sido bastante corriente en muchas CCAA y en el Estado. Y es lo que tiene que hacer el Gobierno porque su baza más importante es capitalizar la bonanza económica que es cada día más evidente. Mientras tanto, el Gobierno no hará otra cosa que capear los temporales que se le presenten como es el repunte de la inmigración, sin pretender dar una solución a un problema que no la tiene.

El debate político de este arranque de curso va a venir dominado por el asunto de la financiación singular para Cataluña y sus posibles consecuencias.

El acuerdo PSC–ERC ha tenido una utilidad inmediata: conseguir que las bases de ERC voten a favor de investir a Illa. La financiación singular para Cataluña no es algo que estuviera en el programa electoral del PSC ni en los planes del Gobierno, que hasta dos días antes negaba cualquier posibilidad a esta propuesta que ya tiene un largo recorrido en el nacionalismo catalán.

Lo más importante del acuerdo, dejando a un lado la insufrible retórica nacionalista, es que ERC se inclina por una alianza con el PSC en lugar de la alianza con Junts que ha sido la alianza existente durante la década del procés. No es pequeña cosa. Para ser exactos algo así como la mitad de ERC está por la alianza de izquierdas y la otra mitad por la alianza de los independentistas. La votación entre los afiliados de ERC ha sido tan ajustada que hace incierto el resultado de su próximo Congreso y, por tanto, la política de alianzas que prevalecerá.

La financiación singular para Cataluña abre un primer debate: ¿Cómo afectaría esto al resto de CCAA de régimen común?

La financiación singular para Cataluña abre un primer debate: ¿Cómo afectaría esto al resto de CCAA de régimen común? La pregunta no tiene respuesta hasta que no se concreten dos elementos, a saber, qué parte de los impuestos pagados en Cataluña corresponden al Estado y cuál va a ser la transferencia de solidaridad que Cataluña aporta al resto de CC AA. Estas variables, en su caso, deberían ser objeto de una negociación nada fácil.

La vida nos ha enseñado que, en política, lo importante no son los contenidos sino el relato, y lo grave del asunto es que aquí el relato lo ha escrito ERC y figura en el texto del acuerdo. Es un relato que sirvió para convencer a las bases de ERC, pero que hace indefendible el acuerdo fuera de Cataluña. Esa es la razón de que el Gobierno no haya salido a explicar el acuerdo. Porque salir con lo de que es bueno para Cataluña y bueno para España es lo mismo que no decir nada.

Illa entiende que es un acuerdo que apunta a pasar de un Estado Autonómico a un Estado Federal plurinacional. No es grano de anís el tránsito y, sobre todo, eso tiene un trámite. Ignoro si Illa ha tenido en cuenta el berenjenal que es hoy la política española. Supongo que sí y que nos está hablando de un proyecto a largo plazo. Me parece que esta cuestión va  a ser central en el próximo Congreso del PSOE. Y aquí expreso mi preocupación.

En los tiempos que vivimos el elemento político principal es el ascenso de la extrema derecha en Europa y en todas partes

En los tiempos que vivimos el elemento político principal es el ascenso de la extrema derecha en Europa y en todas partes. El ultraliberalismo es una de las respuestas posibles al fracaso del neoliberalismo. La otra respuesta se está definiendo a retazos, aquí y allá, y debería concluir en una nueva política económica europea. Y eso es lo que debería ocupar el centro del debate de la izquierda. Si lo que colocamos en el centro de nuestro debate son las cuestiones territoriales, que, por cierto, no figuran entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, compramos muchas papeletas para sufrir un revés.

El vacío de relato está siendo ocupado por las derechas y corremos el riesgo de que, como ha ocurrido otras veces, coloquen su relato en la opinión pública ante la falta de relato alternativo. El relato de la derecha busca fomentar el agravio comparativo que es un producto que trabajan muy bien. Poco importa que se busque el agravio con datos falsos o inexistentes porque si no hay un relato contrapuesto puede que obtengan réditos. Por el momento, desde la izquierda se transmite lo que en los toros llaman división de opiniones. 

A corto plazo la financiación singular para Cataluña sólo tiene viabilidad si es en el marco de una reforma del sistema de financiación de las CCAA. De lo contrario podemos estar ante un acuerdo de imposible cumplimiento porque es evidente de toda evidencia que ni hartos de vino se pueden reunir hoy los votos necesarios para las reformas legales necesarias para acomodar el acuerdo en la legalidad vigente. De eso parece haberse dado cuenta la Ministra Montero, que por cierto tiene un trabajo hercúleo por delante. Suerte.

 

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Un curso político incierto