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El 4 de julio del 2017 se aprobó la ley que restituye la legalidad republicana, con motivo de la reparación jurídica de las víctimas del franquismo y que ya he comentado en varios artículos.
Han pasado siete años y se ha montado un inmenso laberinto que, a día de hoy, no se sabe cómo acabará.
Quiero centrarme en resaltar que todos los partidos políticos que estaban representados en el Parlament, presidido por Carles Puigdemont, incluido el PP, votaron a favor de una Ley que declaraba ilegales a los tribunales franquistas y a sus consejos de guerra, y anulaba todas sus sentencias. Posteriormente, el 21 de julio, fue publicada dicha ley en el BOE.
Nadie la recurrió ni dijo que fuera inconstitucional, y siguió con su desarrollo, haciendo un listado de víctimas del franquismo, que se puede consultar en internet. El siguiente paso, la reparación, sólo tiene carácter moral.
En su momento, resalté las similitudes de lo que había ocurrido con la derogación del Estatut de Catalunya, de 5 de abril de 1938, por una ley ilegal franquista, firmada por Ramón Serrano Suñer, y la disolución de la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), el 19 de mayo de 1938.
Ambos casos son similares, pues tanto el Estatut y la Generalitat estaban funcionando en los territorios republicanos catalanes, como la JAE siguió activa hasta el final de la guerra, en abril de 1939, entre las ciudades de Madrid, Valencia y Barcelona.
Incluso, se unieron la JAE y el Institut de Estudis Catalans, que dependía de la Diputación de Barcelona, para llevar a cabo sesiones en donde participaron grandes personalidades de la Cultura y la Ciencia catalanas, como Pompeu Fabra, y que podemos comprobar en las actas que se conservan.
El Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC), institución que se quedó con el patrimonio de la JAE, por una ley de noviembre de 1939, hace justo un año, hizo un acto de justicia y reparación en su campus de Madrid, a los científicos represaliados por el franquismo, pero no podemos calificarlo como éxito, pues se quedó a medias, como la señalización del Claustro de la memoria democrática, que pertenecía al antiguo auditorio de la Residencia de Estudiantes; pero por lo menos lo intentaron.
Podemos concluir que, tanto el laberinto catalán, como el poderoso CSIC, siguen, tras largos años, tortuosos senderos, sin que sepamos con certeza, si llegarán a buen puerto, esto es, traer la III República española, pues tienen la verdad histórica de su parte, pero poderosos enemigos.
