Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
Pablo González Yagüe acaba de ser liberado de un encarcelamiento injusto y cruel.
No hay nada ni nadie que haya probado ninguna de las causas que se usaban para mantenerlo detenido desde el 27 de febrero de 2022 y a mí me encantaría saber por qué desde la mayoría de los medios españoles y de instituciones, se ha estado mirando hacia otro lado y nunca ha parecido que haya habido esfuerzo diplomático alguno por sacarlo de este encierro.
Las autoridades polacas lo arrestaron en la frontera del país con Ucrania el 27 de febrero de 2022 y lo acusaron de ser un espía ruso, alegando que utilizó su identidad de periodista para recopilar información para la inteligencia rusa mientras viajaba.
Pablo es un periodista y politólogo español.
En alguno de los telediarios en hora punta he escuchado como se le describía como “ciudadano hispano-ruso” y esta decisión de incorporar la parte rusa en su descripción, me da la impresión de que no se hace de forma inocente y seguramente intenta disminuir la responsabilidad de nuestro Estado hacia los derechos de un ciudadano “español y punto”.
Nunca escuché en el pasado hablar de nuestro rey emérito como el rey hispano-italiano por poner un ejemplo.
Como ciudadano español en el exterior este encierro y la nula actividad para liberarlo me ha producido bastante inseguridad en cuanto a la decisión de a quien se defiende y con quien se lavan las manos nuestros dirigentes.
Pablo es un periodista que ha usado sus conocimientos para trabajar de forma independiente para diversos medios de comunicación. Parece que su especialización en Europa del Este y países ex-soviéticos, y el haber nacido en Moscú en 1982 donde vivió hasta que su madre se divorció del padre y se trasladó al País Vasco son razones que justifican que haya permanecido más de 900 días preso en un país que se supone colega en el proyecto de la Unión Europea.
Mientras que en las redes sociales sí que se ha mantenido una campaña pidiendo su liberación, los medios principales de nuestro país o bien han ignorado su caso o han tratado de sembrar dudas extrañas sobre si el encarcelamiento era correcto o no…¿por qué no se han movilizado todas las estructuras del Estado en liberarlo?
Podríamos divagar e intentar encontrar razones y la primera de ellas es la naturaleza de las acusaciones vertidas contra él y que nunca se han podido probar. Las acusaciones de espionaje contra González son graves y, si se demostraran, podrían tener implicaciones diplomáticas significativas entre España, Polonia y Rusia. El gobierno español ha optado por la vía de la cautela y en vez de defender a un ciudadano español ha evitado intervenir directamente, basando esta decisión en el hecho de que no hay pruebas contundentes que demuestren la inocencia del periodista…el mundo al revés. ¿No se actúa por no haber pruebas que demuestren su inocencia?
El principio de “In dubio pro reo” ha sido evidentemente olvidado con Pablo.
España tampoco ha querido crear un conflicto ya que las relaciones internacionales son delicadas y cualquier acción del gobierno español podría afectar a sus relaciones con Polonia, especialmente en un contexto de tensión geopolítica como el actual.
El gobierno español podríamos pensar que quizás tenga limitaciones legales a la hora de intervenir en un proceso judicial que se está llevando a cabo en otro país, pero parece que los esfuerzos diplomáticos han sido nulos…y digo parece ya que también podría ser que la estrategia diplomática elegida por el gobierno español haya sido el ser discretos, trabajando en los canales diplomáticos para lograr la liberación de González sin hacer declaraciones públicas que puedan complicar la situación.
Es importante destacar que estas son solo algunas de las posibles razones y que la realidad puede ser mucho más compleja. La falta de información pública detallada sobre las negociaciones y las acciones concretas que llevó a cabo el gobierno español dificulta una evaluación completa de la situación.
Pablo González Yagüe ha sido liberado en un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia y no sabemos hasta donde han estado involucrada nuestra diplomacia en este canje.
A pesar de la liberación, la sociedad civil española ha mostrado una gran preocupación por el caso y ha exigido una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de la detención y el encarcelamiento de González y varios sectores de la sociedad civil y la oposición política han criticado al gobierno español por su supuesta pasividad en este caso.
Como miembro del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación he tenido que separar mis preocupaciones como ciudadano raso y mi rol en una institución consultiva y asesora del Estado español y ha sido complejo el seguir este encarcelamiento sin la posibilidad de inmiscuir a una institución como el CGCEE en un problema de estas características.
Hay que saber cuándo una institución ha de opinar y cuando a pesar de una injusticia evidente tenemos que mantenernos al margen.
Durante el Brexit acudí a multitud de manifestaciones en contra de la decisión que afectaba a mis derechos como ciudadano en el Reino Unido, pero siempre separándolo de mi labor en un Consejo de Residentes de españoles en el exterior que no ha de opinar ni inmiscuirse en decisiones unilaterales de la ciudadanía del país en el que resido…si no tengo la ciudadanía británica puedo vociferar todo lo que quiera pero igualmente tengo que respetar una decisión democrática a pesar de lo errónea que yo puedo pensar que era, y que ha probado finalmente ser.
De forma personal podre cuestionar los procedimientos y los esfuerzos o falta de ellos en el caso de Pablo Rodríguez Yagüe, pero como miembro del CGCEE no estamos habilitados para opinar sobre decisiones legales de terceros países.
Hay una línea que ha de limitar lo que podemos hacer como individuos y cuando las instituciones y organizaciones civiles que representamos han de mantenerse al margen.
