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El pasado 13 de octubre, el Pentágono anunció la decisión del presidente estadounidense de desplegar en Israel su “sistema móvil de defensa aérea de área a gran altitud THAAD”, incluyendo a los cien militares estadounidenses necesarios para operarlo, con objeto de reforzar de forma directa e inmediata la defensa aérea israelí frente a la posibilidad de que Irán respondiese a la esperada represalia israelí por el lanzamiento iraní de unos 200 misiles en la noche del 1 al 2 de octubre como consecuencia de la invasión israelí del Líbano de ese mismo día.
Con este nuevo despliegue, soldados estadounidenses, actuando desde territorio israelí, van a entrar en combate. Esto ya no es apoyar a un aliado, es participar en la guerra
En principio, la medida pudiera parecer un elemento más del cuantioso y sostenido apoyo estadounidense a la triple guerra que mantiene Israel en el Cercano Oriente: ocupación de la franja de Gaza, invasión del Líbano y combate a distancia mediante ataques aéreos tripulados, cohetes y misiles con el resto del conocido como Eje de Resistencia islamista. Pero es algo más. Ya no se trata de proteger el cielo israelí con la excusa de proteger la navegación y el comercio en el mar Rojo (Operación Guardián de la Prosperidad) o con la excusa de interceptar (o informar para que puedan ser interceptados) misiles sobrevolando el espacio aéreo internacional. Con esta medida, con este nuevo despliegue, soldados estadounidenses, actuando desde territorio israelí, van a entrar en combate. Esto ya no es apoyar a un aliado, es participar en la guerra. La careta, aun habiendo sido hasta ahora bastante translúcida, ha terminado por caer del todo, se ha vuelto transparente.
Un nuevo despliegue que, seamos realistas, no va a afectar significativamente, sin embargo, al curso de la guerra, cuya duración y escenario final sigue siendo una incógnita. Porque Israel, ni va a aceptar la descolonización e independencia de Palestina (sea cual sea su tamaño y límites finales) ni va a conseguir la total expulsión de los palestinos del territorio palestino, su tierra; ni los palestinos van a sucumbir a la aceptación de su aniquilación. Perderán otra vez, como llevan perdiendo desde 1948 e, incluso, desde 1917 (Declaración Balfour), pero volverán a resurgir como lo llevan haciendo desde 1948 e, incluso, desde 1917
Pero sí es un índice (un índice más) de la inutilidad de las instituciones por las que teóricamente se rige el actual orden internacional. Empezando por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), a las que Israel, no sólo desprecia en su quehacer cotidiano, sino a la que ningunea, insultando y menospreciando a su secretario general, al que ha declarado persona non grata; obstaculizando la labor humanitaria de su organización sobre el terreno, la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente), a la que recientemente ha expropiado su sede en Jerusalén Este (teórica y legalmente territorio palestino … “ocupado”) para construir viviendas para colonos israelíes y a la que le ha destruido más de 190 infraestructuras, incluidas sanitarias, desde que empezó, el 7 de octubre de 2023, este último episodio de la vieja guerra por la expulsión de los palestinos y la desaparición de Palestina; y atacando a sus tropas allí desplegadas, la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano, FINUL, con un balance de siete heridos y una torre de vigilancia dañada hasta la fecha. Israel alude a que Hezbolá utiliza a los componentes de la FINUL como escudos humanos, pero, hasta ahora, que se sepa, solamente ha sido un tanque israelí el que se ha refugiado en las instalaciones de la FINUL para protegerse de sus perseguidores libaneses.
A partir de que se materialice el despliegue de la unidad THAAD en Israel, un país activo en una guerra tendrá además de la facultad de proponer soluciones a dicha guerra, es decir, juez y parte
Una Organización, la de las Naciones Unidas (ONU), donde, en última instancia, el poder de decisión corresponde a un sanedrín (el Consejo de Seguridad) de los cinco países que, con derecho a veto, constituyen sus miembros permanentes. Entre ellos, Estados Unidos. Lo que, en el fondo, significa que, a partir de que se materialice el despliegue de la unidad THAAD en Israel, un país activo en una guerra tendrá además de la facultad de proponer soluciones a dicha guerra, que ya tiene como miembro permanente del Consejo de Seguridad y como primera potencia económica, tecnológica y militar del mundo, también, incluso, la de vetar los posibles intentos de solución que no favorezcan sus intereses. Juez y parte.
En el fondo, nada nuevo bajo el sol. Solamente, una constatación más de la validez (de la no-validez) política de la ONU para resolver los litigios inter-nacionales, especialmente si estos son conflictos armados. Lo que, sin embargo, no la invalida para las otras muchas áreas en los que la labor de la ONU no sólo es beneficiosa, sino, en muchos casos, imprescindible. La ONU funciona y funciona bien, creo, pero su problema es que, creada en teoría para expandir la democracia por todo el mundo entre otros fines, no es democrática, no se creó democrática, sino siguiendo la ley del más fuerte, de los cinco más fuertes (o mejor situados por diferentes razones) en el momento de su creación.
Y de aquellos polvos, vienen estos lodos. Juez y parte.
Especulemos. Quizás fuese pertinente suprimir el Consejo de Seguridad y dejar que las soluciones las aportase la Asamblea General mediante consultas internas y decisiones por mayorías. Sin sanedrines ni burós selectivos. Como en cualquier parlamento democrático, vaya. Con capacidad de resoluciones de obligado cumplimiento, tanto para los afectados como para los propios miembros de la Asamblea. Con financiamiento proporcional según la regla de que quien más tiene, más paga.
Se alega que, “se perdería eficacia y agilidad”. ¿No hace perder eficacia la capacidad de veto, la decisión de un solo país, que además suele tener intereses propios en los temas a debatir? ¿Es eficacia y agilidad que el conflicto en Palestina lleve activo ya más de un siglo? ¿No debería la política servir para combatir y compensar los abusos de los poderosos, de los económica, financiera y tecnológicamente (más) poderosos?
