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¿Quién no se plantea un reto tras las campanadas de Nochevieja? ¿Quién no pide un deseo mientras brinda con sus familiares y amigos por el Año Nuevo? ¿Quién no encara cada comienzo de ejercicio con un desafío por lograr...? Y en este escenario, al margen de las negociaciones para la investidura, ¿a qué tendría que aspirar el próximo Gobierno en materia fiscal?
A la vista de los resultados del estudio 'Opinión pública y política fiscal”, publicado recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), todas las formaciones políticas deberían de abordar una reforma fiscal coherente con la opinión mayoritaria de los ciudadanos, que en más de un 83% piensan que los impuestos no se pagan justamente; es decir, que no pagan más quienes más cobran y tienen.
Si la presión fiscal española se equiparara a la media europea, cada año podrían ingresarse adicionalmente más de 60.000 millones de euros
Así, los españoles han vuelto a señalar la falta de equidad y suficiencia recaudatoria que presenta el sistema fiscal. Es más, los partidarios de mejorar los servicios públicos mediante un aumento del gasto, aunque hubiera que pagar más impuestos, triplican a los que preferirían una bajada de impuestos aun a costa de reducir los servicios públicos.
Y en este sentido, si la presión fiscal española se equiparara a la media europea, cada año podrían ingresarse adicionalmente más de 60.000 millones de euros, con los que sería posible estrechar la brecha que sufre el gasto público y que supera los 52.000 millones con respecto a la media europea; reforzando al mismo tiempo la protección social y el Estado del Bienestar.
A los problemas de suficiencia y equidad, los españoles suman el del fraude, por el que cada año tenemos que pagar, cada uno de nosotros, 2.000 euros. De hecho, más del 90% de los contribuyentes piensa que los niveles son bastante o muy elevados y casi el 60% considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para evitarlo.
Pues bien, atajar el fraude sólo es viable con la puesta en marcha de un plan realista, eficaz y claro que permita reducir la elevada bolsa de economía sumergida que soporta España, superior a los 250.000 millones de euros, que constituye la causa más importante del diferencial respecto a la presión fiscal y que se encuentra casi 10 puntos por encima de la media del resto de los países de la Eurozona.
El último estudio del CIS resulta bastante esclarecedor. Los ciudadanos, mayoritariamente, piensan que el sistema no funciona, que hay que mejorarlo. Y esa opinión es transversal e independiente a ideologías e intenciones de voto. De ahí que uno de los primeros retos para el próximo Gobierno y el legislativo debería ser la elaboración y puesta en marcha de una reforma fiscal profunda que deje de parchear para lograr un sistema más justo, progresivo y equitativo. Mientras tanto, seguiremos haciendo nuestra propia lista de deseos para el próximo año 2020.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)