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Eckart Leiser |
Llarena, Castellón y ahora Juan Carlos Peinado: cambian los jueces que actúan como comandantes del «lawfare». Estos días, el Congreso español por fin ha aprobado con mayoría absoluta la ley de amnistía en relación con el referéndum independentista de 2017 no conforme a la ley. Poco antes de la votación, un diputado del partido fascista Vox intentó reventar la sesión con un comportamiento provocador llamando a gritos «traidor» al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, motivo de su exclusión de la sesión. Sin embargo, esto podría haber sido un pretexto para que la oposición abandonara el Parlamento y se impugnara la validez de la votación.
Pero en lugar de respetar la decisión mayoritaria y democrática del Congreso, la oposición derechista y fascista está haciendo todo lo posible para impedir su aplicación. Y la ley aún no es jurídicamente vinculante, ya que primero tiene que ser refrendada por el rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es bien posible que el Rey Felipe VI, que no oculta su oposición a la amnistía, deje pasar al menos los 14 días que le concede la Constitución antes de firmar la ley. En caso de que lo haga, la oposición ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional y, en función del ambiente político del país tras las elecciones europeas, pedirá una moción de censura para derrocar al Gobierno. Y la oposición está haciendo todo lo posible para exacerbar los ánimos.
Las elecciones europeas fueron una buena oportunidad para ello. El cartel electoral del partido derechista PP, pegado por todos los espacios públicos, rezaba, sobre una multitud que protestaba: «Tu respuesta: vota PP». No faltaron aliados en esta campaña: Todas las tardes, opositores al gobierno, convocados por activistas católicos de derechas, se reunían frente a la sede del partido socialista en Madrid para «rezar el rosario». En realidad, la legislación española prohíbe este tipo de acciones en los últimos días antes de las elecciones reservados a la «reflexión», pero esta vez la justicia dio luz verde alegando la «libertad de expresión». Detrás de estos «patriotas del rosario» se posicionaron los jueces del «lawfare», cuyo protagonista es actualmente el ya mencionado Juan Carlos Peinado.
Éste ha elegido otro frente para la lucha contra el Gobierno de izquierdas, a saber, una imputación contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno Pedro Sánchez, por corrupción y tráfico de influencia. La imputación se basa esencialmente en unos recortes de prensa, entre ellos una notariamente falsa noticia en la que se confundía a la esposa del jefe del Gobierno con otra persona del mismo nombre. Desde el principio, el juez no hizo ningún esfuerzo por ocultar su parcialidad. Impuso el „secreto de sumario“, lo que impidió a la representación legal de Begoña Gómez acceder a la investigación. Una queja en este sentido del fiscal José Manuel San Baldomero quedó sin respuesta, pero poco después el «secreto de sumario» fue levantado por Peinado. No obstante, se desestimó la solicitud del fiscal a la instancia superior para que se archivara la causa por falta de fundamento. Más tarde, el juez prohibió a un testigo interrogado por el fiscal responder a sus preguntas, etcétera. Ni siquiera una investigación de la «Guardia Cívil» encargada por el mismo juez Peinado, que no encontró indicios de conducta delictiva por parte de Begoña Gómez, le impidió imputarla. La citación para el interrogatorio se anunció, además, pocos días antes de las elecciones europeas: una ruptura del tabú respecto a la habitual abstinencia política de la judicatura.
La carta abierta de Pedro Sánchez de hace poco más de un mes, en la que contemplaba una posible dimisión con motivo de la cacería contra su mujer, hizo que los «medios cloaca» ejercieran cierta moderación durante un breve espacio de tiempo, pero a esta moderación le ha seguido ahora una campaña aún más salvaje. Pedro Sánchez ha respondido ahora con otra carta abierta, probablemente con la esperanza de que esto pudiera ayudar a movilizar a sus simpatizantes.
Mirando los resultados de las elecciones europeas se confirma que el ataque masivo sí tuvo efecto: la extrema derecha ganó terreno
Mirando los resultados de las elecciones europeas se confirma que el ataque masivo sí tuvo efecto: la extrema derecha ganó terreno. Pero si el plan de Alberto Núnez Feijóo, lider del PP, partido de la derecha, fue conquistar la Moncloa mediante estas elecciones, falló estrepitosamente: Su Partido Popular se tragó a Ciudadanos, el partido „rival“ de la derecha moribundo ya, y poco más. Por otra parte los partidos de la izquierda sorprendentemente resistieron más o menos. Pero los fascistas y „Se acabó la fiesta“ un nuevo partido de la extrema derecha, vivían un auge espantoso. Feijóo, que nunca destacó por su inteligencia estratégica, no entendió que desmontar las instituciones democráticas (por ejemplo CGPJ) no es suficiente para hacerse presidente.
No obstante, el futuro del Gobierno de izquierdas parece sombrío, sobre todo porque al ataque masivo exterior se suma la desintegración de su base de apoyo: Tras la victoria del partido socialista en Cataluña en las últimas elecciones regionales de mayo, Puigdemont, que sigue en el exilio, intenta por todos los medios salvar su futuro político como presidente del gobierno catalán y convencer al posible socio de coalición de los socialistas, el partido independentista «Izquierda Republicana», que sufrió una derrota electoral masiva, para que le apoye a forzar nuevas elecciones. Esto podría llevar a un desastre aún mayor para el proyecto independentista catalán y, casi con toda seguridad, al fin del gobierno de izquierdas en Madrid.
