La criminalización de la pobreza es el sello de una derecha que avanza prepotente contra los más débiles, en pos de proteger los intereses de la repulsiva y dominante casta.
Los Técnicos de Hacienda advierten que el “agujero” en 35 capitales y ciudades de más de 150.000 habitantes superará el 20% de los ingresos por este impuesto.