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La economía del país marcha muy bien, el desempleo ha bajado a cifras históricas, crece de forma extraordinaria el número de afiliados a la Seguridad Social, se exporta más, hay más dinero para consumir, el crecimiento económico nos pone a la cabeza del mundo junto con EEUU, superando a las economías europeas. Por eso la derecha está en otras cosas, bulos, insultos, bronca y ruido, mucho ruido, utilizando todo lo que puede, el asunto identitario, la emigración y la inestimable colaboración de algunos jueces afines, con el objetivo de desacreditar los avances reales que se están produciendo en materia económica y de bienestar.
Sin embargo, pese a ese evidente avance en el campo económico, falta por resolver un problema preocupante, especialmente para los jóvenes, y es la falta de vivienda y como consecuencia el encarecimiento de la existente, con unos precios de alquiler imposibles. El artículo 47 de la Constitución dice: “Todos los españoles tienen el derecho de disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…” ya sabemos que las normas constitucionales señalan principios que después hay que desarrollar, pero en este asunto tan vital no se ha actuado como sería necesario. En mayo del pasado año se aprobó la primera Ley de Vivienda después de 48 años de aprobada la Carta Magna. Esta Ley contempla, entre otras medidas, la ampliación de la reserva de suelo para VPO, la prohibición de la venta de los parque públicos de viviendas a fondos de inversión (como hizo la Comunidad de Madrid) y regula las subidas de los precios del alquiler. Naturalmente las derechas votaron en contra. Una Ley necesaria para acometer la solución de este grave problema, pero insuficiente sin una agresiva política de construcción de vivienda social por parte de las CC.AA. que dé respuesta a la enorme demanda existente.
El problema se agrava más debido a que los propietarios de pisos en alquiler, muchos son bancos y fondos de inversión – Caixabank y Blacktone a la cabeza-, se están pasando a la modalidad de pisos turísticos porque dejan aún más beneficios. Son sorprendentes las cifras que daba Cordópolis: en Córdoba de enero a marzo 219 viviendas se han pasado al alquiler turístico, 19 nuevos pisos por semana. En total hay ya 2.654 pisos en este régimen. Estas cifras se ven aumentadas por los que actúan sin licencia. En los últimos diez años los viajeros alojados en pisos turísticos han aumentado ¡un 218%!
Decía el cineasta Ken Loach que “la esperanza es una cuestión política, cuando la gente la pierde vota fascismo”
Son los nuevos tiempos: más que nunca todo está en función del mercado. En Salamanca han cerrado una librería histórica para hacer pisos turísticos. Todo se mide por el dinero que genera el turismo, pero no se quiere mirar hacia los problemas que crea, el más grave es el que sustrae la posibilidad de que los jóvenes puedan planificar su futuro. Es denigrante que muchos jóvenes no se puedan independizar de sus padres o tengan que malvivir en pisos compartidos sin un horizonte de esperanza que pueda cambiar su situación. Las últimas generaciones han nacido con la democracia y han crecido en familias que han prosperado, pero el futuro al que se enfrentan no solo no les permite prosperar sino que se ven abocados a vivir en condiciones peores de las que vivieron sus padres, en muchos casos ni siquiera pueden independizarse y tener una familia. Decía el cineasta Ken Loach que “la esperanza es una cuestión política, cuando la gente la pierde vota fascismo”. En España el 26% de los jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y los 24 años apoyarían una dictadura, según un sondeo de 40DB para el País y la SER, el mismo sector vota a VOX en un 17,5%, es la formación política que presenta un electorado más joven. Son realidades que deben encender las alarmas a todos los demócratas y exigir a los responsables de la instituciones que se tomen muy en serio este problema. También es necesario una regulación eficaz de los pisos turísticos y limitar su proliferación por las nefastas consecuencias que tienen además en los cascos de la ciudades históricas.
No conocemos cuáles son las propuestas de las derechas para solucionar este problema, salvo que han mostrado su preocupación por las actividades de los okupas. No se les ha ocurrido pensar que este fenómeno es principalmente consecuencia de la falta de viviendas asequibles a las posibilidades económicas de los jóvenes. Fomentar el miedo de la población a que invadan su vivienda no es la manera de resolver el problema.
A esta angustia de muchos jóvenes que no pueden planificar su vida hay que abrirle un horizonte de esperanza y esto solo se consigue si la Junta de Andalucía pone el derecho a la vivienda en el primer lugar de la actuación política, pero dado que el PP ha demostrado una aversión hacía lo público y una predilección por lo privado, se hace difícil creer que esté dispuesto a resolver esta situación.