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Si hacía falta alguna prueba del apetito de la judicatura española por el lawfare, la acaban de proporcionar dos clips de vídeo/audio en Internet. El primero es un extracto de una conversación telefónica de Joaquín Aguirre, juez del juzgado de instrucción número 1 en Barcelona. En ella, el juez se ufana: "Yo tumbé la ley de amnistía, claro, fui yo. Y al Gobierno le quedan dos 'telediarios'. Sí, dos. Alguien tenía que tomar partido, y ése fui yo". Aguirre se había inventado la "pista rusa": Supuestas negociaciones secretas entre Carles Puigdemont, ex-presidente de Cataluña, y Rusia.Si hiciera falta, la ayuda militar vendría de allí tras una declaración de independencia. Para los abogados de Puigdemont, las declaraciones de Aguirre son una "prevaricación anunciada". Solicitaron al Tribunal Supremo de Cataluña la suspensión del magistrado. La decisión está pendiente.
La investigación de Aguirre, que duró meses, quedó en nada, hasta tal punto que la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó archivar la investigación. En lugar de cumplir esta orden, el juez prorrogó sus "pesquisas" por seis meses más. Desde entonces, ha hablado públicamente de su intención de juzgar a Puigdemont por "alta traición". ¿Y qué pretendía decir con los "dos telediarios" que le quedaban al Gobierno de centro-izquierda de Pedro Sánchez en Madrid? Aguirre se refirió a una entrevista breve en el telediario, 'agesthemen' de la televisión pública alemana ARD de la que a partir de entonces presume. Esto nos lleva al segundo videoclip, un extracto de esta entrevista dada a ARD el 30 de enero. El juez dice: "Se trata de la influencia directa rusa en el proceso de independencia de Cataluña: se apoyó la independencia con el objetivo de desestabilizar primero la democracia española y abrir así una puerta trasera para infiltrarse en todas las democracias liberales de Europa occidental.": El fanfarroneo político de un juez español que se cree famoso tras su breve aparición en la televisión alemana.
Hasta ahora, el Gobierno español ha sobrevivido más de dos telediarios, pero ahora su posible golpe mortal viene de otra dirección. Anticipándose a la "lawfare", la ley de amnistía había especificado que la "malversación" de fondos públicos quedaría cubierta por la amnistía, a menos que alguien se hubiera enriquecido personalmente. En junio la Junta de Fiscales decidió por mayoría que la "malversación" de la que se acusaba a Puigdemont estaba cubierta por la amnistía. Pero el Tribunal Supremo no dejó que eso le afectara. Pablo Llarena, uno de los comandantes del "lawfare" - frustrado durante años por sus infructuosas órdenes europeas de detención contra Puigdemont (una fue anulada por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein en 2018) - pasó del papel de juez al de vengador. Solicitó que se mantuviera la orden de detención por "malversación" pese a la amnistía. La sala de lo penal del Tribunal Supremo de Madrid responsable del juicio contra los "separatistas" catalanes le dio la razón. Para no poner en peligro su decisión, al mismo tiempo, se negó a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclarara previamente las cuestiones jurídicas asociadas a la amnistía. En resumen, el poder judicial simplemente anuló una ley aprobada por el poder legislativo con mayoría absoluta. La única opción que queda en caso de que Puigdemont sea condenado sería llevar el desempoderamiento de la legislativa ante el Tribunal Constitucional español. Aunque allí ya no rige una mayoría de derechas, este procedimiento podría durar años.
"Toga Nostra"
¿Cómo era posible eso, si el mismo tribunal había negado previamente que se hubiera pagado dinero alguno a Puigdemont personalmente, el único delito no cubierto por la amnistía. Sin embargo, siempre hay un arma secreta en el arsenal de los experimentados guerreros del "lawfare". O un truco: aunque los jueces reconocen que Puigdemont no puso dinero en su bolsillo, sí financió el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 con fondos públicos y no con su propio dinero. Desde entonces Puigdemont llama, y con acierto, "Toga Nostra" al Tribunal Supremo, en alusión a la "Cosa Nostra" siciliana.
Las consecuencias para la política española aún no son previsibles. La condición de Puigdemont para facilitar la investidura del presidente Pedro Sánchez y para apoyar a su Gobierno era su amnistía y su vuelta a la política española. Ahora ya no está a la vista el fin de su exilio, salvo que viaje a España y se deje detener. A sus socios, como su ex-vicepresidente Oriol Junqueras de Izquierda Republicana (ERC), también se les ha negado la rehabilitación definitiva y el derecho a presentarse a cargos políticos. En resumen, los jueces probablemente han conseguido lo que varias elecciones no han logrado: han dado el golpe de gracia a un cambio político precavido en España. En otras palabras, han despejado el camino a la derecha y a los fascistas.
