La persecución judicial contra el presidente Sánchez
Necesitamos tu ayuda para seguir informando
Colabora con Nuevatribuna
Con pocos días de diferencia se han conocido varias noticias de contenido muy próximo: la imputación a la esposa del Presidente Sánchez, la imputación, por los mismos motivos, al Rector de la Universidad Complutense de Madrid, las diversas Sentencias del Tribunal Constitucional sobre los juicios de los ERE de Andalucía y, para acabar, la Providencia del Magistrado Peinado (padre de una Concejal del PP de la periferia rica de Madrid) para que el Presidente del Gobierno declare oralmente (y no por escrito, como corresponde por su condición de Presidente del Gobierno). Providencia que expresa toda la carga humillante que ya había desplegado el Magistrado en alguna resolución anterior.
La Providencia del Magistrado Peinado ha hecho saltar los diques que encauzan el ordenamiento jurídico y ha creado una grave crisis jurídica con gran incidencia política
Antes de comentar políticamente la última Providencia del Magistrado Peinado (se podría preguntar en los Juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid cómo lleva este Magistrado su Juzgado, especialmente en plazos de resolución de los asuntos), hay que recordar que, al fin, el Tribunal Constitucional ha subsanado las dos Sentencias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo que habían condenado a graves penas a varios Consejeros del Gobierno andaluz por el “delito” de aprobar un proyecto de ley de presupuestos para su remisión al Parlamento de la Comunidad Autónoma. Cuando se dictaron ambas Sentencias, algunos juristas (Javier Pérez Royo, Tomás de la Quadra-Salcedo, quien firma este artículo) ya señalamos la aberración, la dimensión torticera de unas Sentencias que se inventaron un tipo penal inexistente y judicializaron actos políticos jurídicamente neutros que no podrían generar ninguna responsabilidad penal para quienes los adoptaran. Hacía años que algunos de nosotros habíamos destacado el carácter de persecución política contra el PSOE en el caso de los ERE, en una trayectoria que iniciaron José María Aznar y Alianza Popular con el caso de Demetrio Madrid en 1986. Se vio entonces que la derecha española no tenía inconveniente en lanzar falsas acusaciones de delitos contra los gobernantes de la izquierda, acusaciones que gracias a la colaboración (por no decir complicidad) de algunos Jueces, se convertían en un medio muy eficaz de tumbar Gobiernos por medios espurios. El Tribunal Constitucional ha restablecido en sus derechos vulnerados a los condenados por el caso ERE, pero esas Sentencias liberadoras han dejado un regusto amargo a todos los demócratas porque son la confirmación de la actuación política de una parte del Poder Judicial que, claramente escorado a la derecha, desde la década de los ochenta cada vez practica más la labor de destrucción de los Gobiernos de la izquierda en este país.
El último ejemplo del trabajo de destrucción de Gobiernos por medios judiciales ha sido la reciente Providencia del Magistrado Peinado para someter a interrogatorio al presidente del Gobierno en calidad de testigo. Vistas las anteriores actuaciones de este Magistrado, pocas dudas puede caber de que para este Juez la convocatoria como testigo es la antesala de la declaración de una persona como imputado, si bien, en este caso, esa imputación no está a disposición del Magistrado, sino que por la condición doble del Presidente Sánchez (miembro del Gobierno y Diputado), la imputación correspondería al Tribunal Supremo previa autorización del Congreso. Si no fuera por ese gran óbice procesal, Pedro Sánchez podría salir del interrogatorio en condición de imputado.
Si la Audiencia Provincial de Madrid actúa conforme a Derecho, la Providencia del Magistrado Peinado ha de ser anulada, pero la conjura contra el Gobierno ha prendido en todas las instancias judiciales
Sin embargo, la Providencia del Magistrado Peinado ha hecho saltar los diques que encauzan el ordenamiento jurídico y ha creado, a mi juicio, una grave crisis jurídica con gran incidencia política. La crisis estrictamente jurídica se ha explicado en los medios de prensa honestos (ABC, El Mundo y La Razón han dado versiones tergiversadas que confunden a sus lectores), es una nueva extravagancia judicial, como dijo El País en su editorial del 23 de julio, y su explicación ha de ser muy rápida. Si el Presidente había de conocer alguna actuación fraudulenta de su esposa, esa actuación tiene un punto de conexión con su condición de Presidente, por lo que su declaración como testigo debería hacerse por escrito, y no con la absurda parafernalia que ha preparado este Magistrado: ya tiene delito encargar a los servicios de la Presidenta Díaz Ayuso (y no a los del Consejo General del Poder Judicial) que inspeccione la informática de la Moncloa. El Magistrado Peinado pretende que la declaración (o su negativa) del Presidente Sánchez, se grabe y (sin confesarlo) se difunda, con la carga de reproche y descrédito que tienen estas conductas ante la opinión pública. Adicionalmente, someter al Presidente a la humillación de ser inspeccionado por los servicios de Díaz Ayuso.
Tales aberraciones procesales (que no tienen respaldo en la legislación vigente) deberían ser anuladas por el Tribunal Superior al Magistrado Peinado. Pero hoy todo es dudoso. Por poner un ejemplo, si el asunto se recurriera ante cierta Sección de la Sala Tercera, con seguridad daría la razón al Magistrado en su operación, pues hay una Sección que, por motivos personales de alguno de sus miembros, ha declarado la guerra al Gobierno. Si la Audiencia Provincial de Madrid actúa conforme a Derecho, la Providencia del Magistrado Peinado ha de ser anulada, pero la conjura contra el Gobierno ha prendido en todas las instancias judiciales y no es posible saber si un asunto va a caer en manos de Magistrados politizados que han dejado el Derecho por la política.
El nuevo Consejo tiene que amparar a las víctimas de estas operaciones desestabilizadoras a las que se arrastra ante la opinión pública cuando no a alguna prisión
Pero más allá de los perfiles jurídicos de la operación, hay un hecho político que conviene señalar. En la opinión pública progresista empieza a calar la idea de que hay una conjura judicial contra el Gobierno. Mejor dicho, hay la enésima conjura de la derecha que, al fracasar en las elecciones a Cortes de hace un año, ha elegido la vía judicial, no de oposición (que ya sería grave), sino de destrucción del Gobierno. Y esa inquietud se cierne sobre toda la carreta judicial, a la que la opinión pública progresista empieza a mirar con la misma desconfianza que la opinión pública progresista de 1931-1936 miraba (con razón) a las Fuerzas Armadas. El tema es grave porque el Poder Judicial se mezcla en política (la politización que con tanto cinismo denuncian la derecha política y la derecha judicial) y porque la conducta desestabilizadora de una minoría impregna la imagen de toda la carrera judicial.
Por eso la primera labor del próximo Consejo General del Poder Judicial ha de ser encauzar este Poder hacia vías democráticas, no desestabilizadoras. El nuevo Consejo tendrá que ejercitar sus funciones disciplinarias para que las conductas que salen de la función jurisdiccional y se enmarcan en la lucha política tengan el necesario correctivo. No se puede utilizar la toga contra el Gobierno legítimo y que la operación no tenga ningún coste para sus autores. El nuevo Consejo, de consuno con el Gobierno, ha de tipificar conductas desestabilizadoras por parte de los titulares de ciertos poderes públicos y llevarlas al Código Penal. Y, sobre todo, tiene que amparar a las víctimas de estas operaciones desestabilizadoras a las que se arrastra ante la opinión pública cuando no a alguna prisión. Una labor de limpieza, de reconducción de cauces que nunca debieron desbordarse que tardará tiempo, pero que debe iniciarse el mismo día en que se constituya el nuevo Consejo.