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1 de mayo de 2022, 10:54
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El decreto fue aprobado finalmente con una mayoría absoluta de la representación ciudadana en el Parlamento, pero es preciso denunciar la actitud de aquellos que antepusieron sus intereses partidistas sobre el legítimo interés de la ciudadanía a la que representan.
La política malsana consiste en procurar el desgaste del Gobierno a costa del bienestar de las familias que peor lo están pasando en las crisis sucesivas que nos está tocando sufrir, tras la peor pandemia del último siglo y la agresión brutal del autócrata ruso.
Es “politiquería” malsana fustigar al Gobierno sobre las espaldas de los hombres y mujeres que pasan dificultades para pagar la factura del super, de la luz o de la gasolina. Y es radicalmente malsano instigar el odio desde la tribuna parlamentaria para movilizar votos en la próxima contienda electoral.
Ninguno de los portavoces parlamentarios que votaron contra el decreto de ayudas criticaron su contenido. Unos hablaron del “sanchismo” que les obsesiona hasta lo enfermizo. Otros se refirieron a la banda terrorista ETA, derrotada hace una década ya. Algunos aludieron a ciertas denuncias periodísticas sobre espionajes por probar. Los ultras se limitaron a la vomitona habitual de odio irracional…
Pero lo que estaba en juego era la convalidación o la derogación de un paquete de medidas vitales para que millones de familias pudieran sobrevivir a la crisis.
Es preciso, por tanto, reconocer el mérito de aquellos grupos que sí valoraron el contenido del decreto anti-crisis. Algunos de ellos plantearon propuestas que fueron incorporadas en su redacción original. Otros negociaron hasta el último momento algunas mejoras para su ulterior tramitación parlamentaria.
Fueron los grupos del propio Gobierno, el grupo socialista y el grupo de Unidas Podemos, por supuesto. Y fueron también, por orden de peso parlamentario, PNV, Bildu, PDCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria, Bloque Nacionalista Galego y Teruel Existe.
Pero también hay que señalar a los grupos del no, al triunvirato de la derecha anti patriota PP-Vox-Cs , a los independentistas catalanes, y a los tránsfugas expulsados de UPN.
Cabe señalar muy especialmente, al “nuevo” PP de Feijóo. Tras deshacerse de su anterior líder, por atreverse a denunciar la corrupción institucional en Madrid, la nueva dirección popular se estrena devolviendo poder al franquismo en Castilla y León, haciendo la vista gorda al comisionismo capitalino, y tratando de tumbar las medidas que han de proteger a los españoles ante la peor crisis en lo que va de siglo.
Más que notable para llevar tan solo un par de semanas.
Si la política malsana se hubiera impuesto este último jueves en el Parlamento, los españoles se hubieran despertado el viernes con la gasolina 20 céntimos por litro más cara, con una subida del 60% en los impuestos de la factura eléctrica, con un recorte del 15% en el Ingreso Mínimo Vital, y con 600 mil beneficiarios menos en el bono social eléctrico, entre otros desastres.
Pese a lo que algunos perciben o desean, el Gobierno está fuerte, en principios, en apoyo social y en respaldo parlamentario.
De hecho, esta última semana, que algunos han calificado como “la peor semana de toda la legislatura”, el Gobierno de España ha sacado adelante hasta nueve leyes en el Parlamento: los decretos-leyes del Plan anti-crisis, de la Ciberseguridad y de las Mejoras en la contratación de investigadores; los proyectos de ley de Igualdad de trato, de Telecomunicaciones, de Depósito legal, de Calidad en la arquitectura, y de Rehabilitación edificatoria; y la ponencia de la ley del “sólo sí es sí”.
El Gobierno está fuerte. Pero la política malsana es una amenaza. Y hay que pararla. Primero en Andalucía.
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