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Toxo y Méndez encabezarán la protesta sindical contra la reforma de la Constitución, según confirmó este jueves el portavoz de CCOO, Javier Doz. Los líderes sindicales, que se dirigirán a los grupos parlamentarios, instarán además a los ciudadanos a participar en protestas “masivas”, tanto en la calle como a través de otros medios, como la recogida de firmas electrónicas. Aunque descartan la convocatoria de una huelga, los sindicatos temen que el PP aproveche la negociación con el PSOE para endurecer la reforma.
CCOO y UGT han manifestado su “extrema preocupación” y “firme rechazo” de la propuesta del presidente del Gobierno, apoyada por el PP, de reformar la Constitución con la intención de introducir en el texto legal la “exigencia” formulada por Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy de “constitucionalizar el déficit cero de las cuentas públicas”, según afirmaron ambos sindicatos.
Los sindicatos estudian medidas de movilización social para exigir la celebración de un referéndum sobre la reforma constitucional. Los sindicatos coordinarán su acción con otras organizaciones sociales. Desean que “los trabajadores y la ciudadanía española puedan expresar su rechazo” a una reforma constitucional.
Para los sindicatos, la propuesta es “sumamente inconveniente” ya que anula, en su opinión, la capacidad de actuación de los gobiernos y “limita gravemente” la posibilidad de aplicar políticas fiscales “adecuadas” a las diferentes fases del ciclo económico. También conlleva, en su opinión, un “grave riesgo” para la supervivencia del Estado del Bienestar.
CCOO y UGT criticaron la propuesta lanzada este miércoles por Zapatero en el Congreso por suponer “una de las señas de identidad de las políticas conservadoras y neoliberales”, a las que las centrales responsabilizan de la crisis económica global, y que están gestionando, en su opinión, “de un modo desastroso” la crisis de las deudas soberanas en la eurozona.
Para CCOO y UGT resulta “inaceptable” que una reforma constitucional de tal calado se pretenda hacer “en menos de quince días”, sin referéndum, “en pleno período de vacaciones”, “sin debate político alguno”, y sin tener en cuenta para nada las opiniones de las organizaciones sociales.
Los sindicatos creen además que la propuesta “no ayuda”, por su contenido y por los plazos de aplicación, a la “necesaria” reducción de los niveles actuales de déficit público. Esta reducción “solo” puede lograrse, sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, afirmaron, junto a un “justo” reparto de las cargas de la crisis y un “permanente rigor en el uso del gasto público”.
Movilización en la red
CCOO y UGT ya estudian cómo coordinar la convocatoria de movilizaciones junto a otras organizaciones. En Internet, los sindicatos llamarán a los ciudadanos a sumarse a iniciativas como la del economista y politólogo Vicenç Navarro, que ha organizado una recogida de firmas electrónicas a través del Portal Actuable.
Las organizaciones sindicales se sumarán además a protestas que prevén “masivas”, a pesar del estrecho margen que ofrece la reforma proyectada por PSOE y PP. La próxima semana el Congreso votará la medida cuya aprobación definitiva otorgará el Senado el día 5 de septiembre, en caso de lograr apoyos suficientes.
UGT y CCOO se afanan ahora por contactar con organizaciones sociales que han protagonizado otras movilizaciones como el ‘No a la guerra’, campañas contra la pobreza o a favor de otras causas, como la implantación de una tasa sobre las transacciones financieras.
Ceoe y Cepyme apoyan la reforma
Por su parte, las patronales CEOE y CEPYME expresaron su “completo apoyo” al proceso de reforma constitucional que se está negociando en estos días entre las principales fuerzas políticas españolas. A su juicio, la credibilidad de las finanzas públicas es un “requisito indispensable para la buena marcha de toda economía”, especialmente en el ámbito de la Unión Monetaria Europea.
En este sentido, los empresarios apoyan los “esfuerzos” que están haciendo las principales fuerzas políticas españolas para realizar una reforma constitucional que “refuerce la credibilidad de la economía española” y “ayude a sortear” esta crisis en menor tiempo, garantizandeo la estabilidad para el futuro.