![pp colon](/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/nuevatribuna/images/2021/06/15/2021061510182458257.jpg)
"Ni está ni se le espera" fue una frase que hizo famosa la Casa Real en el más triste 23 de febrero de la historia. Ya se sabe, la pronunció Fernández Campo para negar la presencia del golpista general Armada en el Palacio de la Zarzuela y, con ello, eliminar toda complicidad del jefe del Estado con el golpe.
Tampoco, el pasado domingo, el rey Felipe VI estaba, ni se le esperaba, en la madrileña plaza de Colón. Se trataba de una concentración de personas contrarias al gobierno de Pedro Sánchez y, también, pero solo también, a los indultos a los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo.
En ninguno de esos dos debates, el del gobierno de España, ni a quien indulta ni deja de indultar, pinta nada el jefe del Estado en España según el diseño que, de ese puesto, hace nuestra Constitución. En mi opinión, es una ventaja eso de que haya una jefatura del Estado sin poder ejecutivo y que ese poder, el real, el ejecutivo, radique en un puesto, la jefatura de Gobierno, sometida al control del parlamento. Pero esto es otra historia. Estábamos en Colón donde el rey, como se sabe, ni estaba, ni se le esperaba.
Hasta que le llegó el turno de palabra a la presidenta Díaz Ayuso. Se trata doña Isabel de una política ciertamente inusual. Pertenece a un partido político cuyo líder, Pablo Casado, es autor de, quizás, las más duras declaraciones hechas en el parlamento contra Santiago Abascal. Sin embargo, Díaz Ayuso se mueve en un terreno intermedio entre la colaboración con VOX o la ocupación de su espectro ideológico. También es conocida como la libertadora de la población madrileña de las garras de un izquierdista peligroso como Ángel Gabilondo. Seguramente habrá quien piense en la vocación de Díaz Ayuso de llegar a ser Isabel III.
Pues bien, esta señora invitó a la fiesta de Colón al rey con su interpelación al papel meramente procedimental que le otorgan las leyes. Según esa referencia que hizo Díaz Ayuso, el jefe del Estado tendría la posibilidad de negarse a firmar los indultos cuando llegara ese trámite y, con ello, pronunciarse en la dirección de los manifestantes de Colón. Por las mismas, los encargados del BOE tendrían también competencias parecidas o, incluso, los funcionarios de prisiones que debieran de abrir, en su caso, las puertas de las celdas una vez decretados los indultos.
Si el rey tuviera esa facultad, que obviamente no la tiene, tendría la oportunidad de practicar, en forma actualizada, lo que se llamaba “borbonear", ese ejercicio que, a su bisabuelo Alfonso, le costó el puesto de trabajo y que, si él la practicara, podría servir como mérito para engrosar la lista de borbones que han acabado en el exilio.
Pero Díaz Ayuso, inasequible al desaliento constitucional, recordó esa máxima aznarista de que "nada se debe hurtar a la crítica política" e incorporó la figura del jefe del Estado a esa larga lista en la que anteriormente el partido popular ha incluido cosas como el terrorismo, la política exterior o la propia salud.
A estas alturas, el episodio ya ha sido matizado, explicado, justificado o excusado suficientemente pero queda para la posteridad como un renglón destacable en el currículo de doña Isabel al lado de sus victorias electorales o sus portadas en la prensa rosa.
Aunque habrá quien piense que, si la derecha española se ha apropiado anteriormente de símbolos como la bandera o de ideas tan básicas como la libertad, ¿por qué se va a resistir a la apropiación indebida de la jefatura del Estado?