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El informe internacional denuncia la falta de transparencia en las ayudas públicas a los sectores energéticos e industriales en España, de forma que se subestima el apoyo del Estado a las empresas fósiles
Un estudio presentado por la Red Europea para la Acción Climática (CAN) y el Instituto para el Desarrollo Exterior (ODI) analiza el estado de las subvenciones fósiles en once países de la Unión Europea (UE) mostrando que entre 2014 y 2016 se han destinado anualmente 112.000 millones de euros al apoyo de estas actividades perjudiciales para el clima. Una cifra que parece lejos del compromiso de la UE de retirar toda subvención fósil en 2020. En España la cifra se eleva hasta los más de 1.000 millones de ayudas estatales.
Este mismo informe señala que 4.000 millones de euros son subvenciones directas financiadas por el presupuesto comunitario. Así, a nivel europeo el sector más favorecido es el de transporte, que recibe 49.000 millones de euros en ayudas, seguido de la industria, que obtiene unos 15.000 millones. Cabe destacar además que, a pesar de que la ciencia indica que se ha de mantener una gran parte de los combustibles fósiles sin explotar, países como Reino Unido o Francia se han gastado 253 millones de euros en la búsqueda de nuevos yacimientos fósiles.
El sector más favorecido es el del transporte que recibe 49.000 millones de euros en ayudas
Respecto a la situación del Estado español, las organizaciones firmantes señalan en primer lugar cómo la falta de un inventario de las subvenciones a los combustibles fósiles u otras ayudas perjudiciales para el clima imposibilita el control de estos incentivos a las emisiones de carbono. Esto contrasta con la situación de países como Alemania, con mayores grados de transparencia.
Por tanto, se hace difícil evaluar si el Gobierno español está en el camino de la eliminación de los subsidios fósiles o si dispone de alguna hoja de ruta en este sentido. Debido a esta falta de transparencia, el estudio no ha encontrado la información necesaria del 56% de las herramientas fiscales y del 20% de proyectos fósiles financiados con recursos públicos.
El documento también señalan la necesidad de terminar con esta financiación generadora de cambio climático si se quiere limitar el incremento de la temperatura global a 1,5ºC. Entre estas ayudas destacan los entre 31 y 75 millones de euros que se destinarán hasta 2018 para cubrir las pérdidas de la no competitiva industria del carbón. Del mismo modo, se destinan unos 470 millones de euros anuales a los pagos por capacidad para centrales eléctricas. De hecho, según los reguladores, un 80 % de las centrales de gas serían inviables sin estas ayudas. Las exenciones fiscales a los combustibles fósiles de los sectores mineros y agrícolas hacen que el estado dejase de recaudar 380 millones en 2014, lo que sucede también en el sector marítimo, ferroviario y aéreo donde las exenciones de impuestos suponen 339 millones de euros anuales.
Unas ayudas a los fósiles que se extienden más allá de nuestras fronteras. Sin ir más lejos, la Compañía Española de Seguros de Crédito la Exportación ha apoyado con una media de 56 millones anuales proyectos petroleros y gasísticos. En concreto los países beneficiarios de este apoyo son Angola, Costa Rica, Rumanía y Turquía.
En opinión de las organizaciones firmantes el Gobierno español debe acelerar la desinversión en estas tecnologías fósiles, reorientando estos fondos para el desarrollo de un sistema energético 100 % renovable. Este informe viene a demostrar cómo aún el Estado español sigue favoreciendo los intereses de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Las organizaciones recuerdan también las miles de personas e instituciones que ya se han posicionado en favor de un movimiento por la desaparición de este apoyo económico y financiero. Unas ayudas que están protegiendo empresas altamente contaminantes e impidiendo el necesario desarrollo de las energías renovables.