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La mesa de diálogo social tripartito para tratar la propuesta legislativa sobre la reducción de la jornada laboral máxima, está formada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. Las negociaciones se vienen desarrollando desde primeros de año en base al acuerdo del Gobierno del PSOE y Sumar, que estableció el compromiso de reducir las actuales cuarenta horas semanales de jornada laboral máxima, vigentes desde 1983, a 38 horas y media en 2024 y a 37 horas y media en 2025, todo ello sin disminución de los salarios.
Los sindicatos CCOO y UGT han expresado su apoyo a la medida. Defienden que la reducción de la jornada laboral mejora la productividad de las empresas y facilita la conciliación laboral y personal, aunque la consideran insuficiente y demandan mayor ambición para alcanzar las 35 horas semanales. Por el contrario, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME han criticado el compromiso de reducir por ley la jornada laboral, alegando que supone una vulneración de la negociación colectiva que perjudicará a la productividad de las empresas y aumentará los costes empresariales.
Según UGT, la jornada media pactada en los convenios colectivos se sitúa en las 38,6 horas semanales, por lo que el cambio inicial previsto para este año tendría una incidencia limitada, pues cerca de un millón de trabajadores ya cuentan con jornadas inferiores a las 37,5 horas semanales. Con la entrada en vigor de la ley, unos cuatro millones se podrían acoger a la reducción de la jornada a 38,5 horas semanales el primer año y otros diez millones de personas con la entrada en vigor de las 37,5 horas semanales.
Los sindicatos defienden que la reducción de la jornada laboral mejora la productividad de las empresas y facilita la conciliación laboral y personal
Las patronales y los sindicatos coinciden en el papel fundamental del diálogo social y la negociación colectiva en la determinación y ordenación del tiempo de trabajo, por ello han desarrollado un diálogo bilateral. Después de cinco meses, trasladaron al Gobierno la falta de avances, lo que llevó al Ministerio de Trabajo y Economía Social a convocar la mesa de diálogo social tripartito en busca de un acuerdo; a su vez, el ministerio presentó un borrador de anteproyecto de ley sobre la reducción de la jornada máxima legal.
El texto entre otras cuestiones recogía: la reducción de jornada, la digitalización del registro horario, el derecho a la desconexión digital o el control de la inspección de trabajo. Las patronales expresaron su rechazo y exigieron retrasar la efectividad de la reducción de la jornada legal hasta 2026. A su vez. los sindicatos han reclamado un sistema oficial de registro horario y el acceso al mismo por la representación legal de los trabajadores, junto con abordar los descansos semanales, las horas extras, las vacaciones, los permisos y la conciliación de la vida laboral y personal.
Hasta ahora, el proceso negociador ha estado caracterizado por las contradicciones entre los interlocutores sociales y los desencuentros
Hasta ahora, el proceso negociador ha estado caracterizado por las contradicciones entre los interlocutores sociales y los desencuentros de las organizaciones empresariales con el Gobierno. Desde CEPYME se había estimado en unos 42.400 millones de euros los costes de la reducción de jornada. En estas circunstancias las negociaciones derivaron en un bloqueo, los sindicatos acusaban a los empresarios de querer "demorar sine die" las negociaciones e instaban al Gobierno a aprobar la reducción con o sin el apoyo de las patronales. Estas han culpado a las otras partes de no querer negociar, sino "imponer" un modelo que tachan de negativo para empresas y autónomos.
Ante la lejanía de las posiciones empresariales y para favorecer el acuerdo, el Gobierno optó por una reducción de la jornada de forma más flexible, como dar más margen a algunos sectores para hacer distribuciones irregulares en los horarios. Durante el pasado mes de julio las negociones se intensificaron, aunque no se alcanzó un acercamiento sustancial entre las posiciones divergentes mantenidas por las partes, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se valoró que se habían producido avances. Se acordó volver al diálogo en septiembre para culminar el proceso y trasladar la propuesta legislativa al Congreso.
El ministerio ha planteado bonificar a las pequeñas empresas para facilitar que estas implanten la reducción de la jornada laboral
En el primer encuentro de septiembre para tratar el conjunto de aspectos se añadió además un nuevo punto avanzado por el Ministerio de Trabajo para conseguir un acuerdo. Concretamente, el ministerio ha planteado bonificar a las pequeñas empresas para facilitar que estas implanten la reducción de la jornada laboral. Este plan, denominado Plan Pyme 375, busca bonificar a las pymes que generen nuevos contratos indefinidos asociados a la reducción de la jornada. También se establecerían mecanismos de formación, asesoramiento y apoyo a estas pymes, que suponen el 99,8% de las empresas, del tejido empresarial del país.
La negociación está a la espera de la respuesta de las patronales, que ya han indicado que analizarán la propuesta cuando la tengan por escrito, aunque han tildado las medidas propuestas por el Ministerio de ahondar en el intervencionismo de las relaciones laborales y han tachado el plan de ayuda a las pymes de ser absolutamente impreciso. Los sindicatos han reafirmado su voluntad de negociar para conseguir un acuerdo tripartito e incorporar a la patronal, por lo que han emplazado al Gobierno alcanzar un acuerdo lo antes posible.
CCOO y UGT han recordado que ya avanzaron en julio que habría movilizaciones en otoño si no se lograba un acuerdo, con esas acciones de protesta se quiere reclamar a las patronales y a los grupos políticos representados en el Parlamento que hay que avanzar socialmente y reducir la jornada. Son movilizaciones para hacer ver a las patronales que el conjunto del país quiere progresar por la senda de reducción de la jornada. Por eso impulsan las movilizaciones, pues las consideran necesarias y útiles para sensibilizar sobre una de las medidas laborales que tiene más apoyo en la sociedad.
