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“Una auténtica ley antiaborto hubiera impedido el nacimiento de Mariano Rajoy y Alberto Luis Gallardón”. Anónimo
“¡Quita el aborto!, ¡quita el aborto!”, gritaba al unísono aquel improvisado coro de señoras al pedo que el 21 de noviembre de 2011 se dio cita -banderín azul en mano- en la puerta de Génova para celebrar en casa de su líder el triunfo que le daba la presidencia al Partido Popular.
A tres años de aquella gesta que colocaba a Mariano Rajoy al frente del gobierno español, los pedidos de aquel sector de la población (que cantó dando saltitos creyendo que de esa manera estaba defendiendo el “derecho a la vida”), ha visto finalmente la luz de una manera contundente, disipando cualquier duda acerca del retroceso en los derechos y libertades de los ciudadanos que para muchos observadores internacionales, son ya una absoluta certeza.
“Si es que parece la España de Franco”, me decía hace unos meses don Manuel, un anciano cordobés que lleva más de la mitad de su vida al otro lado del Océano Atlántico. “Si tuviera ahora veinte años volvería a emigrar. Se lo juro por mi madre a quien nunca más volví a ver”, me confesaba sin que lo embargara ninguna emoción ni que la nostalgia le nublara la visión ni que le importara una mierda el sentido de la patria. “No se puede permitir ser gobernado por un troglodita”, sentenciaba aquel viejo andaluz con una sonrisa semidesdentada.
La nueva ley pretende eliminar el aborto como derecho hasta las 14 semanas de gestación, aprobado en 2010 por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En su lugar, el Ministro de Justicia, Alberto Luis Gallardón, ha diseñado un sistema de supuestos que se limita a permitir la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de violación o grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer. Los supuestos de malformaciones graves pero no mortales del feto quedarán fuera. "Si se establecen niveles de protección en función de la capacidad del feto, ¿qué impide que otra legislación lo haga extensible a los ya nacidos?", se pregunta el ministro en diario ABC. "Yo tendría un hijo con malformaciones graves; es una convicción personal", remató Gallardón demostrando así su compromiso con la vida. "No entiendo que se desproteja al concebido permitiendo el aborto por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con una legislación tan inhumana. Yo creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos", remataba este adalid de la vida a los medios que se alinean con su causa.
Ahora bien. Si para Gallardón y los grandes pensadores del PP –impulsores de la reforma de la ley del aborto y defensores del Derecho a la Vida– un feto es tan importante, cómo se explica que al mismo tiempo les importe un carajo la vida de esos otros seres (ya paridos y hechos hombres y mujeres) a los que este mismo gobierno niega asistencia sanitaria por su condición de indocumentados. ¿Es acaso menos importante un subsahariano que un feto español? ¿Con qué morro se autoproclaman estas lacras de la política actual “defensores de la vida” cuando entre sus méritos está el del hambre que padecen cientos de familias a las que se les ha quitado todo?
Si se le diera una vuelta más de tuerca a esta retrógrada ley, bien podríamos exigir detener el desarrollo de la vida de esos auténticos hijos de puta que dictan leyes como quien bebe cañas en un chiringuito de Torremolinos, interrumpir su existencia por considerarla una malformación de la naturaleza que afecta notablemente las vidas de quienes le rodean. No es nada extraño que esto esté sucediendo en la España del Siglo XXI. Busquemos similitudes; no por mero capricho, sino porque si bien son odiosas, las comparaciones pueden ser -en ocasiones- inevitables, como lo son en este caso: La Iglesia Católica pretende explicarnos cuándo, dónde, cómo y con qué fines follar. Seres que no follan (al menos no con adultos, según la interminable lista de pedofilia que se desprende de la historia misma de esta vetusta institución) pero que sin embargo logran imponer sus pareceres como si fuesen expertos en la materia (como si en vez de Rouco Varela, quien nos aconsejase en tal práctica fuese Rocco Siffredi o Nacho Vidal). En la cotidianidad esto se traduce en ese extraño mimetismo con sus líderes que experimentan ciertas viejas revocadas que suelen manifestar su encono hacia todo lo que tenga que ver con la libertad del individuo. Esas viejas chotas que aseguran que jamás hubieran abortado “ni aunque la criatura fuese producto de una violación”, viejas que cuelgan sus carteles de “Derecho a la Vida” en la ventana de sus coquetas casas mientras protestan por la llegada de rumanos a la vecindad y creen que una patera es un recipiente para guardar paté.
Poco y nada entiendo yo de leyes. Pero créame que si existiera una ley contra los hijos de puta que no debieran haber nacido porque no hacen más que joder las vidas de cuanto ser se le cruce en el camino, yo la apoyaría con todo gusto.