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La ‘reflexión’ del presidente del Gobierno a raíz de la investigación abierta a su mujer comienza a materializarse con la presentación este martes del ‘Plan de acción por la democracia” aprobado por el Consejo de Ministros.
La lucha contra los bulos o fake news y contra los calificados por Pedro Sánchez como “pseudo medios” forma ya parte de un ambicioso proyecto que abarca varias reformas legislativas y que toca también otros ámbitos como la transparencia de las instituciones públicas. Un documento de 31 medidas presentado en Moncloa por los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun que no han querido entrar en detalles sobre el contenido a la espera de poder contar con los consensos parlamentarios necesarios para llevarlo a buen puerto.
Urtasun: Por primera vez en la historia de nuestro país se aborda la necesidad de hacer política mediática
Por primera vez en democracia, se pretenden abordar reformas dirigidas a los medios de comunicación en España. “Por primera vez en la historia de nuestro país se aborda la necesidad de hacer política mediática, algo que ningún gobierno se había atrevido a hacer”, ha resaltado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Registro de medios supervisado por la CNMC
El plan contempla la creación de un registro público de medios que permitirá conocer a los ciudadanos quiénes son los propietarios de los mismos, cómo se financian y cuál es su audiencia. El mismo estará supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para lo que habrá reformar dicho organismo para que pueda asumir las nuevas competencias y determinar los criterios que definen a un medio en relación con otras plataformas de comunicación.
Publicidad institucional
El Gobierno de coalición quiere poner coto a la opacidad en relación a la publicidad institucional que llega a los medios estableciendo criterios de “proporcionalidad, transparencia y no discriminación” en su asignación. Para ello, de forma anual, las administraciones públicas deberán publicar la inversión publicitaria “de forma visible, clara y transparente”, medidas contempladas en una reforma de la Ley de Publicidad Institucional que incluirá mecanismos para impedir “falsear las audiencias incurriendo en prácticas que alteran las visitas reales", ha precisado Urtasun. “Queremos evitar que con dinero público se estén financiando pseudo medios que promuevan la intoxicación mediática”. Asimismo, se legislará para evitar la concentración de medios, “haciendo frente a los oligopolios mediáticos”.
Además, el Gobierno prevé medidas de discriminación positiva para aquellos medios que publiquen íntegramente en lenguas cooficiales y que podrán así beneficiarse de ingresos por publicidad institucional.
Ley mordaza
El plan incluye una reforma de la ley de secreto profesional para prohibir la revelación de las fuentes y para proteger a los periodistas de “acosos externos” y “demandas abusivas e infundadas”, una propuesta que va en línea con lo legislado en Bruselas en una directiva que entró en vigor en mayo pasado.
Urtasun también ha detallado parte de la que ha calificado como una “reforma integral” del Código Penal y los “ataques a la libertad de expresión y a la libertad artística”, con temas que ya fueron acordados por el PSOE y Sumar en su pacto de gobierno y que decayeron en la pasada legislatura como la reforma de la ley mordaza en lo que atañe a las sanciones a profesionales que cubren actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O la derogación del delito de ofensas religiosas por el que en los últimos años han sido encausados y hasta condenados varios artistas.
Respecto a la derogación del delito por injurias a la Corona, ni Urtasun ni Bolaños han querido confirmarlo, si bien el primero ha destacado que las reformas irán referidas a “todas” las instituciones públicas, en base también a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre algunas de las causas abiertas en España por esta cuestión.
Derecho al honor
El ‘Plan de acción por la democracia” incluye la reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y el derecho de rectificación que datan de 1982 y 1984 respetivamente. “Leyes obsoletas” según Bolaños, que estaban regulando un panorama de medios de comunicación que había a principios de la década de los ’80. “Queremos que se garantice una información veraz” y que “cuando haya difamaciones, mentiras o bulos, pueda haber una respuesta ágil y efectiva por parte de los tribunales”, ha destacado el ministro de Justicia.
Ley de secretos oficiales
Obsoleta también ha quedado, a juicio del Gobierno, la Ley de Secretos Oficiales del año 1968, “una ley preconstitucional que ha de modificarse”, ha dicho Bolaños, para adecuarla a las actuales regulaciones que existen en los países de nuestro entorno, principalmente en el ámbito europeo, si bien no ha precisado cuáles serán esos cambios.
Otras medidas
Y a la necesaria transparencia de los medios, se añade la que incumbe al ámbito institucional. El plan contempla la obligación de todos los gobiernos a la rendición de cuentas y a que todos los años se celebre el debate del Estado de la nación en el Parlamento. Se impondrán sanciones para aquellos diputados y senadores que se nieguen a hacer pública su declaración de bienes como viene ocurriendo principalmente por parte de algunos grupos como el de Vox.
Vía reforma de la Ley de Régimen Electoral (LOREG), los debates electorales serán de obligado cumplimiento para los candidatos en campaña electoral y las encuestas que se publiquen en este periodo deberán hacer públicos los microdatos, la ficha técnica al completo del sondeo.
Para reforzar la lucha contra la corrupción, el Gobierno pretende aprobar el real decreto que regule la Autoridad Independiente de Protección del Informante, así como constituir nuevas unidades especializadas en la Fiscalía.
Impulsar una ley de lobbies (que ya se intentó la legislatura pasada) está también dentro de los planes del Gobierno siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea.
A tres años vista
Con todo, el plan pretende ser un fiel reflejo, en palabras del Gobierno, de la propia directiva adoptada por la Comisión Europea en 2020 y de lo posteriormente acordado en el Europarlamento en 2023 que contó con el apoyo del PP. “Un plan muy medido y absolutamente europeo” para adecuar también la legislación española al Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación (European Media Freedom Act, EMFA) y a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo (TEDH).
Bolaños: Los apoyos parlamentarios hay que trabajarlos cada día y con cada ley
El calendario de implementación serán los tres años que restan de la legislatura, el tiempo que se ha dado el Gobierno para intentar sacar adelante todas estas reformas en las Cortes y para lo que deberá contar con el apoyo de los grupos parlamentarios. Como destacó Bolaños, “los apoyos parlamentarios hay que trabajarlos cada día y con cada ley”.
