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El Partido Socialista y el conjunto de las fuerzas progresistas y plurinacionales están en una encrucijada para afrontar la persistente deslegitimación social de las derechas y diversos poderes fácticos, a través de medios ilegítimos: la guerra jurídica o lawfare, y la instrumentalización mediática de la mentira y la descalificación pública. El Presidente Pedro Sánchez lo ha expuesto claramente, con la ayuda de una fuerte dramatización sobre la posibilidad de su dimisión y la generación de un vértigo político-emocional por la incertidumbre del vacío gubernamental y la inseguridad de la respuesta institucional progresista.
Se ha puesto en primer plano un problema grave de la democracia española: la extraordinaria capacidad de determinados poderes ocultos para condicionar, con mecanismos no democráticos, la gobernabilidad y, por tanto, la soberanía popular y la democracia. De pronto, ha adquirido una relevancia masiva la degradación de este sistema democrático y la influencia de operadores iliberales para forzar el cambio de representantes elegidos democráticamente y frenar los avances sociales y de progreso. Tiene un sentido político claro: debilitar el bloque democrático y plurinacional, junto con el gobierno de coalición progresista, y reforzar los sectores derechistas, que tratan de cerrar el ciclo de progreso y abrir una dinámica regresiva y autoritaria.
Esta estrategia trumpista de las derechas tiene sus precedentes ante el fracaso electoral del Partido Popular en el año 2004, por su implicación en la guerra de Irak y, precisamente, frente a un fuerte movimiento pacifista y democrático, que permitió la victoria del socialista Rodríguez Zapatero con un plan regeneracionista y democratizador en su primera legislatura.
El conjunto de las fuerzas progresistas y plurinacionales están en una encrucijada para afrontar la persistente deslegitimación social de las derechas y diversos poderes fácticos
Pero ha sido con el comienzo de esta etapa social e institucional de progreso cuando se refuerza esa estrategia reaccionaria, sus objetivos y los instrumentos alegales e ilegales para imponerla. Primero, frente al ciclo (2010/2024) de la protesta cívica por la justicia social y mayor democracia. Después contra la emergencia de un amplio espacio electoral e institucional a la izquierda del Partido Socialista, representado por Unidas Podemos y sus convergencias, que exigía un cambio de progreso. En aquel contexto de 2014/2015/2016, se abrió la expectativa de convertir en poder gubernamental y políticas públicas la representatividad progresista mayoritaria para abordar esos dos grandes ejes de democratización y reforma social de progreso, y es cuando los grandes poderes del Estado consolidan esa estrategia antipluralista para combatirla.
El objetivo principal, junto con la neutralización del independentismo, era la deslegitimación de la dirigencia de Podemos, para debilitar su capacidad articuladora y de influencia transformadora para condicionar un gobierno de coalición progresista, que operase ese plan de progreso con reformas sociales igualitarias -sociolaborales, distributivas, protectoras, feministas- y democráticas -incluida la territorial-.
El Partido Socialista, tras cuatro años de forcejeos políticos y electorales, terminó por aceptar un programa reformador básico y compartido, aunque con mayor primacía respecto de su socio gubernamental, que iba sufriendo un gradual desgaste representativo, precisamente por ese proceso persistente de deslegitimación pública, junto con la insolidaridad entre las fuerzas progresistas.
Contra el pronóstico de las derechas, y a pesar del debilitamiento de Unidas Podemos -y el Partido Socialista- el 28-M y el limitado resultado de la coalición de Sumar el 23-J, se ha podido reeditar otro Gobierno de coalición progresista, aunque con un menor peso de las fuerzas de izquierda. Al mismo tiempo, Junts tiene un papel más determinante, que culmina en la aprobación de la investidura de Sánchez con el reajuste -hacer de la necesidad virtud- de un programa democrático mínimo: ampliar la regulación de la plurinacionalidad, con el paso imprescindible de la amnistía a los afectados por el procés catalán.
No pueden gobernar ni forzar su programa involucionista, pero sí utilizar todos los resortes para deslegitimar e intentar acabar con el gobierno legal y legítimo
Las derechas destapan la caja de los truenos: se destruye España, Gobierno ilegítimo, el Estado de derecho se hunde… Pero, la realidad democrática se sigue imponiendo: permanecen en la oposición parlamentaria y no pueden gobernar ni forzar su programa involucionista… pero sí utilizar todos los resortes para deslegitimar e intentar acabar con el gobierno legal y legítimo y su orientación reformadora. El fin justifica los medios; es la degradación ética de las derechas.
La catarsis socialista
La particularidad ahora es que, una vez debilitado Podemos y neutralizado el posible ascenso de Sumar, el obstáculo principal para las derechas y las cloacas del Estado es el propio Partido Socialista. Así, aunque de forma preventiva hace ya una década que preparan los chantajes familiares necesarios al Presidente Pedro Sánchez para forzarle a una mayor moderación política, con la aceptación de la hegemonía del Partido Popular, y ahora los redoblan, se incrementa la crispación y operan con toda la máquina del fango.
No obstante, fracasa toda la operación derechista para obligarle a dimitir y abrir el camino para el acceso gubernamental conservador e imprimir su giro regresivo, centralizador y de colonización institucional, particularmente con la instrumentalización de los dos poderes más operativos hoy: el judicial y el mediático.
La catarsis promovida por el presidente del Ejecutivo ha tenido un efecto positivo: ha manifestado la profundidad y gravedad del déficit democrático de nuestro sistema político, que atenta al corazón mismo de la gobernanza y la ética pública. Existen una clase política de derechas y unos grupos de poder fáctico que desprecian los valores y los procedimientos básicos de la democracia, y utilizan el ventajismo político ilegítimo como medio de deslegitimación del adversario -enemigo- y garantía de su acceso al poder y su control.
La catarsis promovida por el presidente del Ejecutivo ha tenido un efecto positivo: ha manifestado la profundidad y gravedad del déficit democrático de nuestro sistema político
La actitud reaccionaria derechista, ante un limitado proceso reformador, social y democrático, les caracteriza por su escasa cultura democrática y su apego férreo a los mayores privilegios de poder. Necesitan una nueva transición regeneradora que les obligue a admitir una alternancia progresista y adecuarse al dictado de la ciudadanía; pero parece que ese reciclaje democrático no va a ser voluntario sino forzado por la voluntad popular de mantenerlos en la oposición parlamentaria. Solo los frena la firmeza cívica de la mayoría social, expresada libremente.
Además, ese bloque de derechas extremas tiene el lastre del desprestigio institucional, con efectos duraderos, que les impide tener suficiente credibilidad democrática y hacerse acreedor de gobernar una sociedad abierta en un marco europeo que, aunque con fuertes tendencias autoritarias, todavía reniega del autoritarismo neofranquista español, de carácter abiertamente regresivo y antipluralista.
Ese diagnóstico básico sobre la necesaria regeneración democrática se ha generalizado entre las fuerzas progresistas, y parece que es masivo entre su electorado. Pero no ha permeado la consistencia iliberal de las derechas que, plenas de cinismo, reinciden en su deslegitimación gubernamental a toda costa. No hay tregua sino crispación acelerada, derivada de su impotencia institucional para derribar al Gobierno de coalición e impedir la senda democrática de avance de derechos.
El avance social y democrático
Lejos de la legítima pugna político-ideológica entre el agrupamiento democrático-plurinacional y el conservador-reaccionario, este último bloque, cuando no le son suficientes los procedimientos democráticos y consensuales para acceder y controlar el poder institucional, utiliza todos los resortes del poder fáctico a su alcance -económico, institucional, judicial, mediático…- para dirimir con ventaja su apropiación de la gestión estatal. Se dirigen hacia el acoso jurídico y mediático, con las cloacas correspondientes.
El dilema estratégico para las fuerzas progresistas es contemporizar con los poderes del Estado o confrontar en democracia eliminando los ventajismos de poder
O sea, consideran que el poder institucional les pertenece y cuando su control no es refrendado por la democracia representativa, empiezan a dejar de ser demócratas, a relativizar el mismo proceso electivo y decisorio. Lo sustituyen por la deslegitimación pública continuada desde sus dominantes aparatos mediáticos y el acoso con todos los instrumentos fácticos a su alcance, que han acumulado desde hace décadas. El riesgo del golpe blando es evidente, sobre todo cuando el grueso de los poderosos ven en riesgo sus privilegios.
El dilema estratégico para las fuerzas progresistas es contemporizar con los poderes del Estado -aparatos de seguridad, jurídicos y burocráticos- o confrontar en democracia eliminando los ventajismos de poder. Para ello es necesaria la regulación pública de los grandes poderes privados -económicos y mediáticos- o sea, garantizar su imparcialidad respecto de la deliberación y la decisión democrática de la ciudadanía y sus órganos representativos.
En un marco democrático liberal es legítima la expresión y la defensa, incluida la movilización cívica, de los distintos intereses y demandas de la sociedad civil, a menudo opuestos e incompatibles. La democracia, con sus grandes valores de libertad, igualdad y solidaridad, sirve para encauzar esa diversidad y conflictividad con mecanismos decisorios transparentes y participativos que operan para priorizar colectivamente la gestión pública. La democratización, junto con el avance social, es la vía para garantizar el progreso y vencer a las derechas y su dinámica autoritaria y regresiva.
