![](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2011/12/21/2011122121274827568.jpg)
“Cualquier modificación legal que se pretenda realizar para que se acuerde un aforamiento a favor del rey tras su abdicación no puede ser utilizada para legitimar y acelerar una reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial”. Así lo advierten jueces progresistas y conservadores en un comunicado remitido a los medios muy crítico con la reforma de la justicia impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
Las Asociaciones Judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, consideran que el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 4 de abril de 2014 “aleja a los ciudadanos de la justicia”, con la demarcación judicial provincial y la supresión de los partidos judiciales.
Además de “incrementar el número de aforados, en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos”, dicen los magistrados, la reforma “no favorecerá la persecución de los delitos de corrupción, dando una respuesta penal todavía más tardía que en la actualidad”.
Los magistrados consideran que “la limitación de la libertad de expresión de los jueces y de las Asociaciones Judiciales resulta gratuita, innecesaria y sin justificación razonable” “refleja el deseo del legislador de un Poder Judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía”.
Asimismo, alertan sobre la independencia judicial al suprimirse la democracia interna y de participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno, “con la configuración de un sistema presidencialista, jerarquizado y controlado por el Consejo General del Poder Judicial”. Los magistrados creen que la independencia judicial acabará sometiéndose a los otros poderes del Estado y “puede transmitirse a la sociedad la idea de que los jueces resuelven los casos bajo el dictado y la autoridad del CGPJ y en último término del Gobierno que incide en el nombramiento de la mayoría de los vocales de aquel órgano”.