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El pasado 4 de septiembre, coincidiendo con la designación de José Luis Escrivá como nuevo Gobernador del Banco de España, El Mundo, en su primera plana, publicó el siguiente titular “Sánchez coloniza también el Banco de España”. Bajo este titular, las fotografías del nuevo Gobernador, de la ex Ministra Dolores Delgado, del Fiscal General del Estado, de la Presidenta del Consejo de Estado, del Magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, del Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, del Presidente de la Agencia Efe, del Secretario General del Congreso de los Diputados, de la Presidenta del Ente Público RTVE y de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística.
El mensaje de esta primera plana y de las páginas siguientes era: el Presidente Sánchez “coloniza” las instituciones del Estado. Un día después, ABC publicaba un artículo intitulado “Hay una captura de los órganos dependientes que está degradando su credibilidad” y ese artículo se completó con un editorial del mismo diario del día 6 de septiembre titulado “La expulsión de la oposición de las instituciones”. El tema merece un comentario porque forma parte de la continua campaña de la derecha para deslegitimar al Gobierno en venganza de su pérdida del poder político en el Estado en 2018, pérdida de la que todavía no se ha repuesto… ni se repondrá.
Antes de entrar en las particularidades de los cargos que denunciaba El Mundo, conviene definir el marco constitucional donde se sitúa la campaña de deslegitimación de la derecha. Por un lado, la Constitución, en su artículo 96, establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior y la Administración civil y militar. Por otro lado, la Constitución se funda en el principio democrático que conlleva, entre otros valores superiores, el pluralismo político (artículo 1.1). La Constitución, además, proclama que los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política (artículo 6). Todo ello nos lleva a las siguientes conclusiones:
- Como órgano que dirige la Administración, el Gobierno ha de nombrar todos los cargos de dirección de ésta y es legítimo que nombre a personas de su confianza y de su afinidad política.
- La pertenencia a un partido no puede ser un óbice para acceder a un cargo directivo en el Gobierno o en la Administración, sino que es legítima esa pertenencia, tanto por respeto al valor del pluralismo, como por respeto a la función política de los partidos.
- El haber ocupado cargos de dirección en el Gobierno y en la Administración, desde Ministro hasta Director General, tampoco puede ser un estigma para ocupar otros cargos de responsabilidad en el Estado.
A estas sencillas consideraciones fundadas en la Constitución debemos agregar otra idea, a saber, que el partidismo político no sólo se expresa en la militancia en un partido o en la trayectoria político-administrativa de una persona. El partidismo se expresa a través de las convicciones (legítimas) de cualquier persona. Por poner un ejemplo, el anterior Gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, poseía un currículo aparentemente neutro, con una larga carrera en el Banco emisor y probablemente sin militancia partidista. Pero esa aparente neutralidad no impedía unas convicciones económico-sociales muy conservadoras, caras a la derecha, y por eso fue nombrado Gobernador por el Gobierno de Rajoy. Se juega constantemente con la aparente neutralidad de personas apartidistas cuando esas personas, por convicción, pueden no ser neutrales en la política. Y en sentido inverso, se descalifica a las personas con militancia partidista o que, por tener esa militancia, han tenido responsabilidades políticas y se les niega la posibilidad de tener otras responsabilidades públicas. Se trata de un reflejo franquista, propio de un régimen político que despreciaba la política, aunque en realidad sólo despreciaba la política democrática, no la que practicaban los regímenes autoritarios.
Los ejemplos puestos por El Mundo son de naturaleza variada y diferente, pero podemos avanzar, empezando por el tema que motivó el artículo de este diario, que es que la designación del Gobernador de España es perfectamente acorde a Derecho. La Ley 13/194, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, no contiene prohibiciones para acceder a ese cargo por haber sido miembro del Gobierno y ya sería estrambótico que las pusiera, porque no parece que ser Ministro del Gobierno de la Nación deba inhabilitar a una persona para dirigir el Banco de España. Tampoco lo prohíbe el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo Tratado de Roma) al regular el Banco Central Europeo, dado que el Gobernador del Banco de España es miembro del Consejo de Gobierno y Consejo General del Banco Central Europeo. Y si el ordenamiento vigente no prohíbe que un Ministro pase a dirigir el Banco de España, ¿por qué el Gobierno habría de autolimitarse si ha llegado a la conclusión de que el Ministro ‘X’ es idóneo para ser Gobernador del Banco de España? Este interrogante nos lleva a una cuestión que trataremos al final, que es la metalegislación o la pseudo-legislación que determinadas fuerzas políticas o sociales se han inventado para neutralizar la legislación que emana del Parlamento.
Lo mismo podemos decir de la batalla judicial para impedir que otro miembro del Gobierno de España y antigua Fiscal General del Estado acceda a la condición de Fiscal de Sala, según denunciaba El Mundo. No parece que una persona de esa condición, condición que conlleva experiencia, esté incapacitada e inhabilitada para ocupar un puesto de Fiscal de Sala, esto es, de Fiscal en el Tribunal Supremo. Pero la ferocidad de los fiscales conservadores, con la complicidad de alguna Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, está limitando ilegal e inconstitucionalmente el poder de dirección política del Gobierno. En las quejas sobre el nombramiento del Fiscal General del Estado no me voy a detener porque carecen de toda justificación jurídica y política y obedecen a la simple deslegitimación del Gobierno.
Siguiendo con la queja de El Mundo, este periódico de la derecha denuncia el nombramiento de la antigua Vicepresidenta del Gobierno y ex Ministra Carmen Calvo como Presidenta del Consejo de Estado. Llueve sobre mojado, porque una discutible Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ya declaró ilegal el nombramiento de la anterior Presidenta del órgano consultivo, Magdalena Valerio. Quizá el redactor del periódico de la derecha olvide que la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, pone la condición de exministro como una de las cualidades que habilitan para nombrar Consejeros Permanentes, por lo que parece que esa condición tampoco inhabilita para presidir el órgano consultivo. Quizá ese mismo redactor ha olvidado los exministros que han ocupado ese cargo en la democracia, con todos los Gobiernos. Pero ahora se trata de deslegitimar al Gobierno del Presidente Sánchez.
Para no extendernos mucho en la denuncia de El Mundo vamos a detenernos en los Presidentes del Centro de Investigaciones Sociológicas y del Instituto Nacional de Estadística. Se trata de organismos autónomos adscritos a la Administración General del Estado y, por ello, dirigidos por el Gobierno. No hay razones para que la persona que los dirija no tenga el estatuto de los restantes órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que, por exigencia constitucional, han de obedecer al Gobierno y, por ello, han de ser de la confianza política de éste. Llama la atención que sea el Partido Popular quien a estas alturas reclame esa despolitización –o desgubernamentalización– cuando los Gobiernos de la derecha colocaron, especialmente en el Centro de Investigaciones Sociológicas, a personas de toda confianza y que incluso algunas de estas personas llegaron a Ministro y a eurodiputado.
No quisiera cerrar el artículo de El Mundo sin señalar que este diario se queja de que el actual Secretario General del Congreso de los Diputados ha sido anteriormente Subsecretario de un Ministerio. También olvida ese diario que hace años fue Secretaria General del Congreso de los Diputados la hermana de un relevante dirigente del Partido Popular y nadie se lo echó en cara.
No hay razones jurídicas ni políticas para pensar que el Estado está colonizado por el PSOE
Como vemos, no hay razones jurídicas ni políticas para pensar que el Estado está colonizado por el PSOE. Como en toda democracia parlamentaria, el Gobierno ha de dirigir la Administración y los órganos superiores y directivos de ésta han de ser de la confianza del Gobierno, no de la oposición. Sin embargo, para deslegitimar al Gobierno que no controla, la derecha se mete en un mal camino, que es considerar que lo político, el mundo propio de los partidos políticos, es negativo y al pensar así se introduce en el mundo de los valores del franquismo. Por eso hablaba más arriba de que se ha ido configurando una metalegislación o una pseudo-legislación que exige que los poderes públicos apliquen, no el ordenamiento vigente, sino unos falsos principios que se sobreponen a la legislación. El ejemplo más claro es el caso del Gobernador del Banco de España que, a pesar de cumplir los requisitos de la Ley, se ha considerado por la derecha (y también por El País) que era inadecuado por ser Ministro. No podemos inventarnos una ética pública al margen de la Ley, porque esa ética acabará elaborada por los enemigos de la Ley.
Artículo publciado en Sistema Digital
