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Cuando decimos España, hablamos de Estado español, gobiernos de este Estado y ciudadanía. Y como los dos primeros estamentos deciden sobre el resto de nosotros en teoría deberían ser elegidos cada uno para velar por nuestro bien, único cometido que justificaría su existencia. Pero no es así, claro.
Esta monarquía española amparada por una Constitución ad hoc, nos fue impuesta por un régimen criminal y dictatorial fascista cuyos nostálgicos nietos pretenden resucitar al general golpista con la para ellos inestimable ayuda de prensa y tv mayormente reaccionarias, un poder judicial caducado abiertamente rebelado contra su renovación, que cuenta con la simpatía de no se sabe cuántos jueces y fiscales en todo el país, y el activismo de organizaciones fascistas hermanas y hasta con banda sindical o pieza de fragua que vienen acosando a personalidades de la izquierda que todos conocemos y al mismo presidente del Gobierno y su familia. Se puede decir, por tanto, que el techo de la casa democrática española tiene tantas goteras que amenaza lluvia y peligro de derrumbe entre ellas la de un índice de paro del 12,29% este último trimestre, que servirá para aumentar la longitud de las colas del hambre que sustituyen a aquel famoso Auxilio Social del antiguo Régimen.
El rey, sin embargo, estaría a salvo de todo eso, porque los reyes viven flotando y con paraguas sobre las tormentas políticas. Vive al margen de los procesos electorales, que sería lo suyo en un país moderno. La monarquía restaurada sin el beneplácito expreso de la voluntad popular, se mantiene entre nosotros por herencia genética como siempre, pero lo que era normal en épocas históricas pasadas cuando se decía que un rey era rey por la voluntad de Dios, resulta hoy una institución fósil y con vocación de fósil. Además de que nos sale muy cara a los españoles, no vemos su utilidad pública para el común, a no ser que inaugurar exposiciones, dar premios, presidir desfiles, asistir a partidos de fútbol donde se juega la copa del rey, viajar a un país extranjero representando a España y tener- presuntamente- actividades relacionadas con el mundo empresarial de cuyos resultados ni beneficios si los hubiere no tiene que dar cuenta al gobierno ni a la masa de sus súbditos forzosos, obligados a pensar los distraídos y biempensantes, que todo eso que hacen los reyes es por nuestro bien, dogma de fe que añadir a los del Vaticano que aún siendo monarquía con solera hasta fascistoide, es electa al menos por alguien vivo aunque sea por la clase privilegiada del alto clero. Pues aquí ni eso y aunque también tengamos alto clero, el nuestro es de los más ejemplares por sus virtudes democráticas, su alejamiento del poder monárquico y su austeridad cristiana. Y ahora hablemos del gobierno.
En cuanto a los diversos gobiernos de quita y pon cada cierto tiempo, ellos, sí, tienen el deber de representar al pueblo, velar por sus intereses, estar atentos a sus necesidades de libertad, salud, educación, bienestar y protección, lo que solo es posible al distribuir con justicia las riquezas de la nación. ¿Lo hacen los gobiernos españoles? Estamos esperando saber cuántos miles de millones andan en islas paradisiacas, a cuánto ascienden los robos a la Hacienda pública y a cuánto asciende el importe del trabajo horas extras sin pagar, entre otros jugosos datos, para calcular cuánto se nos debe a los españoles, y que sumado todo y repartido a tocateja inspiraría para celebrar en todo el país la primera Fiesta del Orgullo Patrio. Con esto sí se podría hablar de igualdad entre los españoles, de justicia nacional, de libertades personales, de democracia plena, porque habría un trato sin clases sociales por medio, sería - una sola clase y todos con un trato justo. Un trato justo sería que cada ciudadano-a estuviese atendido-a en sus necesidades proporcionalmente a sus necesidades, desde su nacimiento hasta su muerte bajo el paraguas de su estado protector. Gobierne quien gobierne, la justicia se defiende y debe ser igual para todos, pero de verdad y no según y para quién. No a favor de banqueros, terratenientes, fondos de inversión, evasores fiscales y políticos oportunistas y corruptos de su bando. Eso, claro está, exige jueces justos que no militen en política; jueces que no pongan obstáculos a las leyes justas que favorezcan el bien del pueblo, a leyes que favorezcan la igualdad entre los ciudadanos sin que los más ricos resulten favorecidos, sino al revés: el que más tenga deba poner más en justa solidaridad con los que menos tienen, como ocurre en los líquidos con los vasos comunicantes. Si eso funcionara así porque los ciudadanos exigiesen que así fuese, se podría decir que viviríamos en un país solidario con una democracia plena ¿Es así? ¿Es España todo eso? Decida usted la respuesta, amigo lector.
