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El Magistrado Peinado García compareció, como había resuelto, en la sede de la Presidencia del Gobierno para interrogar como testigo al Presidente Sánchez. Más allá de la humillación que comporta interrogar al titular de la Presidencia, con la posibilidad de variar la condición de testigo por la de imputado (como ha hecho dos veces este Magistrado en la pseudo-acusación penal de la esposa del Presidente Sánchez), la maniobra, de dudosa justificación jurídica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no ha tenido los efectos deseados por quienes la maquinaron (el partido de extrema derecha Vox con la aquiescencia de un Magistrado emparentado con una Concejal del Partido Popular) porque el Presidente se ha negado a prestar declaración como le permite la Ley. Poco pueden difundir sobre este interrogatorio frustrado, por lo que el objetivo de hacer aparecer al Presidente como una persona acosada por un Juez se ha frustrado.
El objetivo de hacer aparecer al Presidente como una persona acosada por un Juez se ha frustrado
Pero una operación de tan evidente intencionalidad política, que pretendía identificar al Presidente del Gobierno con la comisión de un delito, se ha complicado para sus perpetradores por la reacción del Presidente que, con esa condición y por ello a través de la Abogacía del Estado, ha formulado una querella contra el Magistrado instructor Peinado García por el posible delito de prevaricación. La querella, que se ha difundido en muchos medios de comunicación, es un buen trabajo porque recoge en clave penal el cúmulo de irregularidades que alguna prensa ha explicado con detalle (por ejemplo, Ignacio escolar, “Las anomalías y chapuzas del juez Peinado”, eldiario.es, 27 de julio de 3024).
Pero lo importante es que la Presidencia del Gobierno ha reaccionado con firmeza para restablecer una legalidad que estaba siendo conculcada a la vez que utilizada con fines políticos, que son los de derribar al Gobierno legítimo que tiene la confianza del Congreso de los Diputados. Es una tarea a la que está dedicada toda la derecha española desde el día en que el Congreso otorgó su confianza a Pedro Sánchez y que persistirá hasta el último día de la legislatura, pero si se utilizan medios judiciales para derribar al Gobierno, es bueno que el Gobierno utilice también medios judiciales para pararla.
Si la querella prospera, el Magistrado Peinado García tendrá que apartarse del caso
Si la querella prospera, el Magistrado Peinado García tendrá que apartarse del caso y, además de que su situación personal puede verse complicada, es de esperar que el asunto se diluya por falta de contenido, como ya concluyó la Guardia Civil que, no lo olvidemos, ha actuado en este caso como Policía Judicial, a las órdenes no del Gobierno sino del Poder Judicial. Por eso es decisiva la respuesta que dé el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, donde se ha presentado la querella. Hasta ahora no hay indicios de la posición política (sí, política) de este Tribunal a diferencia de otros, como alguna Sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (en guerra abierta contra el Gobierno para satisfacer enconos personales) o la Audiencia Provincial de Madrid que autorizó concentraciones ante la sede de la Ejecutiva Federal del PSOE en Madrid el día de la elección del Parlamento Europeo o ha retrasado la resolución de los recursos planteados por la esposa del Presidente Sánchez contra su imputación. Ahí está el reto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid: resolver conforme a Derecho o dejarse arrastrar por la senda política que ha adoptado una minoría (reducida, pero poderosa) que utiliza el poder que le ha dado el pueblo español para hacer política de oposición.
Además, el problema se complica porque quien debería actuar por vía disciplinaria, el nuevo Consejo General del Poder Judicial, ya se ha empantanado a la hora de elegir a su Presidente, conforme a un modo de elección que probablemente impusieron las dos derechas, judicial y política, y que quizá no sea el mejor método para desatascar cinco años de empantanamiento.
En las próximas semanas se verá la senda que toma el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, la judicial o la política, pero en todo caso el ciudadano tiene la sensación de que la decisión de la derecha política de emplear al Poder Judicial para combatir (a muerte) al Gobierno ha llegado demasiado lejos. Y todavía ambas derechas, política y judicial, hablan de politización de la Justicia…
