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Enrique Vega |
El Acuerdo de Nochevieja sobre Gibraltar de 31 de diciembre de 2020 entre la Comisión Europea y el Reino Unido estableció la necesidad de buscar una fórmula (Gebrexit) para que la colonia británica de Gibraltar, tras el Brexit, pudiese formar parte de la unión aduanera europea (Espacio Schengen), ante el deterioro económico y social que el Brexit podría suponer para la propia colonia, debido a su aislamiento, y para el área española circundante, el Campo de Gibraltar.
Desde entonces, en estos tres años y medio transcurridos, se han celebrado diecinueve rondas negociadoras entre las delegaciones de la Unión Europea, presidida por el vicepresidente de la Comisión, señor Sefcovic, y de la que es miembro, como parte interesada, el ministro de Asuntos Exteriores español, señor Albares, y del Reino Unido, presidida por el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, señor Cameron, y de la que es miembro, como parte interesada, el ministro principal de Gibraltar, señor Picardo. Son reuniones sin acta final pública/publicada, por lo que los avances conseguidos, las dificultades encontradas o los obstáculos que están retrasando su redacción y compromisos definitivos (desde hace tres años y medio) sólo pueden deducirse de las declaraciones efectuadas por los componentes de ambas delegaciones, no siempre coincidentes.
La última de estas rondas negociadoras se celebró el pasado 16 de mayo en Bruselas (como, por otra parte, es lo habitual). Como preparación para ella, el ministro español, señor Albares, decidió reunirse con representantes de la zona especialmente interesada, el Campo de Gibraltar: Junta de Andalucía, alcaldes de las poblaciones que constituyen la comarca del Campo de Gibraltar, y autoridades y agentes sociales y económicos de la comarca.
Concediendo posteriormente una entrevista a un medio de comunicación del área (Europa Sur), de la que, desgraciadamente, no puede obtenerse ninguna clarificación de cómo se están resolviendo los variados y espinosos puntos de desencuentro que se están tratando en las negociaciones. Salvo el mantra que las preside desde el primer momento de que el objetivo de las mismas es conseguir “un área de prosperidad compartida”, bonita y atrayente frase que, en el fondo, no dice nada; todo ello, amparándose en el viejo subterfugio diplomático de que “nada está acordado hasta que todo está acordado”.
Como no podía ser de otra manera, en la entrevista se tocaron, entre otros, los siguientes puntos, que considero cruciales por ser “los de fondo” del contencioso, sin resolver los cuales, parece imposible llevar a cabo todos los demás: la incorporación de Gibraltar a la unión aduanera europea, la situación final de la base militar aérea británica de Gibraltar y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. Al que añado, por su “sensibilidad social” el tema de las pensiones.
Veamos. Interrogado el señor Albares sobre si ¿hay acuerdo?, la respuesta es ambigua: no hay acuerdo cerrado ni hay fecha límite para acordarlo” (van tres años y medio), pero hay un acuerdo sobre las líneas políticas generales (sin especificar cuáles) y un acercamiento de posiciones.
Interrogado sobre el punto clave de si para que Gibraltar entre en el Espacio Schengen europeo, es decir, sin fronteras interiores en la Unión Europea, es necesario llevar las fronteras exteriores del territorio de la actual “verja” entre La Línea y Gibraltar al puerto y al aeropuerto, que ejercen funciones militares como base aérea de la RAF y base naval de la Royal Navy, ¿bajo control de quién estarían éstas?, la respuesta es no puedo dar detalles, sólo decir que el aeropuerto será de uso conjunto. Una expresión que sería rápidamente enmendada, también a través de un medio de comunicación (Gibraltar Broadcasting, GBC), por el ministro principal de Gibraltar, señor Picardo, en el sentido de que el uso del aeropuerto no será ni conjunto ni compartido, sino solamente mejorado, en el sentido de que se permitirán vuelos hacia y desde puntos de España desde el aeródromo de la Roca” (ya hubo vuelos entre Gibraltar, Madrid y Barcelona entre 2006 y 2011 bajo jurisdicción británica).
Una co-administración -en principio, teóricamente, de sólo durante un periodo temporal- que no sería siquiera llevada a cabo por España, sino por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). ¿Se necesitarán nuevas negociaciones cuando finalice dicho periodo temporal, si es que llega a implantarse?
No es ésta de la soberanía, la única cuestión a dilucidar que presenta el uso ¿conjunto, compartido, mejorado? del aeropuerto, porque, como ya he mencionado y así lo hace el entrevistador, dicho aeropuerto es una base militar de la RAF (pero no de la OTAN): ¿Tendrá España/Frontex capacidad de inspección y control sobre el movimiento de personal y/o material militar británico entrando/saliendo por dicho aeropuerto? Cuestión que es liquidada con un sorprendente: España y Reino Unido son aliados en el seno de la OTAN, especialmente en un momento en que nuestra colaboración y nuestra cercanía de valores alinean nuestras posiciones en la guerra de Ucrania, que desafía la seguridad euroatlántica; el gran objetivo es crear una zona de prosperidad compartida.
En referencia al otro gran punto de posible fricción, el del “paraíso fiscal gibraltareño”, hay que recordar que el Parlamento Europeo rechazó por mayoría absoluta, el pasado 22 de abril, la decisión de la Comisión Europea de 15 de marzo, basada en la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del G7, de excluir a Gibraltar de la lista de territorios que representan “una amenaza para el sistema financiero de la Unión Europea por sus deficiencias normativas en materias de blanqueo de capitales, lavado de dinero, financiación del terrorismo y facilitación de la evasión de las sanciones impuestas por la Unión Europea”. Es decir, Gibraltar debe de seguir considerándose un “paraíso fiscal”.
En este sentido se preguntó al ministro si habrá garantías de que no se mantendrá el “dumping fiscal” entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar: No puedo entrar en detalles, lo que sí puedo decir es que el compromiso de España es con el desarrollo del Campo de Gibraltar (“área de prosperidad compartida”), cuyo objetivo fundamental es evitar el fraude, el contrabando o el comercio irregular.
Por último, se plantea si los posibles litigios que se pudieran producir en el futuro, tras el Gebrexit, serían resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo a lo que inicialmente el Reino Unido y, sobre todo, el Gobierno de Gibraltar son reacios. Tampoco hay respuesta concluyente: Lo que va a permitir el acuerdo es reducir completamente los litigios.
Ninguno de los grandes obstáculos al Gebrexit parece estar encarrilado dando la impresión de que las negociaciones van a seguir alargándose sine die
En definitiva, ninguno de los grandes obstáculos al Gebrexit parece estar encarrilado, dando la impresión de que las negociaciones van a seguir alargándose sine die, a lo que contribuye la reciente decisión del Comité de Control Europeo del Parlamento británico, presidido por el conservador euroescéptico sir William Cash, de aconsejar una pausa en las negociaciones para recibir una información detallada y completa de “unas previsiones” que parecen conducir a una “disminución significativa de la soberanía británica” (control aduanero y Tribunal Europeo de Justicia).
Gibraltar lleva viviendo esta situación de “teórico aislamiento” desde febrero de 2020 (fecha de entrada en vigor del Brexit), sin que parezca que éste esté afectando a su economía o nivel de vida, principalmente basados en el turismo y su sistema financiero de “paraíso fiscal” (Parlamento Europeo dixit), sin ningún tipo de producción/comercialización agrícola, industrial o cultural. Es, por tanto, España la verdadera interesada en esa “área de prosperidad compartida”, lema de las negociaciones. De modo que es al lado británico al le afectan menos las posibles dilaciones e incluso el fracaso final. Sacará partido de ello sin duda si la postura española no permanece firme mientras busca otras alternativas a esa tan repetida “prosperidad”, sea compartida o no, con un realista plan de inversiones en el Campo de Gibraltar.
No quiero finalizar sin citar el sensible tema de las pensiones. Los pensionistas españoles que han trabajado en Gibraltar cobran de media 400€ menos que sus homólogos gibraltareños. En consecuencia, el entrevistador pregunta: ¿Se van a equiparar las pensiones? No hay respuesta directa, pero sí alusión a la transferencia de fondos europeos de la New Generation a la Junta de Andalucía, a quien corresponde una parte muy importante de la justicia social. ¿Va España a compensar a los pensionistas trabajadores transfronterizos españoles lo que las autoridades gibraltareñas les están negando, en evidente vulneración de la equidad laboral preceptiva en un Estado de Derecho al uso?
