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El acuerdo PSC–ERC ha abierto un debate sobre la financiación de las Comunidades Autónomas (en adelante, CCAA). Era previsible, una vez que el acuerdo PSC-ERC sólo se puede materializar en el marco de una reforma general del Sistema de Financiación de las CCAA (en adelante, el sistema). Ciertamente, el acuerdo se ha hecho para cubrir una necesidad: facilitar la investidura de Illa. Lisa y llanamente los votos de ERC a cambio de una financiación singular para Cataluña. La virtud es que abre el melón de una reforma de todo el sistema. De este modo se confirma el lema que Sánchez acuñó con la amnistía: hacer de la necesidad virtud.
Al común de los mortales se le da una higa cómo se financia la CCAA donde vive. A ello contribuye que los textos legales que regulan dicha financiación son textos complejos, abstrusos incluso para los entendidos. Si algo llama la atención al pueblo llano es cómo queda su CCAA respecto de la CCAA vecina. La cultura imperante entre los dirigentes autonómicos de todo signo es la del agravio comparativo. Cada líder regional aparenta ser un adalid que defiende por encima de todo a su aldea, alegando siempre que el sistema (o sea las demás CCAA) maltrata a su CCAA. Bajo este prisma la contribución de los líderes regionales a la reforma del sistema es cercana a cero. Y por tanto, no cabía esperar que el debate se abriera desde alguna CCAA distinta de Cataluña.
La virtud es que abre el melón de una reforma de todo el sistema. De este modo se confirma el lema que Sánchez acuñó con la amnistía: hacer de la necesidad virtud
La razón por la que casi siempre ha sido por Cataluña por donde se han iniciado todas las reformas del sistema (llevamos seis reformas y contando) es que el nacionalismo catalán ha estado en disposición de negociar votos por reformas. Hablando en plata: el gobierno de Cataluña ha negociado bilateralmente con el Estado los puntos esenciales de cada reforma y el resto se ha aplicado a ello al grito de “si lo piden los catalanes debe ser bueno, así es que me pongan lo mismo y, si es posible, además, dos huevos duros”. Los que ahora abominan de las negociaciones bilaterales se han hartado de hacer negociaciones bilaterales. Eso sí, han terminado negociando los huevos duros.
Para aclarar de qué hablamos, tenemos que tener en cuenta que el sistema financia instituciones territoriales, claro; pero, si tenemos en cuenta las competencias que gestionan las CCAA, el grueso de los recursos que aporta el sistema sirve para financiar sanidad, educación y servicios sociales, es decir, tres de los cuatro pilares del estado del bienestar. La gente estaría más preocupada con este asunto si le dijéramos que cuando hablamos de financiación autonómica no estamos hablando sólo de cuánto dinero va a tener el gobierno de Cantabria, por ejemplo, sino de cuánto dinero van a tener los hospitales cántabros, las residencia de mayores o los institutos de Cantabria.
Yo no creo que los territorios estén infrafinanciados. Ese es un relato (o sea, un cuento) que han inventado los indepes. El verdadero problema a resolver es el de la suficiencia: determinados servicios públicos esenciales reciben una financiación insuficiente, teniendo en cuenta los estándares europeos y las deficiencias que la pandemia ha puesto sobre la mesa. La reforma tiene que servir para mejorar los servicios públicos.
Pero la insuficiencia no solo trae causa en los recursos que proporciona el sistema. También se producen por decisiones políticas de los gobiernos autonómicos.
Madrid es el caso más llamativo. La prioridad de los gobiernos madrileños ha sido la rebaja de impuestos a los más acomodados, suprimiendo la fiscalidad sobre la riqueza, la que se tiene o la que se transmite. Los madrileños más acomodados se han encontrado con regalos fiscales por valor de miles de millones de euros que, de otro modo, bien podrían haber ido a financiar una mejor sanidad pública. Además, tiene un efecto deletéreo sobre las demás CCAA, porque si un millonario traslada su domicilio fiscal a Madrid, la CCAA de donde venía pierde recursos. En la práctica es como si una CCAA detrajera recursos del sistema para dárselos a unos pocos adinerados. Una reforma del sistema que aporte más recursos a las CCAA debe tener en cuenta este asunto y tomar medidas para impedir que se transfieran recursos del sistema a particulares acomodados.
La razón por la que casi siempre ha sido por Cataluña por donde se han iniciado todas las reformas del sistema es que el nacionalismo catalán ha estado en disposición de negociar votos por reformas
Otros gobiernos eligen infrafinanciar los servicios públicos para abrir espacio al sector privado. Las listas de espera en la sanidad pública son un poderoso incentivo para el crecimiento del aseguramiento privado. En general, la derecha trata de fomentar los servicios privados restringiendo la financiación de los públicos. En otros casos, finalmente, hay un problema de una gestión incompetente que une a la escasez de recursos el despilfarro de los mismos.
En definitiva hace falta una reforma del sistema para dotar de más recursos a la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos, pero al mismo tiempo, hay que asegurar que se mejore la gestión, que no se transfieran recursos del sistema al sector privado y que no haya un boicot activo al sistema mismo.
Una segunda razón para reformar el sistema es aumentar el autogobierno de las CCAA. Este argumento es más discutible y, desde luego, puede tener apoyo en Cataluña, pero me temo que al sur del Ebro, no tanto. En todo caso, si hay más autogobierno tiene que haber más cooperación entre el Estado y las CCAA. Es lo que algunos llaman federalismo cooperativo. Durante la pandemia se ha echado de menos mayores niveles de cooperación entre los servicios de salud de las CCAA y el Ministerio.
Abierto el debate, el PP ha planteado una cuestión de método: no quiere negociaciones bilaterales entre el gobierno y cada CCAA. Prefieren que todo se discuta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representados el gobierno y todas las consejerías de hacienda de las CCAA. Si repasamos la historia, siempre ha habido conversaciones bilaterales. Al CPFF el gobierno lleva una propuesta previamente dialogada bilateralmente. Y creo que eso es lo que va a pasar ahora también. La posición de Ayuso, proponiendo boicotear las conversaciones con el Presidente del Gobierno es una chorrada de grueso calibre, sobre todo cuando el argumento es “no ir para que no os sobornen”. Imagino que sus compañeros estarían encantados de ser sobornados. El que también ha estado sembrado ha sido Feijoo que dice que no tiene una propuesta porque no le corresponde hacerla al jefe de la oposición. De donde se deduce que no quiere ninguna reforma, lo cual tiene todo el sentido, dado que las derechas se han caracterizado más por recortar el gasto social que por aumentarlo.
La posición de Ayuso, proponiendo boicotear las conversaciones con el Presidente del Gobierno es una chorrada de grueso calibre, sobre todo cuando el argumento es “no ir para que no os sobornen”
Paralelamente a la apertura de la negociación para la reforma del sistema, se discute, en general desatinadamente, sobre el acuerdo de financiación singular para Cataluña. La línea argumental del PP y de otros es que más recursos para Cataluña implica menos recursos para las demás CCAA, lo cual, obviamente, sería inaceptable. Pero la reforma no es un juego donde unos ganan y otros pierden. Es un juego donde todos van a tener más recursos que ahora. Lo cual implica que el Estado va a tener que aportar más recursos al sistema, como, por otra parte, ha pasado siempre que se ha reformado el sistema.
Otro argumento en contra es que la financiación singular es un concierto, igual que el concierto económico vasco. Hay cosas que son iguales pero otras no. Las diputaciones forales vascas recaudan el 100% de los impuestos en su territorio. Por cierto esto viene pasando desde hace algunos lustros sin que ningún diputado foral alegara que tiene la llave de la caja ni que es un gran paso para la independencia de su provincia. El acuerdo PSC – ERC dice lo mismo. Hasta aquí, iguales.
Las diputaciones forales (los recaudadores) pasan toda la recaudación al gobierno vasco. El acuerdo PSC – ERC dice que una parte de la recaudación pasaría a la Generalitat y otra parte al Estado. Concretar, impuesto por impuesto, qué parte va a un sitio y qué parte va a otro será sin duda objeto de una larga y delicada negociación, porque eso no está dicho en el acuerdo. El gobierno vasco pasa al Estado una cantidad (el cupo), en concepto de pago por los servicios que el Estado presta en el territorio vasco. El cupo se negocia periódicamente entre el gobierno vasco y el Estado. En esa negociación la ventaja está del lado vasco: cuando ha hecho falta, el PNV ha negociado votos por cupo obteniendo una clara mejora de la financiación para Euskadi. En el caso catalán no hay cupo que negociar cada cinco años, razón por la cual si no hay cupo, no hay concierto. En todo caso sería un concierto singular.
Finalmente, el acuerdo catalán recoge una transferencia de nivelación de la Generalitat al Estado y a través de él al resto de las CCAA. La transferencia catalana tiene que negociarse entre el Estado y la Generalitat y tiene como límite el principio de ordinalidad. En el concierto vasco esa transferencia no existe.
La Agencia Tributaria es una de las pocas instituciones que tiene un funcionamiento impecable. No creo que sea buena idea desmantelarla para crear 17 Agencias
La financiación singular para Cataluña, aunque tiene elementos similares al concierto vasco, hay otros que no lo son. Por eso se da la paradoja de que unos (Borrell) se oponen porque es un concierto económico y otros (Junts) se oponen porque no es concierto económico. El texto del acuerdo no aclara esta cuestión. Por eso, más que debatir sobre su naturaleza, convendría analizar los contenidos.
El acuerdo no ha concretado parámetros esenciales, por lo cual, es evidente que deberá abrirse una negociación bilateral para concretarlos. Y no solo para concretar esos parámetros. Además hay puntos importantes del mismo que, por lo menos, están sujetos a interpretación.
El concepto de “los servicios que el Estado presta en Cataluña” me parece de muy difícil cálculo, simplemente porque hay servicios que presta el Estado que no se pueden territorializar. Por ejemplo la defensa nacional o la acción exterior. En general, las actividades del Estado distintas de las funciones y servicios transferidos a las CCAA deben ser financiadas con cargo a impuestos. Y, en el caso de que toda la recaudación corresponda a una CCAA, una parte de esa recaudación debe ser transferida al Estado para financiar dichas actividades.
Tampoco queda claro el papel de la AEAT en Cataluña. Pienso que la Agencia Tributaria es una de las pocas instituciones que tiene un funcionamiento impecable. No creo que sea buena idea desmantelarla para crear 17 Agencias que tardarán años y años en funcionar con el nivel de eficiencia que ya tiene la AEAT
Tampoco está claro qué capacidad normativa se puede ceder a las CCAA. Dependerá de cada impuesto. Imagino que no será bueno que haya un IVA distinto en cada CCAA. O que unas CCAA se hagan competencia a las otras con el IS.
No son estos los únicos puntos dudosos. Lo único seguro es que estamos en el inicio de una larga y difícil negociación que debería ir acompañada de un debate racional y sensato, a ser posible.
