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En diferentes ocasiones he realizado ejercicios de analogía histórica. Hoy lo voy hacer de nuevo. Mostraré la actuación de la derecha mediática y política después del triunfo del Frente Popular el 16 de febrero de 1936. A medida que voy conociendo los comportamientos de las derechas de aquel año, veo más semejanzas con la actuación de las derechas mediáticas y políticas actuales. Me limitaré a describir los acontecimientos de aquel entonces, para lo que me serviré de los artículos citados a lo largo de este escrito.
La idea fundamental de este artículo es clara: durante la primavera de 1936 la derecha política, económica y mediática construyó un discurso totalmente espurio para justiificar un golpe, recurriendo al caos, el desorden, la revolución comunista, la ilegitimidad del gobierno surgido del Frente Popular tras las elecciones de febrero de 1936.
Un historiador, como Eduardo González Calleja ya lo documentó con claridad meridiana en su artículo “Los discursos catastrofistas de los líderes de la derecha y la difusión del mito del ‘golpe de Estado comunista’”. El Argonauta español 13 (2016). Este artículo describe los acontecimientos de 1936 entre febrero, con el triunfo del Frente Popular y julio, con el golpe militar. Tras su lectura, insisto de nuevo, sorprenden las similitudes de la actuación de la derecha política y mediática de entonces con la actual. Nos dice González Calleja, durante la primavera de 1936, los voceros de las distintas formaciones de derechas, José María Gil Robles y, sobre todo, José Calvo Sotelo, en connivencia con la prensa monárquica, como el ABC o El Debate, señalaron la ilegitimidad del gobierno republicano surgido de las elecciones de febrero, cuestionando primero los resultados electorales del triunfo del Frente Popular, y luego denunciando dos aspectos clave e íntimamente relacionados en la mentalidad del conservadurismo español de los años treinta: su incapacidad para resolver el problema del orden público, que fue sobredimensionado por las derechas, y su papel como antesala de una acción revolucionaria de tipo comunista, pura invención de las derechas.
La fake news no son una novedad, ya las difundía la derecha española de tiempos de la Segunda República
En la misma línea está el artículo titulado: Desinformación contra la República: el ABC como colaborador y agitador del golpe de Estado de 1936. Fake news against the Republic: The ABC as a collaborator and agitator of the coup of 1936, publicado en HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea, Num. 20, año 2022 de Lucía Noguerales García, de la Universidad Carlos III de Madrid. El título es suficientemente explícito, y el título en ingles, me parece muy oportuno. Ahora que tanto se habla de Fake news, estas no son una novedad, ya las difundía la derecha española de tiempos de la Segunda República. Lo interesante del artículo de Lucía Noguerales es que estudia y documenta la actuación del periódico ABC, de inspiración monárquica y muy conservador. Trataré de reflejar lo fundamental de tal artículo, por otra parte espléndido, ejemplo de investigación histórica. Conviene que la sociedad española actual lo conozca y le sirva de motivo de reflexión para valorar la actuación política de nuestras derechas.
Durante el periodo de entreguerras —en España y en el ámbito internacional— se produjo una politización de la prensa, la cual destaca por sus contenidos políticos y propagandísticos sobre aquellos de interés propiamente periodístico. En la Segunda República muchos partidos tuvieron sus órganos oficiales, como es el caso de El Socialista, vinculado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Mundo Obrero, el órgano del Partido Comunista de España (PCE). Cabe señalar, por tanto, que el interés propagandístico y el tono de agitación no eran exclusivos de la prensa de derechas, pero ésta contaba con una ventaja importante y sustancial sobre la de izquierdas: era mucho más numerosa y contaba con un gran apoyo económico, poderoso y táctico.
Nos dice Lucía Noguerales que el papel de la prensa durante la Segunda República española no ocupa un gran espacio en la historiografía actual y, por el momento, los estudios publicados aportan detalles muy fragmentarios sobre el tema en cuestión. Hay ya algunas monografías dedicadas a algunas cabeceras concretas, como la de Víctor Olmos sobre el ABC, José María García Escudero sobre El Debate o la de Gil Toll sobre el Heraldo de Madrid, que presentan una panorámica descriptiva y no tanto analítica del papel de estos medios en la época objeto de nuestro estudio. A pesar de la relevancia de estas investigaciones, ninguna pone el foco en el papel de la prensa de derechas como agitador social y movilizador de grupos monárquicos y del ejército durante el último periodo republicano: desde las elecciones de febrero de 1936 hasta el golpe de Estado de julio ese mismo año. De ahí el interés en su estudio sobre el ABC del artículo de Lucía Noguerales.
- EL ABC
- Demonización del oponente
- Mito de la revolución comunista
- Orden público
- Exaltación de la violencia
- Fraude político
- Inconstitucionalidad de la República
- Rebelión contra el gobierno
EL ABC
Una breve historia sobre este medio. El ABC salió a la calle con periodicidad diaria por primera vez el 1 de junio de 1905. Su director, Torcuato Luca de Tena se planteó crear un diario que se distinguiera por ser, al mismo tiempo, gráfico, informativo, literario y, además, fácilmente manejable. Una de sus señas de identidad fue el seguimiento de la actividad real, junto con un acendrado conservadurismo que pronto se ganó las simpatías de la aristocracia, la alta burguesía, la jerarquía eclesiástica y parte del Ejército. Con la proclamación de la República, el ABC reafirmó la línea editorial mantenida desde su nacimiento, mostrando su completo apoyo a la monarquía: “Seguimos y permaneceremos donde estábamos: con la Monarquía constitucional y parlamentaria, con la libertad, con el orden, con el derecho [...] La Monarquía es el signo de todo lo que defendemos; es la historia de España”.
El ABC publicaba información falsa, magnificada o incompleta con el objetivo de apoyar a los sectores monárquicos
A lo largo de la primavera de 1936, coincidiendo con la victoria del Frente Popular el 16 de febrero, los líderes de derechas se encargaron de difundir un relato según el cual España estaba sumida en un ambiente de violencia desbocada y había un riesgo inminente de que se produjese un golpe de Estado comunista. Este discurso catastrofista, construido con el objetivo de demostrar la ilegitimidad del régimen republicano y conseguir la movilización necesaria para llevar a cabo el golpe de Estado, fue repetido incesantemente por los partidos de derecha, quienes hicieron de las Cortes un lugar contrario a la argumentación y encontraron en la prensa monárquica un altavoz donde pregonar su propaganda. Y a esta tarea de propaganda se sumó con auténtico frenesí el ABC, que era el de mayor tirada en la época, durante el último periodo de la Segunda República en tiempos de paz -desde las elecciones de febrero de 1936 hasta el golpe de Estado del 18 de julio de ese año- y se convirtió en agente movilizador de grupos monárquicos y del ejército, y que contribuyó al golpe de Estado. El ABC publicaba información falsa, no contrastada, magnificada o incompleta con el objetivo de apoyar a los sectores monárquicos, que se hallaban conspirando desde el momento de la proclamación de la República. Su intención era movilizar al ejército, demostrar a la sociedad que el ambiente socio-político había derivado hacia la violencia y, de esta manera, justificar la intervención militar para enderezar la situación boicoteando todo intento democratizador en España.
Lucía Noguerales ha realizado un análisis de esta tarea del ABC a partir de 177 noticias, editoriales, artículos de opinión, propaganda electoral y discursos políticos publicados en este diario entre el 6 de febrero y el 19 de julio de 1936. Durante la Segunda República este periódico era el de mayor tirada en España, pues llegó a sobrepasar los doscientos mil ejemplares, y, en consecuencia, de gran influencia. Por este motivo, se considera que esta cabecera es representativa de la tendencia ideológica y objetivos políticos que compartían otras cabeceras conservadoras.
Los resultados obtenidos de la investigación confirman el cumplimiento del conocido como “Decálogo de la propaganda de Josef Goebbels” escrito, sin embargo, por el psicólogo Leonard W. Doob, quien a partir de los diarios del Ministro de Propaganda nazi escribió un artículo donde resumía los principios básicos de la propaganda de Goebbels. Entre las características del decálogo se encuentran la localización de un enemigo al que convertir en objeto de odio, la exageración y desfiguración de cualquier hecho anecdótico para transformarlo en una amenaza grave o la continua repetición de ideas o slogans para que se consideren verdad. Se ha comprobado, igualmente, que el ABC desempeñó una función de agitprop, una estrategia política que utiliza la agitación a través de la propaganda para influir y movilizar a la opinión pública. El agitprop —cuyo término surge como abreviatura del Departamento de Agitación y Propaganda del Partido Comunista Soviético— era una táctica muy común durante 1920-1930, difundida a través de los medios de comunicación convencionales —prensa y radio— pero cuyo objetivo principal era dirigirse a las clases trabajadoras. Por tanto, utilizaba el teatro, literatura, panfletos o películas para llegar directamente al proletariado y provocar en él una respuesta. Aunque en un inicio el agitprop se relacionaba con el modelo propagandístico comunista, esta estrategia también era utilizada por movimientos conservadores y los principales grupos fascistas.
En el caso del ABC se observa cómo sus periodistas y colaboradores agitaron la opinión pública mediante el uso de diversas estrategias —demonización del oponente, difusión del mito de la revolución comunista, alteración del orden público, exaltación de la violencia, apelación al fraude político, alusión a la inconstitucionalidad de la República e incitación a la rebelión contra el Gobierno— para la realización y justificación del golpe de Estado franquista de julio de 1936. Vamos a ver cada una de estas estrategias.
Demonización del oponente
El ABC utilizaba como estrategia “la demonización del oponente” mediante incesante repetición de descalificaciones para presentarle como la personificación del mal
Previamente a los comicios del 16 de febrero de 1936, el ABC publicaba a diario numerosa propaganda electoral a favor de las candidaturas de derechas. La estrategia utilizada en artículos, imágenes y portadas era la que hemos denominado “la demonización del oponente” mediante incesante repetición de descalificaciones para presentarle como la personificación del mal. La propaganda construye al enemigo, lo llena de males basados en prejuicios y marcos mentales arraigados entre los destinatarios de esa propaganda. De esta manera, los votantes o afines a la candidatura del Frente Popular eran llamados “bolcheviques”, “ateos”, “revolucionarios”, “comunistas” “separatistas” o “anti-españoles”, y, por tanto, suponían una amenaza para la integridad y los valores de la “verdadera” España. El día 6 de febrero de 1936, el ABC publicaba la siguiente propaganda electoral:
“Si no votáis por España, no os quejéis luego si sucede la inmensa desgracia de que España caiga en el caos, en la disgregación y en el ateísmo. Los revolucionarios de izquierda no engañan: dicen que aspiran a repetir en nuestra Patria la revolución rusa y que “octubre" no fue más que un ensayo. ¡Votad contra la revolución y contra sus cómplices y encubridores!”.
El discurso político que utilizó la extrema derecha en la campaña electoral y se mantuvo durante la guerra y la posguerra estaba basado en la maniquea contraposición de símbolos: “civilización o barbarie”, “por España o por Rusia”, “el voto contra el “puño”, “paz o revolución”, “cristianos o ateos”. Esta estereotipación del enemigo a través de procedimientos argumentativos de simplificación, exageración y desfiguración de la realidad buscaba dejar fuera de su concepción de “españoles” a todos aquellos que no compartiesen sus ideales:
“Todo lo que constituye la nacionalidad española está en peligro: unidad, sistema económico, sentimiento religioso, vida civilizada, porvenir. Poderes extranjeros subvencionan y organizan la revolución de los extremistas de nuestro país. Las próximas elecciones con la primera etapa para despedazar España y convertirla en un conglomerado de minúsculos Estados soviéticos. Tú te puedes oponer con tu voto. ¡Vota por España!”. ABC-13-2-1936.
El 14 de febrero la cabecera monárquica publicaba en su portada: “O votáis por España o por Rusia”. La propaganda electoral decía: “Ya no queda espacio para el error o la confusión”. Las derechas gritan en sus carteles de propaganda: ‘Votad a España’. El llamado Frente Popular de Izquierda, en un cartel que se declara que votarle es votar a Marx, a Lenin y Trotsky.
A pesar de la insistencia por asociar al movimiento obrero y a los votantes del Frente Popular con el bolchevismo, muy pocos pertenecían al Partido Comunista de España. Como ha demostrado Fernando Hernández Sánchez, antes de las elecciones de febrero de 1936 el PCE contaba con unos 20.000 miembros y en dichos comicios obtuvo 17 diputados.
Sin embargo, con la campaña se quería infundir la idea de que se estaba produciendo un ataque del exterior, concretamente, de la Unión Soviética hacia España, donde se pretendía imponer el bolchevismo. Mediante este enfrentamiento de posiciones que no eran reales, el ABC obligaba a los lectores a situarse en uno de los dos frentes: entre Rusia y España, obviamente se elegía España; entre paz o revolución, se elegía la paz:
“No hay opción entre la muerte y la vida. Entre la paz y la revolución. Entre el pistolerismo criminal y la paz social [...] Entre la Patria y Rusia. Entre el hogar y su aniquilamiento. [...] Entre el orden y el caos. Entre la ley y la dictadura del proletariado. Entre España y anti-España. No hay opción. ¡VOTAD A VUESTROS DEFENSORES CONTRA VUESTROS ENEMIGOS!” 14 de febrero de 1936. ABC
En la actualidad, los historiadores han demostrado que no había ningún enemigo extranjero, y mucho menos la Unión Soviética, pues no tenía una política exterior expansiva. Según Hernández Sánchez, la Internacional Comunista realizó un llamamiento al PCE para que no cayera en ninguna provocación, ya que “podría sólo favorecer el triunfo de los antirrevolucionarios” y hacía hincapié en la necesidad de acabar con el mito del peligro rojo, resaltando que en España “la creación del poder soviético no está a la orden del día”, sino que su preocupación era “establecer un estado democrático que haga posible ejercer una barrera contra el avance del fascismo y la contrarrevolución, y para fortalecer en general las posiciones del proletariado y sus aliados”.
El enemigo, por tanto, aparece demonizado en torno a lo extranjero y al bolchevismo, pero también en torno al liberalismo, el parlamentarismo, el laicismo y, en suma, personajes e ideologías contrarias a las bases del pensamiento conservador.
Mito de la revolución comunista
Aunque la campaña política y mediática del “peligro comunista” ya se había realizado con anterioridad, durante el proceso electoral de febrero de 1936 la prensa conservadora dio nuevos impulsos a la maniobra anticomunista denunciando la política frentepopulista como un “Caballo de Troya” soviético. Según explica González Calleja , una de las bazas justificativas del golpe militar de julio fue la afirmación de la existencia de un plan insurreccional que debía estallar el 1 de agosto. Esta falsedad era el fruto de una extensa maniobra de intoxicación de la derecha española y su prensa, obsesionada por difundir rumores de amenaza revolucionaria que propiciaran y justificaran la sublevación.
Así, los intelectuales conservadores que habitualmente escribían en el ABC avisaban de la amenaza bolchevique que sufría España y, en concreto Madrid, pues según el colaborador Álvaro Alcalá-Galiano, tras las elecciones los izquierdistas “convirtieron a Madrid durante dos días en una sucursal de los soviets”. Siguiendo esta línea, Lázaro Fabre —pseudónimo con el que firmaba José Gómez de la Serna— sostenía que el futuro de España, “lejos de ser un horizonte de libertad y de honor, como el de Italia, es un horizonte de servidumbre”—país fascista con Mussolini al frente— propiciado por “el bolchevismo al que la revolución iniciada el año 31 quería llevarnos”. Asimismo, el diario monárquico en sus editoriales incidía en la estrategia manipulativa advirtiendo de la intención de los comunistas y socialistas de destruir la República burguesa y suplantarla por una República de tipo soviético.
Tal como afirma González Calleja, la campaña de la amenaza bolchevique estaba perfectamente sintonizada con el catastrofismo parlamentario de los voceros de la extrema derecha. El 16 de abril, Calvo Sotelo, tras un discurso donde denunciaba el desorden público aportando datos de dudosa veracidad, afirmó que “esas fuerzas van a la instauración del comunismo en la forma política de una dictadura del proletariado”, y aseguró que, si la democracia parlamentaria fracasa, “no se irá fatalmente a la dictadura del proletariado, porque España podrá salvarse también con una fórmula de Estado corporativo y autoritario”.
Sin embargo, el 11 de julio —dos días antes de su asesinato— Calvo Sotelo ofreció una visión muy distinta sobre el riesgo de la revolución comunista al periódico de Buenos Aires La Nación. Según él, a pesar del aumento de las huelgas, creía que había menos riesgo de que se produjese otra insurrección izquierdista del que había existido en febrero:
“Hoy, sinceramente lo digo, sólo por una traición criminal de algún partido gobernante podría encaramarse al poder el marxismo. Y aun así sería fugaz el éxito. Son significativos marxistas los primeros en dudar del mismo y aún en desear sigilosamente que no se produzca”.
Sin duda, la estrategia política y mediática sobre la amenaza bolchevique caló en el inquieto ánimo de las clases conservadoras sentando los fundamentos psicológicos necesarios para apoyar una “reacción salvadora” −como expresó en el Congreso el Conde de Rodezno− y justificar la intervención del Ejército en el rumbo de la Segunda República.
Orden público
Uno de los grandes problemas con los que tuvo que lidiar la Segunda República fue el deterioro del orden público, que acabó siendo un argumento para cuestionar la legitimidad del régimen y dotarla de un aura de anarquía y desgobierno. Durante la primavera de 1936 el ABC publicaba diariamente secciones fijas que magnificaban todo tipo de desórdenes y altercados y denunciaban la falta de autoridad debido a la ausencia de un gobierno fuerte. Antes de las elecciones esta sección se titulaba “Agitación social y perturbación del orden público en España”, y más adelante aparecieron otras secciones: “Cuestiones sociales y conflictos de trabajo”, “Cuestiones sociales y de orden público” o “La implantación del laicismo en España”. Dichas noticias con titulares tendenciosos o información manipulada pretendían alarmar de la “persecución” política que sufrían los afiliados a partidos de derechas por parte de los contrarios.
El 8 de febrero se publicaba una noticia con el título: “Asalto a Falange Española en Vigo. Un muerto y varios heridos”. En el cuerpo de la noticia se explica:
“Los muchachos de Falange Española, en lugar de atemorizarse, hicieron frente a los asaltantes, y, en aquel momento, se apagó la luz, entablándose un nutrido tiroteo. [...] Dentro del local se recogió a un muerto y a cinco heridos; un sindicalista y cuatro de Falange [...] El muerto no ha sido identificado, pero parece que se trata de un sindicalista. Se le encontró en los bolsillos un número de C.N.T”.
En definitiva, los falangistas mataron a un hombre que, según parece, era sindicalista, dato del cual no se tiene información detallada. Ese mismo día encontramos otra noticia titulada ‘”Unos individuos tratan de desarmar a la Guardia civil, resultando muerto uno de aquellos“:
“En Cortes de la Frontera, Málaga, se registraron esta mañana algunos incidentes por cuestiones de trabajo. Esta noche la Benemérita penetró en el café El Círculo Mercantil con el propósito de detener, según parece, a un individuo de filiación izquierdista que se había distinguido en los incidentes en cuestión, e inopinadamente unos sujetos se abalanzaron sobre los guardias, intentando desarmarlos. Entonces unos compañeros de éstos hicieron varios disparos, resultando muerto en el acto Antonio Vázquez, y gravísimamente herido su primo, apodado Chiveles”.
A pesar de la ambigüedad del titular, la información es que la Guardia Civil mató a un joven de izquierdas e hirió a otro.
Dos días después, el 10 de febrero, el ABC publicaba propaganda electoral, titulada “La revolución y sus pistoleros”, donde se hacía alusión a los sucesos ocurridos en los días anteriores:
“En Vigo, un grupo de izquierdistas asaltó el domicilio de Falange Española e hirió gravísimamente a cuatro personas. [...] En Cortes de la Frontera (Málaga), los izquierdistas agredieron a la Guardia Civil, que iba a detener a un extremista en el café Círculo Mercantil. Recuérdese que la campaña de los izquierdistas está basada en una amplia amnistía para todos los delincuentes que cumplen condena. ¡CONTRA LA REVOLUCIÓN Y SU PISTOLERISMO!”.
El ABC publicaba información falsificada para contribuir al tratamiento sectario de la cuestión del orden público en España
La manipulación de la información era habitual por parte de los medios y los líderes de la derecha en sus discursos parlamentarios, los cuales no hacían alusión alguna a los izquierdistas muertos a manos de las fuerzas de seguridad o grupos falangistas. El ABC, lejos de cumplir con la ética periodística de difundir información veraz, publicaba información falsificada para contribuir, así, al tratamiento sectario de la cuestión del orden público en España.
Aunque durante toda la República existió la censura en mayor o menor medida, los rumores de un levantamiento militar hicieron que aumentase aún más el control de la prensa. Sin embargo, los debates parlamentarios eran la única sección no sometida a la censura, por lo que “los líderes derechistas los utilizaron para dirigirse a la opinión pública, presentando con tintes apocalípticos los conflictos de orden público que los periódicos conservadores se encargaban de airear”.
El 16 de abril de 1936 el diario monárquico difundía el discurso completo de José Calvo Sotelo, quien se había convertido en el más influyente portavoz de la derecha antirrevolucionaria, y en uno de los conspiradores del golpe de Estado contra la República, junto a Ignacio Luca de Tena. Durante el debate parlamentario del día anterior, el antiguo ministro de la dictadura de Primo de Rivera presentó de forma marcadamente sectaria la cuestión del orden público, relatando prolijamente supuestos enfrentamientos sociales mezclados deliberadamente con conflictos sociolaborales e incluso delitos comunes:
"Desde el 16 de febrero hasta el 2 de abril -mis datos no alcanzan al período posterior- ha habido lo siguiente: Asaltos y destrozos: en Centros políticos, 58; en establecimientos públicos y privados, 72; en domicilios particulares, 33; en iglesias, 36. Incendios: en Centros políticos, 12; en establecimientos públicos y privados, 45; en domicilios particulares, 15; en iglesias, 106, de las cuales 56 quedaron completamente destrozadas. Huelgas generales, 11; tiroteos, 39; agresiones, 65; atracos, 24; heridos, 345; muertos, 74".
El ABC, igual que los principales diarios conservadores, publicó dos días más tarde una noticia sobre los mismos supuestos incidentes violentos protagonizados por la izquierda que había detallado Calvo Sotelo ante las Cortes. Una vez más, en su papel de vocero de la extrema derecha, recogió acríticamente esos datos tendenciosos y deliberadamente exagerados para publicarlos como información veraz y objetiva.
El 16 de junio de 1936, en otro debate histórico sobre el orden público, el líder de la CEDA, José María Gil Robles, leyó otra estadística de actos violentos protagonizados por la izquierda desde el 16 de febrero al 15 de junio de ese mismo año:
“Han sido destruidas 170 iglesias, se han cometido 251 asaltos, ha habido 269 muertos, 1.287 heridos, 215 agresiones, 138 atracos, 23 tentativas de atraco, 69 Centros destruidos, 312 asaltados, 113 huelgas generales, 228 parciales, 10 periódicos destruidos, 33 asaltos a periódicos, 148 bombas que explotaron y 78 sin explotar”.
El 15 de julio de 1936, tres días después del asesinato de Calvo Sotelo y apenas unos días antes del golpe de Estado, en el último debate parlamentario sobre la prórroga del estado de alarma, Gil Robles volvió a compartir unos datos de dudosa veracidad sobre la violencia de la izquierda en las calles. A las cifras que había proporcionado en su última intervención parlamentaria el 16 de junio, añadió 61 muertos y 224 heridos. En su alocución, íntegramente publicada en el ABC, el líder cedista advertía del ambiente de violencia que estaba creciendo en España: “eso que en términos genéricos habéis dado en denominar fascismo, pero que no es más que el ansia de libertarse de un yugo y una opresión”.
Acto seguido, Gil Robles culpaba al gobierno del Frente Popular de la muerte de Calvo Sotelo y de promocionar la violencia:
“Tenéis la enorme responsabilidad moral de patrocinar una política de violencia, que arma la mano del asesino; de haber, desde el banco azul, excitado la violencia; de no haber desautorizado a quienes desde los bancos de la mayoría han pronunciado palabras de amenaza y de violencia contra la persona del Sr. Calvo Sotelo. [...] Tened la seguridad de que la sangre del Sr. Calvo Sotelo está sobre vosotros, y no os la quietaréis nunca”.
En definitiva, según las cifras aportadas por Calvo Sotelo y Gil Robles en los debates parlamentarios, desde el 16 de febrero hasta el 13 de julio, inclusive, hubo en España un total de 1.511 heridos y 330 muertos. Además del recuento de datos que han realizado otros investigadores —Cibrián, Payne, Cruz, Blázquez Miguel— el más actual y preciso de González Calleja recoge un total de 272 incidentes y 384 víctimas mortales por violencia sociopolítica producidas entre el 19 de febrero y el 17 de julio de 1936. A pesar de que la cifra de este recuento sea superior a la que manejaban los parlamentarios en aquella época, González Calleja ha desmentido rotundamente mediante estudios estadísticos el mito de la persecución de las derechas: el 42,85% de los muertos eran gente afín a la izquierda —en su mayor parte jornaleros y obreros—, el 29,64% eran militantes o simpatizantes de las formaciones de derecha, y el 5,4% policías o militares, algunos de ellos izquierdistas.
Aunque como se ha demostrado en las investigaciones de numerosos autores la primavera de 1936 fue una de las etapas más sangrientas de la historia democrática de España —sólo superada por la coyuntura revolucionaria de octubre de 1934—, la violencia no era ejercida por grupos de izquierdas sobre las derechas, ni nació en la etapa del Frente Popular, ni éste fue el responsable directo de los graves conflictos que pretendieron solucionarse mediante un golpe de Estado. La mayor parte de la alteración del orden público no tenía su origen en un supuesto gran conflicto político, sino que obedeció a enfrentamientos múltiples, atomizados y polifacéticos de tintes sociales, económicos y laborales.
Exaltación de la violencia
La violencia política entre bandas de jóvenes militantes de distintas ideologías por la posesión del espacio público había sido frecuente desde 1934, pero estos enfrentamientos tuvieron su punto álgido en la primavera de 1936. La violencia falangista en forma de provocación o legítima defensa desestabilizaba el régimen democrático y polarizaba en un sentido u otro a la opinión pública.
El 12 de marzo Falange organizó el que sería su más resonante hecho violento hasta la fecha: un atentado contra Luis Jiménez de Asúa, —catedrático de derecho, vicepresidente primero de las Cortes y defensor del socialista Largo Caballero— quien, tras un tiroteo, logró salir ileso. Sin embargo, su agente de escolta el policía Jesús Gisbert murió por los disparos. En el periódico ABC del 13 de marzo encontramos una noticia donde se relata con todo tipo de detalles cómo ocurrió el atentado, pero no se hace ninguna alusión a la ideología de los culpables, a quienes se refiere en todo momento como “agresores”.
La estrategia de la provocación y de la tensión, en la que se especializó Falange, acarreó la convocatoria de huelgas generales de protesta y manifestaciones de los grupos de izquierda que en ocasiones llevaron al asalto y la destrucción de locales de organizaciones de derechas y a enfrentamientos con las fuerzas del orden. Así, el atentado contra Jiménez de Asúa inició una espiral de violencia: tras el entierro del agente Gisbert el 13 de marzo, una multitud —los historiadores no determinan su ideología, pero se puede deducir que eran izquierdistas— asaltó el local del periódico calvosotelista La Nación en Madrid, saqueó el Café del Norte tras un disparor provocador, y las iglesias de San Luis y de San Ignacio —en la calle Montera y del Príncipe— fueron incendiadas.
Cuando los falangistas vieron que un atentado contra una personalidad influyente generaba tal respuesta, el arco de conspiradores supo cómo activar “la estrategia de la tensión”.
El 14 de marzo se produjo la detención de José Antonio Primo de Rivera y de casi toda la Junta Política del partido. Como respuesta a este duro golpe, el 16 de marzo, unos pistoleros —de los que no quedó clara su filiación falangista o tradicionalista— tirotearon el domicilio de Largo Caballero situado en la madrileña calle Viriato. Tras estos atentados, la comisión ejecutiva del Partido Socialista denunciaba:
“La repetición de estos hechos revela la existencia de un plan terrorista, cuyos autores no vacilan ante los crímenes más alevosos. Un plan de esta naturaleza ha de hallarse enlazado con algún otro más vasto, al cual quieren servir de prólogo los atentados de ahora, cuyas finalidades van dirigidas a eliminar personas destacadas y buscar en la exasperación que tales hechos produzcan entre las masas obreras el pretexto de un movimiento insurreccional”. ABC, 17-3-1936.
Como han demostrado diversos estudios, mientras los altercados provocados por la izquierda se produjeron por lo general en el contexto de conflictos sociolaborales, huelgas políticas de protesta o encuentros con militantes del otro extremo del espectro político, la derecha organizó atentados contra personalidades públicas o influyentes entre las filas enemigas, o acciones encaminadas a desestabilizar la situación y promover convocatorias golpistas.
Durante el acto conmemorativo del quinto aniversario de la República, el falangista Isidoro Ojeda arrojó una traca encendida junto a la tribuna presidencial, generando caos y la interrupción del desfile militar. A pesar de que ya había rumores de que los falangistas iban a atentar durante el desfile, el 15 de abril, el ABC omite esa información para no responsabilizar a Falange del atentado y no hace mención alguna a la ideología del autor.
El 16 de abril, durante el entierro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes López, que murió por un tiroteo en el mismo desfile del 14 de abril, se produjeron numerosos incidentes: la comitiva fúnebre —donde estaban numerosas figuras políticas y autoridades del Ejército y las fuerzas de orden público, además de un grupo de falangistas— se convirtió en una manifestación contra el Gobierno en la que el grupo más violento, alentado y apoyado por las milicias falangistas, pretendió asaltar el Congreso de los Diputados, que fue acordonado por la Guardia de Asalto. Durante toda la tarde se sucedieron numerosos actos violentos en Madrid y según los datos más aproximados, la reyerta acabó con cinco muertos y entre 30 o 50 heridos.
Así, el falangismo, desdeñado en los primeros tiempos por amplios sectores del conservadurismo, comenzó a ser tenido en cuenta y las élites calvosotelistas y católicas comenzaron a financiar a Falange al tiempo que la incitaban con su estrategia política del “cuanto peor, mejor”.
Por tanto, en sus discursos parlamentarios los portavoces de los partidos conservadores denunciaban la falta de autoridad mediante la exaltación de la violencia política y social. En esta línea, tras los altercados de abril, Gil Robles recordaba que “a la violencia sólo se puede contestar con la violencia, y la venganza es bien sabrosa” ABC, 16-4-1936, y añadía en tono guerracivilista:
“Hay un estado de excitación que en unos se traduce en acometividad y agresión, y pánico entre otros. Todo ello deriva en una verdadera lucha civil”.
Esta campaña política y mediática en la que se exaltaba los diferentes tipos de violencias a la vez que incidían en la falta de autoridad por parte del Gobierno, fue constante hasta que el ejército dio el golpe de Estado. El 20 de mayo el ABC publicó otro discurso de Calvo Sotelo donde denunciaba que “el principio de autoridad se resquebraja [...] Vivimos en plena anarquía, en un régimen de taifas de la anarquía, en un cantonalismo asiático”, con la intención de apelar, minutos más tarde, al “deber militar”, que consistía, según él, en “reaccionar furiosamente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la Patria”. ABC, 25-5-1936.
El ABC no ocultó nunca su colaboración para acabar con “la incómoda, insoportable y dramática situación del país”
La cuestión no era que las derechas no cooperasen con el Gobierno en la búsqueda de vías de entendimiento que contribuyesen a relajar la tensión, sino que transmitían una imagen amplificada de ella, que justificaba como producto del caos, la anarquía y la falta de respeto por la costumbre y la tradición que representaba la República. El ABC no ocultó nunca su colaboración para acabar con “la incómoda, insoportable y dramática situación del país”, tal y como sostenía un editorial.
En definitiva, se trataba de rentabilizar el desorden, presentándolo como la causa última y determinante en la precipitación de la crisis que llevó a la sublevación militar.
Fraude político
El 17 de febrero de 1936, el ABC informaba de la “tranquilidad absoluta” con la que se habían celebrado las elecciones generales del 16 de febrero:
“Ni huelga, ni agresiones, ni escándalos. Todo el mundo votó como quiso, con absoluta libertad. Señálese este importante detalle en honor de los españoles, porque lo mismo que en Madrid ocurrió en toda España”.
Sin embargo, parecía que el libre ejercicio democrático poco importaba a quienes habían decidido acabar con la República desde su proclamación. En cuanto se conoció la victoria del Frente Popular en los comicios, el diario monárquico publicó un editorial alusivo a la inconstitucionalidad de ese gobierno:
“Hay desde ayer un Gobierno de izquierdas [...] Ha venido en esta forma irregular, sin haber legitimado aún su título, por la irrevocable dimisión del Gobierno Portela”. ABC, 20-2-1936.
Además de hacer referencia al fraude político por el que el Frente Popular habría llegado al poder, y el cual justificaría un golpe de Estado en contra de ese gobierno “inconstitucional”, con esa noticia el ABC publicaba una información falsa, puesto que el nuevo gobierno no era irregular.
A menudo se habla de que, frente al 47,2% del Frente Popular, las derechas obtuvieron un 45,7% de los votos, con la intención de mostrar una situación próxima al empate técnico o bien la injusticia del sistema electoral. Pero esto solo se produce si se suman los votos de todas las coaliciones en las que estuvo presente la CEDA, equiparando así sus aliados de centro, a los radicales o la Lliga con sus aliados monárquicos y autoritarios, y uniendo todos esos votos en una coalición que no existía; pues no hubo un Frente Contrarrevolucionario que se presentase en toda España con un pacto y un programa de Gobierno, para lo que sí estarían justificados esos datos.
Aunque la realidad demuestra que sin el apoyo de los partidos republicanos liberales moderados o de centro derecha las derechas antirrepublicanas por sí solas únicamente ganaron en quince circunscripciones, el discurso posterior de los líderes conservadores, amplificado por la prensa, se basó en la falacia de que el Frente Popular no ganó democráticamente las elecciones, sino que fueron amañadas. En la actualidad, esta idea ha sido repetida por autores como Fernando del Rey y Gonzalo Álvarez Chillida, quienes hacen una revisión del trascurso de la República desde la oposición de “democracias representativas” versus “ideocracias antidemocráticas”. También la obra de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García pretende ser la demostración definitiva de un “pucherazo” que derrumbaría el mito de la victoria limpia e incontestable de las izquierdas en 1936. Estos autores hablan de que “más del 10% del total de los escaños en las nuevas Cortes, más de medio centenar, no fue fruto de una competencia electoral en libertad”. Sin embargo, no aportan una cifra de a cuántos escaños se debió haber quedado el Frente Popular de la mayoría absoluta de no haberse dado el supuesto fraude electoral.
Para aclarar los datos totales del triunfo electoral y rebatir los argumentos de estos historiadores, González Calleja y Sánchez Pérez concluyen que, en el peor de los casos, el Frente Popular habría obtenido 243 diputados —seis por encima de la mayoría absoluta— y la oposición 230 escaños. Es decir, aceptando el supuesto de que “el Frente Popular no consiguiera ni siquiera las minorías en Cuenca, perdiera en Granada, La Coruña, Cáceres, Tenerife, dos diputados en Valencia provincia, otro en Málaga, otro en Lugo, empatara en Castellón, y no sacara nada en Álava y Guipúzcoa”. Por tanto, contando que todos los casos dudosos o ajustados le resultasen desfavorables y que la comisión de actas no hubiese impugnado ningún acta a favor del Frente Popular, éste habría obtenido, aún así, mayoría absoluta. Sin embargo, estos mismos autores afirman que no quiere decir que no hubiese corruptelas, abusos de las autoridades, clientelismo político y caciquismo rural en la trayectoria electoral de la Segunda República.
Siguiendo la línea de desinformación que había adoptado especialmente durante la primavera de 1936, el ABC de 25-3-1936 publicaba la siguiente información falsa:
“El punto más importante de la embajada es el referente a la situación de violencia en la Cámara. No nos referimos al orden material, a los incidentes y a los choques propios de la condición y del estilo de una parte de la mayoría. [...] Se trata de otra violencia: del espíritu arbitrario y del abuso de poder de la mayoría francamente dispuesta a imponer el número contra la razón y el derecho, y a conceder o negar caprichosamente la proclamación de los diputados según sus ideas y sus filiaciones. Se trata de arrebatar a las derechas actas limpias e indiscutibles, como las de Salamanca y Orense, y de revalidar para las izquierdas las que vienen escandalosamente sucias, como las de Coruña, Cáceres y Pontevedra. Se pretende que no sean diputados los Sres. Gil Robles y Calvo Sotelo, ni más ni menos que por su prestigio personal y su significación política”.
La realidad, sin embargo, distaba mucho de tratarse de una estrategia de fraude electoral para alcanzar el poder. Tras los comicios hubo una serie de impugnaciones individuales que cambiaron el orden de los diputados electos en algunas provincias debido a la anulación de mesas y secciones o al incumplimiento por parte de algún candidato de los requisitos para ser electo. Los ejemplos más graves de irregularidades tuvieron lugar en Salamanca, Cáceres, Cuenca y Granada. De hecho, estas dos últimas tuvieron que ser anuladas de forma parcial y total respectivamente debido a coacciones, violencia caciquil durante la campaña y fraude electoral con sospechosos escrutinios finales a favor de las derechas. En definitiva, de las trece impugnaciones, seis beneficiaron al Frente Popular, cifra que no parece determinante para cambiar el paisaje de la cámara.
Como consecuencia de estas investigaciones que han estudiado las irregularidades electorales de febrero de 1936 se sabe que no se produjo un fraude, sino que este argumento, repetido por líderes derechistas y engrandecido en diarios conservadores como el ABC, es un elemento más de la leyenda negra de la primavera de 1936.
Inconstitucionalidad de la República
Con la continua alusión al fraude político del Frente Popular y el uso político del miedo mediante el argumento de la escalada de violencia, las derechas pretendían dotar al gobierno republicano de un carácter inconstitucional para incitar al Ejército y grupos de presión a movilizarse en su contra. Tenían el argumento perfecto: era ilegítima.
En este contexto, los partidos de derechas, −algunas de cuyas formaciones estaban próximas a los fascismos de entreguerras−, que habían presionado desde el principio para acabar con la Segunda República, se convirtieron a ojos de parte de la opinión pública en las defensoras de la legalidad republicana. Sin embargo, no dudaban en amenazar al Gobierno con la adopción de “una resolución definitiva” siempre que no se respetase su voluntad.
Con la discusión sobre las actas, las minorías monárquicas y la CEDA decidieron, como parte de su estrategia política, retirarse del Congreso para fortalecer el argumento de la invalidez e inconstitucionalidad de las Cortes y, por ende, del Gobierno. El ABC de 1-4-1936 , así lo publicaba en una noticia:
“Estamos frente a un Parlamento que antes de constituirse ha perdido su virtualidad. Es un Parlamento sin oposición, como ha querido la mayoría”.
Tras los sucesos que se produjeron el 14 de abril de 1936 durante el desfile conmemorativo del quinto aniversario de la República, el Gobierno remitió una ley que privaba de derechos pasivos a los militares retirados que sostuvieran ligas, asociaciones u organismos ilegales o participaran en actos perturbadores del orden público. Además, ordenó la disolución de todas las ligas fascistas, que fueron declaradas ilegales. Las fuerzas conservadoras no tardaron en mostrarse en contra de la aprobación de la ley. En concreto, Calvo Sotelo denunció en el Congreso la actitud antidemocrática del Gobierno con respecto a la nueva norma:
“La ley prohíbe la campaña contra el régimen republicano [...] Esta ley es dictatorial, aunque salga del Parlamento. Con ella el Poder ejecutivo tiene las mismas facultades que podría asumir una dictadura”. ABC, 19-4-1936.
A medida que pasaban los meses y se consolidaba el plan para la consecución del golpe de Estado, los políticos conservadores hacían mayor alusión en sus discursos al carácter inconstitucional del régimen. El ABC publicaba íntegramente estos discursos plagados de información manipulada o directamente falsa. Sin embargo, no eran únicamente los líderes de derechas quienes repetían la falacia de que el gobierno republicano no era democrático. Esta cabecera publicaba diariamente artículos de opinión escritos por diferentes intelectuales de la época donde, de una manera u otra, repetían el ideario conservador de la época. Así, Lázaro Fabre, escribía ABC, 14-6-1936 en el diario monárquico:
“El Frente [Popular Antifascista] no es una alianza sincera, sino una utilización de la democracia y de los Gobiernos republicanos como acceso y disfraz, a destrozar en cuanto hayan rendido su servicio. [...] Los Gobiernos del Frente popular no son ya la democracia parlamentaria y liberal; son, de hecho, una dictadura prebolchevista”.
Entre las publicaciones del ABC también se encuentran editoriales con los que la cabecera, en sintonía con su propia ideología, pretendía, mediante la difusión de información falsa o exagerada, señalar la incapacidad de la República para resolver el desorden público y otros problemas y, así, provocar un cambio de régimen:
“El Parlamento da señales de agotamiento, de impotencia [...] Hay una mayoría que [...] sólo se mantiene compacta para el denuesto y para la agresión del adversario. Cuando no se trata de derribar, sino de construir, quedan al descubierto las discrepancias y los antagonismos entre los diversos grupos del Frente Popular”. ABC, 19-6-1936.
Rebelión contra el gobierno
De las diferentes tácticas y argumentos que se utilizaron para acabar con la República mencionadas anteriormente, la promoción de un golpe de Estado es la más directa. En un editorial del 21 de febrero, la cabecera compartía la esperanza de que, el Frente Popular no durase mucho en el Gobierno animando a “los buenos españoles” a la acción:
“España no es un organismo tan débil que no pueda resistir las acometidas de un grupo político sin responder briosamente a su ofensiva [...] El episodio de ahora también dejará a España salva. No es necesario para ello más que una cosa: que quieran los buenos españoles que sea así”. ABC, 21-2-1936.
A medida que avanzaba la primavera de 1936 y aumentaba la presencia de noticias sobre la inestabilidad social y política del momento, igual lo hacía la virulencia de los ataques hacia la República. El 9 de abril, el ABC criticaba en un editorial los “vaivenes y reflujos” que por esencia conllevaba el régimen político republicano y, siguiendo su ideología monárquica y conservadora, reclamó “una nación que se organice sobre bases de continuidad y estabilidad como substancia del régimen de gobierno. Que nosotros sepamos, Monarquía, y no otra cosa, se llama esa figura”.
De acuerdo con González Calleja, el golpe de Estado de julio no fue sólo el resultado de la vulnerabilidad del régimen republicano o de la capacidad organizativa de las derechas, sino también el fruto de la construcción cultural de la contrarrevolución.
En concreto, en marzo de 1936 el ABC publicaba un artículo de opinión donde el escritor Ramiro de Maeztu, de ideología conservadora, comentaba:
“Hace tiempo que tengo la persuasión de que todo este periodo de confusión y vacilaciones acabará por engendrar un arrollador movimiento contrarrevolucionario, del que ha de salir la salvación de España”. ABC, 26- 3-1936.
Aquí se ve cómo la ruptura retórica de la normalidad a través la difusión de un discurso catastrofista convierte a la rebelión contra el gobierno democrático en una tarea necesaria, urgente e inaplazable.
Los monárquicos se proclamaron el grupo más efectivo y radical para salvar a España de caer en una revolución
En definitiva, los monárquicos se proclamaron el grupo más efectivo y radical para salvar a España de caer en una revolución, gracias a Calvo Sotelo, Goicoechea —el encargado de las negociaciones con la Italia fascista— y Sáinz Rodríguez en una trama conjunta cívico-militar. En esta línea, el jefe de Renovación Española no ocultaba su apoyo a quienes pretendieran acabar con la República- ABC, 16-5-1936:
“No hay necesidad de decir que los monárquicos colaboraríamos con un designio común en unión de quienes no tengan la misma convicción; pero abriguen ideas similares a las nuestras en punto a una transformación del Estado en sentido corporativo, jerárquico, católico y nacional”.
De manera similar, en un debate parlamentario publicado íntegramente en el ABC, Calvo Sotelo aludía al “deber militar, que consiste en servir lealmente cuando se manda con legalidad y en servicio de la Patria, y en reaccionar furiosamente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la Patria”, y apenas un mes antes del golpe de Estado franquista, el líder del Bloque Nacional promovía en las Cortes un levantamiento militar ABC, 17-6-1936:
“Considero que también sería loco el militar que, al frente de su destino, no estuviera dispuesto a sublevarse en favor de España y en contra de la anarquía, si ésta se produjera”.
