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@jgonzalezok | Las amenazas del presidente de Venezuela de una guerra civil si el chavismo pierde las elecciones de este domingo (28) encendieron las alarmas en Brasil, el principal país en la región donde Nicolás Maduro aún tiene abiertos canales de comunicación y apoyos importantes dentro del partido del gobierno (PT). La habitual condescendencia del gobierno de Lula –“el concepto de democracia es relativo”, llegó a decir ante quienes le cuestionaban que en Venezuela hay una dictadura– se está convirtiendo en impaciencia e incomodidad con el dirigente venezolano.
“Quedé asustado con las declaraciones de Maduro de que, si pierde las elecciones, habrá un baño de sangre”, dijo Lula da Silva, que añadió: “Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre, Maduro tiene que aprender. Cuando ganas, te quedas, cuando pierdes te vas. Te vas y te preparas para disputar otra elección”. En declaraciones a corresponsales extranjeros en Brasil, Lula añadió que habló recientemente dos veces con Maduro, al que advirtió que si quería contribuir a resolver el problema de las personas que salieron de Venezuela y establecer un estado de crecimiento económico, “tiene que respetar el proceso democrático”. Para el mandatario brasileño, las elecciones de este domingo serán la única oportunidad para que Venezuela vuelva a la normalidad y se reintegre a la comunidad regional e internacional.
Para el mandatario brasileño, las elecciones de este domingo serán la única oportunidad para que Venezuela vuelva a la normalidad
“Quien se asustó que tome un té de tila”, fue la respuesta de Maduro, sin mencionar expresamente a su colega brasileño. Y fue más allá al cuestionar los sistemas electorales de Brasil y Colombia, al afirmar que en estos países “no auditan ni un acta”.
Lula envió a Caracas a su asesor para asuntos internacionales, Celso Amorim, que estará presente el día de las elecciones. El influyente asesor presidencial, que se ha mostrado siempre muy próximo al régimen venezolano, declaró al diario O Globo que Maduro debe aprovechar la oportunidad “para mostrar que la democracia en el país está consolidada y que no hay razón para sanciones”. E intentó relativizar las palabras del mandatario venezolano, al señalar que Maduro se equivocó al hablar de sangre en lugar de votos, y que seguramente estaba hablando en el largo plazo: “Lucha de clases, cosas de este tipo…”.
Maduro, que busca su tercer mandato, fue elegido hace seis años en medio de denuncias de fraude, con una abstención del 68 % y sin que la Unión Europea ni los EE.UU. reconocieran el resultado. En octubre del año pasado, el régimen y la oposición habían llegado a un acuerdo en Barbados para garantizar que estas próximas elecciones fueran competitivas. A cambio, los EE.UU. levantaron las sanciones. Pero inmediatamente el régimen empezó a desconocer los acuerdos.
Diversas maniobras llevadas a cabo por el régimen ya constituyen un fraude previo a la elección. Aquí hay que incluir la inhabilitación de candidatos de la oposición; los intentos de evitar la participación de votantes opositores, caso de la inmensa mayoría de los casi 8 millones de venezolanos que viven en la diáspora; las prisiones arbitrarias; los cambios de reglas de última hora para dificultar el voto; y la persecución a los medios independientes, como el bloqueo que sufrieron tres portales de noticias de carácter independiente estos últimos días.
Llegado el día de las elecciones, la gran preocupación es el proceso de votación y el recuento de los votos. El gobierno anunció que habrá más de 600 observadores internacionales, pero prohibió al grupo de la Unión Europea y anuló la invitación que había hecho al ex presidente argentino, Alberto Fernández, después de que éste hiciera declaraciones similares a las de Lula. Por tanto, los observadores de grupos, partidos y países afines al chavismo, harán básicamente turismo electoral.
El Centro Carter, con gran experiencia y que ya auditó anteriores elecciones en el país, envió una misión técnica. Pero el mismo centro reconoce que, “dado su tamaño y alcance limitado, no realizará una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación. Las evaluaciones de la misión se basarán en el marco legal nacional, así como en las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos para las elecciones democráticas”.
Una de las principales preocupaciones es qué actitud adoptarán los militares en caso de derrota clara del gobierno en las urnas, como parecen adelantar los sondeos
Una de las principales preocupaciones es qué actitud adoptarán los militares en caso de derrota clara del gobierno en las urnas, como parecen adelantar los sondeos. El artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -es decir, la que el propio Hugo Chaves diseñó- establece textualmente: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política (…) En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Pero la realidad es otra: los generales y altos oficiales han sido cooptados políticamente e integrados al aparato del Estado, colocándolos al frente de empresas estatales.
En los últimos años hubo numerosas purgas en las filas de las Fuerzas Armadas y de los 287 presos políticos que registró la organización Foro Penal, a fecha del 8 de julio pasado, poco más de la mitad (149) son militares. Se desconoce el comportamiento que tendría la tropa, que no se beneficia de los fantásticos privilegios de sus mandos, en caso de que el proceso electoral se salde con violencia y se les ordene reprimir.
El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, que acaba de ser reconocido como “General del pueblo soberano” por Maduro, tuvo un papel interesante en las elecciones parlamentarias de 2015, cuando la oposición sacó mayoría absoluta. Antes de que Maduro reaccionara, Padrino compareció en la televisión estatal, rodeado por los altos mandos, reconociendo los resultados. El gesto recuerda al del general Fernando Matthei en Chile, integrante de la Junta de Gobierno, que en el plebiscito de 1988 se adelantó a Pinochet reconociendo el triunfo de la oposición y la opción del NO, que le cerraba al dictador la posibilidad de seguir ocho años más en el poder.
El general retirado Rodolfo Camacho, ahora opositor a Maduro pero que trabajó con Padrino antes de ser acusado de conspiración y huir del país, declaró que si mucha gente en las calles apoya a la oposición, habrá mucha presión sobre el ministro de Defensa, añadiendo: “Él es la única pequeña esperanza que tengo”.
