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La encuesta de la empresa demoscópica 40dB, publicada en el diario El País el pasado domingo día 12 de enero, facilita una significativa radiografía de la opinión de los electorados respecto del nuevo Gobierno progresista de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y sus convergencias. Expone algunos datos complementarios respecto de las dos partes de mi amplio Informe basado en el Barómetro del CIS sobre las características de los electorados, en particular los progresistas (Ver primera parte y segunda parte).
Dos aspectos generales se pueden destacar. Primero, la fuerte división social existente respecto de la actitud ante el nuevo Ejecutivo plural, entre la mayoría de los electorados de las tres derechas, escéptica, y la mayoría de la base social de progreso, esperanzada. Segundo, aparte de la desconfianza de la gente votante a las derechas, estimulada por sus dirigentes a través de la estrategia de la crispación, es relevante la existencia de sectores socialistas y, en menor medida, de Unidas Podemos que consideran al Gobierno plural excesivamente dividido e incapaz de afrontar los grandes retos transformadores. Son temas para reflexionar. Veamos algunos datos.
La mayoría de la ciudadanía progresista (con algunos matices entre PSOE y UP), valora positivamente este Gabinete de coalición, confía en que dure y sea capaz de aplicar medidas de progreso. No obstante, es evidente la gran diferencia con la gente conservadora (con el extremismo de Vox), que opina todo lo contrario.
Así, en conjunto de la población, el 57% lo considera dividido y solo cerca del 30% cohesionado (el 13% no contesta). No obstante, tal como avanzaba, esas medias están sesgadas por la alta polarización de los electorados. Por un lado, el de las tres derechas lo consideran dividido en torno al 80% (y cohesionado en torno al 10%); mientras, por otro lado, en la base electoral de Unidas Podemos la gran mayoría (cerca del 75%) lo considera cohesionado -10% dividido- y en el caso de la del PSOE la distribución es: 55%, dividido; 38%, cohesionado.
No van a ser suficientes los cambios cosméticos o la simple retórica para legitimar su acción gubernamental
Es decir, los dos grupos políticos tienen una gran tarea comunicativa y política: desarrollar la necesaria imagen y, lo que es más importante, la dinámica unitaria (en la pluralidad y regulando las diferencias y los conflictos). Ambos la dicen compartir, y es lo que temen las derechas. Por tanto, deberán afianzarla, en particular entre una importante base socialista, más desconfiada.
Por otro lado, la valoración del Gobierno progresista de coalición es positiva o muy positiva para el 79,6% del electorado socialista y el 97,4% del de Unidas Podemos, mientras que para cerca del 80% de los electorados del PP y C’s es negativa o muy negativa (93% para el de Vox).
Más del 60% de la población apoya algunas medidas significativas anunciadas por este Gabinete, como mayores impuestos para las rentas más ricas y limitar la subida de los alquileres. Y más de un 44% de los ciudadanos respalda la mesa bilateral de diálogo sobre Cataluña frente al 32% que la rechaza. O sea, empieza su gestión con un gran apoyo social a algunas medidas de fuerte impacto simbólico y práctico.
Quizá lo más preocupante es la existencia de un cierto escepticismo en el conjunto de la ciudadanía sobre su capacidad para afrontar los grandes desafíos. El tema que más expectativas tiene es el de disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres (50%); y luego van bajando la confianza: en relación con la desigualdad social y la pobreza, 42%; el cambio climático, 38%; la mejora de la calidad de la educación 35%; el paro y la precariedad laboral, 34%; el conflicto catalán, 32,5%; el futuro de las pensiones, 32%; la dificultad de los jóvenes para emanciparse, 27%.
Esa opinión es de la media ciudadana; sin embargo, también está muy confrontada entre la posición de los electorados de las derechas, cuya mayoría dice que la capacidad gubernamental de afrontarlos es poco o nada (quizá confundiendo sus deseos con la realidad), y la mayoría de las personas votantes del PSOE y UP que dicen mucho o bastante.
No obstante, ese porcentaje relevante de cierto escepticismo en las propias bases sociales de izquierdas, que dan soporte de legitimidad al nuevo Gobierno de coalición progresista, forma parte de la realidad sociopolítica. Puede denotar su cierto realismo respecto de la correlación de fuerzas, la presión de los poderes fácticos y la actitud de bloqueo de las derechas; pero identifica el gran reto transformador del nuevo Ejecutivo. Significa también que no van a ser suficientes los cambios cosméticos o la simple retórica para legitimar su acción gubernamental.
Además, hay en torno a un tercio de votantes socialistas que cree que el actual Gobierno de Sánchez será breve (37,7%), estará dividido (38,2%) y tendrá escasa capacidad gestora (29,3%). No obstante, los porcentajes de las personas que declaran haber votado a UP son la mitad en los tres casos; dicho de otra forma, sus respuestas de confianza son mayores que las del electorado del PSOE. Así, consideran que va a durar más, que va a estar más cohesionado (y compatible con cierta pluralidad sin llegar a división) y con mayor capacidad de cambio.
Por el contrario, en el electorado de las derechas son mayoría las posiciones que dudan de esa permanencia y capacidad (o se oponen a ello). Es la opinión que sus dirigentes pretenden consolidar y ampliar, generando también mayor desconfianza en las bases sociales progresistas.
En definitiva, además de hacer frente a la oposición crispada de las derechas e impulsar un proyecto de cambio de progreso, con sabiduría, justicia, firmeza democrática y serenidad (las clásicas prudencia, justicia, fortaleza y templanza), el nuevo Gobierno progresista de coalición tiene dos grandes desafíos: forjar una dinámica unitaria, plural desde la lealtad al proyecto compartido, e iniciar unas reformas sociales y democráticas inaplazables. Estas, aunque sean parciales y lentas, deben prefigurar un compromiso real de cambio, democrático e igualitario, y un horizonte transformador. Ello permitirá una mayor conexión institucional con las mayorías sociales, facilitará la participación cívica y permitirá fortalecer el progresismo de izquierdas que garantice el cambio de ciclo político de progreso.
La pugna por la legitimidad de este proyecto democratizador y por la justicia social va a ser dura. Su fracaso abriría las puertas a la involución social y política. El desafío afecta a toda la ciudadanía progresista y de izquierdas. Con realismo, habrá que reafirmar el sí se puede.