Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
El martes 3 de septiembre ha culminado la renovación del Consejo General del Poder Judicial mediante la elección de su Presidenta. Es una buena noticia, porque la arquitectura constitucional del Estado vuelve a estar completa tras tantos años de boicot por parte de la derecha política y de la derecha judicial. Los ciudadanos esperan de este Consejo que cumpla sus funciones de órgano de gobierno del Poder Judicial y que corte la tremenda politización que ha llevado a este Poder a actuar como instrumento de oposición contra el Gobierno. No será tarea fácil porque han sido muchos años de manipulación de una minoría judicial en beneficio de la derecha política, pero ya se puede intentar.
La idea de que el Poder Judicial es un Poder neutro, que sirve para administrar Justicia y para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, ha tardado mucho en asentarse. En la Edad Media y en el Antiguo Régimen la imagen de los Jueces y de la Administración de Justicia (todavía no se hablaba de Poder Judicial) era la de un ente que estaba al servicio del Poder político y económico, y por ello nada favorable a los intereses de las clases populares. Éstas, durante muchos siglos, sólo han conocido la labor de los Jueces desde la perspectiva penal, es decir, represiva, en tanto que la dimensión civil de la acción judicial quedaba reservada para las oligarquías y las clases medias, que necesitaban un instrumento jurídico que resolviera sus conflictos de intereses. Sólo con Locke y con Montesquieu se empieza a concebir el Poder Judicial como un órgano al servicio de la sociedad y no del Rey, y esa idea se expresa jurídicamente en la Constitución de Estados Unidos en 1786 y en las primeras Constituciones francesas a partir de 1791. Dicho en pocas palabras, ha sido necesario el transcurso de muchos siglos para que los ciudadanos hayan visto en el Poder Judicial un instrumento de garantía y no de mera represión, y en España todavía hemos tardado más a causa del alineamiento de los Jueces con la dictadura, a la que la mayoría sirvió fielmente.
Ha sido necesario el transcurso de muchos siglos para que los ciudadanos hayan visto en el Poder Judicial un instrumento de garantía y no de mera represión
Viene a cuento esta reflexión a la vista de la instrucción del Magistrado Peinado contra la esposa del Presidente del Gobierno y contra quienes se han relacionado con ella por motivos profesionales. Estamos ante un caso en que una debilísima denuncia penal ha determinado que un Juez (oportunamente situado en un Juzgado de lo Penal) ha abierto una causa general para investigar toda la actuación profesional de la esposa del Presidente del Gobierno a ver si encuentra algún compartimiento delictivo. Con ese tipo de procedimiento inquisitorial y pre-liberal, que fuerza a las personas a demostrar su inocencia antes de conocer la acusación, se consiguen dos cosas. En primer lugar, poner al Presidente del Gobierno y a su familia en la picota de los acusados, pues ese es el primer objetivo de la operación, que la opinión pública crea que el Presidente y su familia han delinquido. En segundo lugar, se trata de cortar las legítimas actividades profesionales de la esposa de Pedro Sánchez mediante una operación de acoso a las personas con las que se ha relacionado (incluyendo, nada menos, que al Rector de la Universidad Complutense) con lo que se lanza el mensaje de que una persona (en este caso, Begoña Gómez) no es fiable y hay que evitarla porque su trato profesional acaba conduciendo a los Tribunales. Y todo ello por acordar con una Universidad la organización de unos cursos similares a los que, por docenas, organizan todas las Universidades.
Es posible que cuando empiece a funcionar el Consejo General del Poder Judicial, y también sus servicios de inspección, la presión política contra el Gobierno empiece a disminuir
Lo preocupante de esta persecución es la implicación de ciertos miembros del Poder Judicial en una operación de derribo del Gobierno de la nación. A la derecha política se le ha llenado la boca en los últimos años denunciando la politización de la Justicia sólo por el hecho de que la totalidad del Consejo General del Poder Judicial es elegido por el Parlamento en lugar de ser elegido por los propios Jueces, como si se tratara del comité de empresa del Poder Judicial, pero lo cierto es que la politización la ha inducido la propia derecha al dar la orden de utilizar a ciertos Jueces contra el Gobierno. Aquí tenemos, con la acusación contra Begoña Gómez, un ejemplo muy preocupante de esa politización, pero no es la única y hasta alguna Sección de la Sala tercera del Tribunal Supremo se ha prestado a hacer oposición.
Pero también es muy preocupante la débil reacción de los órganos situados por encima del Juez instructor que todavía no han dado solución a una cuestión cuya simplicidad jurídica está clara pata los profesionales. ¿A qué esperan los Tribunales de la Comunidad de Madrid a los que, por diversas vías, se han dirigido Begoña Gómez y Pedro Sánchez, para poner fin a esta operación política que desprestigia a todo el Poder Judicial?
Es posible que cuando empiece a funcionar el Consejo General del Poder Judicial, y también sus servicios de inspección, la presión política contra el Gobierno empiece a disminuir, pero hasta que esa presión no acabe los ciudadanos no pueden estar tranquilos porque ven que los instrumentos que la sociedad proporciona a los Jueces para que la defiendan se están utilizando con fines políticos para derribar a un Gobierno salido del Parlamento.
