Un ambiente parlamentario irrespirable
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La lectura de las crónicas parlamentarias de El País de la semana pasada son un buen ejemplo del clima que empieza a predominar en las Cortes Generales y que es un indicio de la deriva destructiva que la derecha está manteniendo desde que perdió el Gobierno en 2018. La comparecencia de la Ministra de Hacienda y Vicepresidenta, María Jesús Montero, para hablar de la financiación autonómica estuvo plagada de interrupciones e insultos, y fue completada con las intervenciones igualmente agresivas de los portavoces de la derecha. Simultáneamente, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, trató de acorralar a la Ministra de Trabajo y también Vicepresidenta, Yolanda Díaz, mediante varias preguntas orales en el Pleno y una interpelación.
Son signos preocupantes que muestran, en primer lugar, la degradación de la vida parlamentaria, pero, sobre todo, la voluntad de derivar la política hacia la confrontación de todo tipo y sin posibilidad de diálogo. El tema es particularmente llamativo, porque desde hace algún tiempo antiguos políticos de la izquierda, que se han pasado a la derecha, reprochan con más o menos publicidad al Gobierno y a los partidos que lo apoyan que hayan roto la comunicación con la oposición de la derecha y para ello invocan un idílico tiempo en que el Gobierno de la izquierda dialogaba con la oposición de la derecha. Es cierto que en el tiempo en que Fraga Iribarne presidió Alianza Popular y, más concretamente, en la primera legislatura del Presidente González hubo algún diálogo, pero tampoco hay que mitificarlo porque entre 1982 y 1985 los diputados de Alianza Popular boicotearon toda la obra legislativa del Gobierno socialista mediante la constante interposición de recursos previos de inconstitucionalidad contra las Leyes orgánicas, recursos que entonces conllevaban la suspensión de la entrada en vigor de aquellas Leyes orgánicas, que eran precisamente el instrumento de renovación que quería utilizar el nuevo Gobierno. Sólo acabó el boicot cuando en 1985 se suprimió el recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, de modo que las Leyes Orgánicas de la nueva mayoría socialista pudieron entrar en vigor inmediatamente. Pero, salvo en la legislatura 1982-1986, la derecha no ha dado tregua a los Gobiernos socialistas y menos aun cuando creía que podía alcanzar el poder como ocurrió en junio de 1993. En ese momento apareció, primero, la sospecha de un pucherazo y, luego, el “Váyase señor González” que algunos han debido olvidar.
Tenemos un clima parlamentario que empieza a ser irrespirable, y ese clima parece que se ha asentado como una nube sobre las dos Cámaras de las Cortes
Es decir, salvo excepciones, desde 1982 la derecha nunca se ha comportado como es habitual en los sistemas parlamentarios próximos (Reino Unido, Francia, Italia) donde la dureza del combate parlamentario no impide un entendimiento de fondo que atenúa esa dureza. Aquí hemos tenido siempre una derecha enragée por no ostentar el Gobierno y ello tiene tres consecuencias negativas para la vida política democrática.
En primer lugar, esa permanente rabia de la derecha por no gobernar dificulta acuerdos que son necesarios para asentar el Estado social. Lo estamos viendo actualmente con el tema de la financiación autonómica. Cualquier político sensato en las Comunidades Autónomas se habría alegrado del acuerdo PSC-Esquerra porque, más allá de cómo acabe reformándose en Cataluña, es una buena ocasión de retomar un tema mal resuelto desde hace décadas, especialmente desde la segunda mitad de 1990. En cambio, la derecha se ha lanzado como perro de presa para dificultar la gobernabilidad de España. No es el único caso, pues España tiene problemas en materia de vivienda, de transportes o de sanidad que no sólo no se negocian porque los Gobiernos autonómicos del Partido Popular no quieren acordar políticas comunes con el presidente Sánchez, sino que, incluso, como intentan en materia de enseñanza, hasta quieren crear un contramodelo al del Gobierno de la Nación (y eso que son los defensores acérrimos de la unidad de España).
En segundo lugar, esa constante confrontación con el Gobierno legítimo empobrece al Parlamento. Desde el siglo XVIII, los Parlamentos (en Reino Unido, en Estados Unidos, en la Francia de la Revolución hasta el golpe de Estado de Napoleón) nacieron como foro de diálogo para llegar a acuerdos políticos entre la mayoría y la oposición, pero la política parlamentaria de la derecha española impide ese diálogo y utiliza el Parlamento para intentar destruir al Gobierno. Con el agravante, además, de que el Partido Popular, con mayoría en el Senado, utiliza esta Cámara como francotirador contra el Congreso, con constantes iniciativas de dudosa constitucionalidad y grandes protestas de las que da cuenta la prensa conservadora (es para reflexionar sobre la utilización partidista de la Administración parlamentaria por parte de la derecha, con el curioso traspaso de funcionarios conservadores desde el Congreso hasta el Senado).
El Partido Popular lleva tanto tiempo suministrando argumentos a la extrema derecha que no percibe que al deslegitimar al Gobierno legítimo en realidad se deslegitima a sí mismo
En tercer lugar, esa política de confrontación parlamentaria pretende la deslegitimación del Gobierno ante la opinión pública sin comprender que cuando se deslegitima el Gobierno con la ferocidad con que lo hace el Partido Popular, lo que realmente se deslegitima es la democracia. El Partido Popular lleva tanto tiempo suministrando argumentos a la extrema derecha que no percibe que al deslegitimar al Gobierno legítimo en realidad se deslegitima a sí mismo como partido democrático.
Por eso, tenemos un clima parlamentario que empieza a ser irrespirable, y ese clima parece que se ha asentado como una nube sobre las dos Cámaras de las Cortes. Quizás habría que buscar un gran pacto por la centralidad del Parlamento que aislara al Partido Popular y a Vox y se pudiera acordar un calendario de actuaciones parlamentarias destinadas a recobrar las Cortes, otra vez, como el gran foro de diálogo y debate de la democracia.