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Después de tantos años de no tener más acción geopolítica que la que se nos marcaba desde Washington, directamente o bien a través de Bruselas, sede de la OTAN y de la Unión Europea, resulta sorprendente, a la par que ilusionante, que estemos dando pasos en la (buena) dirección de empezar a tener criterio propio y el valor de esforzarse en defenderlo en el ámbito internacional.
Por supuesto, me estoy refiriendo a la actual política española respecto al sempiterno absurdo de que haya una población, la palestina, a la que se le lleva más de un siglo (desde la Declaración Balfour de 2 de noviembre de 1917 como mínimo) negando la posibilidad de autoadministrarse y constituir un Estado independiente, derechos básicos que fueron asentándose como componentes del derecho internacional a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XX (era de la descolonización), siendo sancionados por la Organización de las Naciones Unidas desde su misma creación en 1945.
Y ello en nombre de, precisa y sorprendentemente, del derecho de autoadministrarse y constituir un Estado independiente de otra población, la de cultura y religión judía y, a partir del 15 de mayo de 1948, israelí, que en esa fecha declara su independencia (lo que todavía están esperando los palestinos que les dejen). Si Israel tiene derecho a existir y a defenderse, ¿por qué los palestinos y ese ansiado y hasta ahora inexistente Estado de Palestina, no?
Confiemos en que persevere y podamos ver criterio propio en el siguiente paso de que se modifique el actual estatus de miembro observador (sin derecho a voto) de Palestina en las Naciones Unidas por el de Estado miembro de pleno derecho
Una injusta parcialidad que se ve agravada si tenemos en cuenta que, en el citado momento de la Declaración Balfour, que autoriza a crear en el Mandato británico de Palestina “una entidad nacional judía (Jewish national home) que no perjudique los derechos de la población no judía del mismo”, en el territorio, la población árabe (musulmanes y cristianos) constituía el 91% frente al 9% de la población judía.
Desde entonces, y tras cuatro guerras árabo-israelíes y cuatro palestino-israelíes (conocidas como intifadas o insurrecciones) -contando la actual desde el 7 de octubre de 2023- el Estado de Israel existe, ocupando el 79’36% del territorio, pero el de Palestina (20’64% del territorio), no. No sólo no, sino que ese veinte por ciento del territorio está dividido y desconectado en dos entidades territoriales, Cisjordania, bajo régimen de ocupación colonial israelí, y Gaza, bajo régimen de cerco y bloqueo israelí.
Una situación a la que progresivamente se ha ido llegando desde entonces a través de la más elemental e importante regla de la geopolítica: la ley del más fuerte. Primero apoyado por la antigua potencia colonial, el Reino Unido, y a partir de la crisis del canal de Suez de 1956 (guerra del Sinaí), por Estados Unidos (y aliados) y siempre sostenido por el holding financiero judío mundial, Israel ha podido ganar las citadas cuatro guerras árabo-israelíes (1947/48, 1967, 1973 y 1982) y aplastar las citadas cuatro intifadas (1987-1993, 2000-2005, 2015-2019 y desde el 7 de octubre del pasado 2023).
También desde entonces ha habido unos cuantos intentos de resolver el conflicto y admitir la existencia de un Estado palestino. Fórmula a la que se suele aludir como la solución de dos Estados: Israel y Palestina, frente a la realidad de un solo Estado (Israel) y dos territorios ocupados (Cisjordania y Gaza). En 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como representante legítimo del pueblo palestino, admitiéndola como miembro observador de la misma (con capacidad de voz, pero no de voto). Título que heredará en 1994 la Autoridad Nacional Palestina (ANP), ratificado en noviembre de 2012 por la propia Asamblea General. En los llamados Acuerdos de Oslo (Conferencia Internacional de Madrid de 1991, Oslo I o de Washington de 1993 y Oslo II o de Taba de 1995), Israel reconoció a la ANP como el representante político legítimo de la población palestina y se comprometió a reconocer la existencia del Estado de Palestina en el espacio de los siguientes cinco años.
Reconocimiento que, con el consentimiento de la sociedad internacional, todavía no se ha producido, ni parece que se vaya a producir en un tiempo calculable, a pesar de que a estas alturas son ya 146 países (más el Vaticano) miembros de la Asamblea General de la ONU los que sí ya lo han hecho -incluyendo los recientes reconocimientos de España, Noruega e Irlanda- estableciendo con la ANP alguna forma de relaciones diplomáticas.
Como puede apreciarse en este mapa:
el conjunto de países que todavía se niegan a reconocer a Palestina como un Estado independiente, posible aspirante a ser miembro de pleno derecho de la Asamblea General de la ONU, se corresponde con lo que podríamos llamar el mundo OTAN+/UE (los antiguos países europeos del Pacto de Varsovia, hoy pertenecientes a la OTAN o a la UE, ya lo habían reconocido antes de que el Pacto de Varsovia se disolviera en 1991).
Este es el verdadero valor de la apuesta española de reconocimiento. No porque con él se vaya a conseguir, ni mucho menos, el fin de las hostilidades y la paz, ni la tan solicitada tregua, ni relaciones normalizadas, ni convencer a Estados Unidos e Israel de aceptar la fórmula de dos Estados, aunque tenga la virtud de que reconocer a un Estado que está ocupado es, en realidad, posicionarse contra la ocupación.
Lo que va a demostrar es que en asuntos de seguridad se puede tener criterio propio frente a las imposiciones de Washington y Bruselas e, incluso, que tenerlo proporciona prestigio internacional, como demuestra el comentario del periodista de al-Jazeera, Anass ben Salah: “el reconocimiento por parte de España del Estado Palestino ha suscitado inmensa expectativas en el mundo árabe, donde la noticia ha sido recibida con euforia”, sin que ello tenga que afectar a otros tipos de relaciones como mostraría el resignado comentario del secretario de Estado estadounidense ante la desafección de dos países de la OTAN, España y Noruega, de que cada país “tiene derecho a tomar sus propias decisiones”. Ser un buen aliado no necesariamente tiene que ser sinónimo de subordinado.
España se independiza. Confiemos en que persevere y podamos ver criterio propio en el siguiente paso de que se modifique el actual estatus de miembro observador (sin derecho a voto) de Palestina en las Naciones Unidas por el de Estado miembro de pleno derecho, con voz y voto en una Organización en la que en gran parte puede llegar a decidirse su futura existencia. Y persevere en tener criterio propio, asimismo, en otras áreas como la cuestión saharaui (de cuyo territorio España sigue siendo la potencia administradora, según el derecho internacional derivado de las resoluciones de la ONU) o el despliegue de fuerzas españolas en conflictos ajenos a los intereses españoles, sea como fuerzas de estabilización (antigua Yugoslavia o Irak), como fuerzas antiterroristas (Afganistán) o como fuerzas de apoyo a la expansión de la OTAN (guerra ruso-ucraniana).
