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De todos es sabido que la justicia y sus órganos deberían actuar de manera imparcial, igual para todos y, sobre todo, ser independientes. Pero por desgracia, y viendo sus últimas actuaciones y resoluciones, la justicia española se está caracterizando por su anti democrática parcialidad y falta de independencia, lo que la está convirtiendo en otro partido político al servicio de unos determinados intereses e ideologías. Es decir, está tomando posturas políticas en vez de impartir y ser una justicia imparcial. Sus resoluciones, una y otra vez, defienden a los que más tienen y a los que son afines a sus postulados conservadores en perjuicio de los que adolecen de recursos y contrarios a sus principios ideológicos. Con sus argumentaciones falaces y a veces insensatas, ponen sus intereses ideológicos políticos frente a la sensatez y la racionalidad. Y, ante todo, demuestran que se están tomando posturas políticas extremas y con cierto sesgo de radicalidad conservadora más acorde con otras épocas pasadas de cierto cariz dictatorial, y más cuando toman resoluciones de archivar causas que claramente demuestran xenofobia, ataques a la igualdad y la convivencia, con la excusa de una falsa libertad de expresión.
La no renovación, por ahora, aunque existe un preacuerdo, por intereses políticos, por la negativa fundamentalmente de la derecha y la ultraderecha acompañada por los falsos liberales, pese a ser este hecho inconstitucional, de órganos judiciales importantes, no está ayudando en nada a que la justicia española esté cada día menos politizada. Por ello no se comprende cómo teniendo la izquierda mayoría parlamentaria, estos órganos continúen teniendo mayoría conservadora. Solo se entiende por la negatividad de la derecha más retrógrada y conservadora para así poder continuar teniendo una justicia que les valide sus prevaricaciones, oculte sus “fechorías”, sus corrupciones y facilite la crispación sirviéndoles esto, a la vez, como elemento de ataque para golpear al Gobierno.
No se puede entender cómo partidos que enarbolan y se definen como constitucionalistas no la respeten e incluso realicen un “golpe de Estado constitucional” negándose a su renovación o poniendo líneas rojas antidemocráticas e ilegales, como negar la mayoría de izquierdas que hay en el parlamento, refrendado por unas elecciones democráticas libres y legales. Con ello demuestran estos partidos que, como otras veces, no aceptan los resultados electorales si no les son favorables y quieren una justicia dependiente y politizada al servicio de sus intereses.
Pero si un hecho demuestra, además, que la justicia últimamente no es igualitaria para toda la ciudadanía, ni imparcial, y que es más una justicia política, es la actuación de determinados jueces y organismos judiciales argumentando decisiones irracionales, como considerar ilegal el toque de alarma o declarar como nulas medidas propuestas para paliar la trasmisión de la pandemia, el asunto de la mujer del Presidente, la absolución del ultraderechista que “atentó” a la familia de Pablo Iglesias e Irene Montero, las resoluciones irracionales interpretativas sobre la anmistia e insensateces como las actuaciones ante temas de prevaricación, corrupción de determinados partidos políticos y algunos de sus dirigentes, e incluso apoyar amnistías fiscales y condenar indultos legales o no permitir la transparencia de determinados órganos institucionales o de la Casa Real. O lo peor: poner en duda leyes que igualan a la ciudadanía y ponen en valor derechos fundamentales. Y hasta se permiten reescribir la historia y no condenan el genocidio franquista y permiten, por una absurda e irracional resolución, que existan fundaciones, asociaciones o partidos que ensalzan el fascismo dando alas a que puedan continuar “delinquiendo” provocando crispación y aumento del odio.
En resumen, la justicia no puede ser un partido político, y menos sus resoluciones. Debe ser imparcial, justa e igualitaria, solo así la democracia y sus valores pueden pervivir y ensalzarse. Lo contrario es una justicia al servicio de determinados intereses. Nuestra democracia no se merece una justicia politizada, necesita de una justicia libre de política y sin sesgos de ningún cariz político, independiente , justa y que no erosione las libertades y derechos conseguidos con nuestra democracia y sus valores.
