El sistema capitalista tiene una premisa que ha funcionado en los últimos 200 años. El crecimiento económico solo es posible a través de la generación de riqueza: fue así en el pasado cuando, en Inglaterra, la revolución agrícola generó un excedente que permitió crear las primeras industrias a domicilio y, después, el capitalismo industrial basado en la introducción de la fábrica como espacio productivo. Todo ello, exigía libertad, pero especialmente responsabilidad en la administración de las rentas y los beneficios, esto es, lo que Marx definió como la acumulación del capital. Fue precisamente el socialismo democrático el que mejor tuvo presente esta relación de dependencia entre la necesidad de generar un mercado sostenible capaz de producir beneficios y la distribución de la riqueza entre los ciudadanos que, en buena medida, revierte en el Estado.
Berntein, fue el primero que dejó explicitado el hecho de que el capitalismo por sí mismo, no se derrumbaría porque es un sistema tan dinámico que es capaz de detraer recursos y añadirlos en diversos sectores productivos que, aunque generen desequilibrios, contribuyen a que aumente la productividad y por lo tanto, a que la economía crezca. Es importante la aportación del político inglés, puesto que, como ha escrito Stedman Jones, en Inglaterra, el concepto de clase siempre ha estado inserto no tanto a una concepción marxista estática, sino en función de las condiciones reales de la economía y de la política. Por este motivo, Bernstein comprendió que el capitalismo no era más que el resultado de unas relaciones sociales de producción, por supuesto, pero éstas podrían variar en función de la situación que la política y las condiciones económicas y técnicas pudieran generar. De este modo, la misión del socialismo era optimizar los recursos disponibles de manera equilibrada en cada momento. De ahí nació la idea de socialismo asistencial que puso en práctica primero Beveridge y, más tarde, con gran entusiasmo, el Partido Laborista con Clement Atlee. El problema que tenían las economías del Antiguo Régimen era precisamente éste; los excedentes que generaba el campo eran insuficientes cuando se producía una crisis en la producción.
Ahora, el sistema de economía financiera desregulado está generando desequilibrios muy serios en la acumulación del capital y, esto está provocando crisis económicas en las empresas y que los ciudadanos se ven privados de poder acceder a los recursos que antes disponían: no solo en bienes de consumo o de equipo, sino de los recursos que el Estado ofrece como garante de la equidad. Así lo pone de manifiesto Donald Sasson cuando expone las dificultades que tuvo el gobierno de Callaghan para afrontar la crisis del petróleo de los años 70 y que acabó con su salida. Mucho ha cambiado desde entonces la economía y varias han sido las limitaciones al Estado del bienestar: el Gobierno actual de Cameron no ha dejado de subir las tasas a los estudiantes, ha recortado el sueldo de los funcionarios, ha aumentado la jornada laboral a los trabajadores, etc. Sin embargo, hay también en Inglaterra un propósito de fomentar el ahorro para crear nuevos espacios para la inversión; una prueba de todo ello, es el sistema público de salud, que ellos mismos consideran la joya de la corona en donde, por ejemplo, el precio de los medicamentos está controlado por el Estado. Lo cual es un simple ejemplo de una relación ordenada entre política y economía, donde, la primera, dirige la segunda.
La empresa, en el sistema de economía de mercado, tiene una responsabilidad y una función con el Estado y con los ciudadanos. Responsabilidad en el sentido de estimular la marcha de la economía. La empresa debe generar recursos y éstos deben canalizarse en los ciudadanos (a través de la libertad de consumo, de ahorro o de inversión), y también al Estado, como administrador público, pero también, por supuesto, para que éste ejerza su función como generador de valor añadido. Se entiende por valor añadido todo aquello que pueda crear recursos en el sistema económico, esto es, todo aquello que pueda permitir equilibrarlo. De este modo, el Estado es también un empresario y debería contar con una administración basada en la competitividad justa ante las empresas y fomentar a aquellas que ejerzan con responsabilidad la generación de actividad económica y, éstas, a su vez, deben ser leales con la función de equilibrio de la economía que el Estado tiene. La crisis de modelo empresarial, está generando no solo un desequilibro en la acumulación del capital sino que está distorsionando las competencias y las relaciones que deben de darse con normalidad entre la empresa y el Estado. Cuando el Estado deja de ejercer su función de equilibrio y la empresa se comporta como mero suministrador de bienes más allá de su responsabilidad social, la economía deja de ser economía política.