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Algunos jueces mediante farragosas e incomprensibles instrucciones, inconscientemente o no, están mostrando sin pudor las vísceras del sistema de la Transición que nació del gran equivoco estratégico postfranquista de confundir dolosamente la democracia participante con la democracia participada. La Transición no se compadece con la tragedia griega. El éxodo del héroe, el reconocimiento de sus errores y su castigo, que debía conducir a la catarsis, la purificación y el aprendizaje del espectador colectivo (la polis) no se reconoce en el régimen del 78, ya que lo que realmente hayamos en este sistema político es un precipitado estructural del carpetovetonismo castizo que representa el franquismo que no es otra cosa que la historia de una perversa felonía contra el pueblo español, un artefacto engañoso muy adaptativo a las circunstancias pero sin perder nunca su carácter autoritario y fatalista. Y es que la Transición no fue el instrumento para superar el franquismo sino para consolidar el franquismo sin Franco, el franquismo sociológico.
Algunos jueces mediante farragosas e incomprensibles instrucciones, inconscientemente o no, están mostrando sin pudor las vísceras del sistema de la Transición
Y una de las consecuencias vertebrantes de la cochura sistémica puesta al servicio de la derecha y sus élites hegemónicas es la abolición de la política. Fuera de la política los disidentes o adversarios, se convierten en sediciosos o delincuentes. Lo peor de todo es que está solución es aplicable a cualquier ámbito de la vida pública de la cual queda abrogada la polémica en su sesgo más dialéctico y político. Sin embargo, como advertía Gerald Brenan, sobre la soluciones manu militare en las crisis de la Restauración canovista, tan parecidas a las actuales, “pero no se podía dejar de percibir como hacía falta, a medida que pasaba el tiempo, cada vez una cantidad mayor de fuerza para conseguir los resultados apetecidos.” Y, por consiguiente, unos mayores déficits democráticos para mantener la ley y el orden sistémico. Los delitos siempre han tenido mala fama. Mientras que las soluciones políticas requieren inteligencia y racionalidad, además de una comprensión emotiva del problema y, sobre todo, la posibilidad de que nuestra opción o la que conviene a nuestros intereses, no sea la más acertada o a un nivel polémico de igualdad, la del adversario político sea dialécticamente más convincente. Sin embargo, ¿quién no va a estar de acuerdo en que se aplaste la delincuencia? Cuando hemos situado el problema en el ámbito del código penal y al adversario en el espacio del delito, ya no hay opciones, sólo condena, penitencia y la ley como castigo. Este fenómeno reaccionario ha reconstruido los añosos paradigmas mentales del franquismo que sirvieron como instrumento de represión ideológica. Sus efectos fueron excluyentes, criminalizando al opositor político al convertirlo en enemigo de España, alzando contextos de buenos y malos españoles para resituar y reducir al adversario en la vida pública a escenarios delincuenciales y de marginalidad. Por ello, las minorías influyentes están implementado como respuesta a la decadencia del régimen de poder una redefinición de la violencia simbólica, en los términos conceptualizados por Pierre Bourdieu, fundamentada en la abolición de la política y la criminalización del disidente.
La inexistente división de poderes, la influencia autoritaria de las élites, suponen tal exceso de adherencias absolutistas que la democracia se hace difícil y lejana
Si a nuestro adversario político no lo podemos vencer en las urnas podemos conseguir que un juez mediante nuestra denuncia lo siente en el banquillo, ¿Quién votará a un delincuente? ¿Quién podrá demostrar que los que realmente están delinquiendo es el denunciante y el juez? Un juez, según su jurisdicción, puede decidir sobre cuantías económicas, enviar a un ciudadano a prisión provisional o liberarlo, condenarlo o absolverlo… Centrándonos en la jurisdicción penal, los magistrados deciden sobre nuestro honor, patrimonio y libertad. Y en un mismo caso, un juez puede dictar una resolución y otro la contraria, con los mismos presupuestos. Con ese poder un juez haciendo política es algo que debería inquietar a todos los ciudadanos, porque la abolición de la política, la criminalización del disidente, la imposibilidad de profundizar en la democratización institucional y la reforma del Estado conducente a ubicar los intereses de las mayorías sociales como elemento axial de la vida pública, la inexistente división de poderes, la influencia autoritaria de las élites, suponen tal exceso de adherencias absolutistas que la democracia se hace difícil y lejana.
