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Que el presidente del Gobierno haya comenzado el curso político con un viaje a uno de los centros de gravedad más candentes y problemático del origen de la inmigración que recibe España es doblemente simbólico.
Por un lado -y diga lo que diga el PP y su portavoz, Tellado, que demuestra cada día que necesita un logopeda, y quizá hasta unas clases particulares de secundaria-, porque afronta de manera directa un problema que se convierte en acuciante. Y lo afronta de manera estratégica, yendo al origen y tratando de establecer líneas de futuro. Y por otro, porque coloca el problema de la inmigración no en el terreno de los discursos ideológicos ni de los casi siempre incumplidos programas políticos, sino en el terreno de la realidad y de la gestión concreta.
El momento en el que se retoma la acción política, tras el verano, presenta determinadas incertidumbres sobre las que no convendría instalarse
Por otra parte, el momento en el que se retoma la acción política, tras el verano, presenta determinadas incertidumbres sobre las que no convendría instalarse. Creo que este verano, por un lado, se ha culminado un proceso de normalización de Cataluña y de su encaje en España, y por otro (y fruto de esa culminación) se abre una etapa en la que hay que desarrollar ese proceso con la mayor eficiencia y firmeza, y sorteando con finura y con muchas concreciones las consecuencias que tal proceso acarrea. Me refiero al desconcierto y desbarajuste del independentismo de Puigdemont y sus seguidores, y a los vaivenes que ese desbarajuste produce en el ámbito de ERC.
Esos desbarajustes y vaivenes van a generar traumas parlamentarios, de forma que la actividad del Congreso de los Diputados se verá mermada y hasta dañada, debido a las venganzas mezquinas del independentismo inconsistente de los exiguos restos de lo que fue Convergencia, representados por Puigdemont. Pero el daño y la merma, en contra de lo que muchos opinadores vaticinan, no tiene por qué suponer el fin de lo que fue el pacto de investidura. Un pacto cuyo objetivo era formar gobierno: y el gobierno está formado. Y en el único terreno en el que se puede ver afectado es en que va a producir menos leyes. Pero gobernar no consiste solamente en hacer leyes. Gobernar es gestionar. Por eso es un buen símbolo el viaje africano de Pedro Sánchez. Porque asume las riendas de la gestión.
No obstante, no debemos echar las campanas al vuelo. Gestionar no es sólo decir que se va a hacer una cosa. Algunos estamos hartos de oír hablar de la llamada “operación Campamento” para vivienda social, sin ver cómo se ponen los ladrillos. Gestionar es poner manos a la obra y hacer que la Administración funcione y dé resultados. Lo que el presidente de Gobierno ha planteado en los países visitados requiere que los consulados, y que los organismos de la Administración de los que depende poner en práctica esos planteamientos. Lo cual requiere dedicar -aquí y allí- personal cualificado y concienciado; establecer controles para ver el rendimiento: poner medios, en definitiva, y dar cuenta periódicamente del trabajo realizado. Lo cual no es imposible, pero hay que hacerlo.
El Gobierno tiene varios campos prioritarios en los que no necesita una ley para realizar una buena gestión, incluso con los presupuestos prorrogados
Si Puigdemont, o quien sea, quiere poner palos en las ruedas para el funcionamiento del Congreso de los Diputados, el Gobierno tiene varios campos prioritarios en los que no necesita una ley para realizar una buena gestión, incluso con los presupuestos prorrogados. Se me ocurren cuatro para los que -aunque en algunos casos el resquicio legal sea estrecho- puede, y necesita trabajar intensamente, aprovechando la normativa vigente y los recursos: la Inmigración, la Vivienda Social, la Sequía que amenaza a nuestro país, y el inmenso problema de la Despoblación. Y un quinto, que es necesario para que los otros cuatro se puedan llevar a cabo: el control de la eficacia y la puesta a punto de los diferentes organismos de la Administración.
En el terreno de la Inmigración bien está prevenir el futuro con esos contratos en origen. Pero sería poco realista realizar ese esfuerzo sin afrontar la realidad de que hay más de medio millón de inmigrantes prácticamente arraigados en nuestro país, aunque sea en situación precaria, que están ya realizando trabajos que los nacionales no quieren realizar. Y existen mecanismos y resquicios -con un trabajo intenso y eficiente, eso sí- para ir regularizando esas situaciones y disolver, con un incremento importante de las cotizaciones a la Seguridad Social y de pago de tributos, esa bola de personas que viven en la incertidumbre y en el malestar, y que, a su vez, sirven para que haya una gente malnacida que esté intentando generar malestar a su costa al resto de ciudadanos.
¿Qué decir de la Vivienda? Es cuestión de que el Gobierno trace planes para movilizar actuaciones en el terreno de promover viviendas en alquiler social asequible, de la mano de los ayuntamientos, que tienen competencias para promover vivienda social y para rehabilitar edificaciones: en el rural gallego, por ejemplo, la media de las viviendas vacías en los municipios del interior está entre el 35% y el 75%. Viviendas que se deben rehabilitar, porque son un bien de interés social, señalado por la Constitución, que además da a los poderes públicos el mandato de poner los medios para que los ciudadanos puedan acceder a ese derecho que les reconoce a una vivienda digna.
La despoblación del rural en España es una catástrofe que cada vez nos amenaza más de cerca con unas consecuencias nefastas
La despoblación del rural en España es una catástrofe que cada vez nos amenaza más de cerca con unas consecuencias nefastas. Porque se están abandonando recursos que pueden generar riqueza, y empleo, y pobladores. Y porque cada vez ensancha más una brecha injusta que deja postergados a sus habitantes, cada vez en peores condiciones. Habitantes a los que se les exigen las mismas obligaciones proporcionales a la hora de pagar impuestos, o de cotizar, pero se les devuelven menos y peores servicios como contrapartida.
La sequía requiere actuaciones públicas de envergadura, que optimicen el aprovechamiento de las aguas, que anticipe las previsiones meteorológicas, que articule un plan de abastecimiento, incluido un plan de desaladoras si es preciso, y que nos ponga en la línea de afrontar el cambio climático de un modo incluso defensivo, como una manera de seguir modernizando nuestro país, y de situarlo en la línea de jugar seriamente la baza de la biodiversidad.
Todo ello puede a la vez convertirse en una prueba de fuego y resistencia de nuestra propia Administración, que sirva tanto para ponerla a punto, que le hace mucha falta, como para preparar una reforma a fondo, de manera que sirva para convertirnos en el país moderno y eficaz que nos merecemos.
No quiere decir que abandone el campo de generar leyes, de negociarlas con los diferentes grupos, y de hacer pedagogía con los ciudadanos sobre la conveniencia de las mismas.
Por otra parte, lo mismo que el PSOE se ha visto obligado a negociar y pactar con diferentes grupos para sacar adelante un Gobierno de progreso, ha llegado el momento -que nunca debió abandonarse- de la participación de los ciudadanos. Tanto el PSOE como el propio Gobierno han de abrir un diálogo constante con los diferentes movimientos ciudadanos para que esa gestión que reclamamos se realice lo más ajustada posible a las necesidades de la sociedad. Llega la hora de la participación, que será pedagógica para el Gobierno, y que será pedagógica para los ciudadanos.
Llega la hora de la participación, que será pedagógica para el Gobierno, y que será pedagógica para los ciudadanos
Es más: habrá leyes que el Gobierno por sí mismo no podrá sacar adelante, pero que pueden ser objeto de una Iniciativa Legislativa Popular, que puede movilizar a muchos sectores de ciudadanos para apoyar alternativas necesarias. Movilizaciones ante las que algunos grupos políticos tendrán que responder favorablemente, para no exponerse a salir ante las exigencias ciudadanas en el lado malo de la foto.
Todo ello sería convertir la legislatura actual en una Legislatura innovadora: la Legislatura de la Gestión y de la Participación. Que servirá para que todo lo que se ha realizado en las anteriores legislaturas de progreso llegue realmente hasta el último ciudadano, se combata seriamente la marginación, y los miembros de nuestra sociedad se sientan realmente protagonistas de nuestro destino.