Montesquieu para todos

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La justicia no es como el sistema métrico decimal. Este, se basa en el metro, que, como todo el mundo sabe, es la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299792458 de segundo. Y cuerpo a tierra.

La justicia, en cambio, se basa en lo que dicen los jueces que, según dice nuestra Constitución (Art.117), la administran en nombre del Rey. Estos, los jueces, dice el mismffo artículo, están "sometidos únicamente al imperio de la ley", cosa que, teniendo en cuenta que, todos, los siete "padres" de la Constitución tenían formación jurídica, no debe sorprender. También eran políticos y, por eso, el mismo artículo lo iniciaron diciendo que "La justicia emana del pueblo". Y, aquí, en lo que parece la legitimidad del sistema judicial, puede haber un problema debido, precisamente, a esas emanaciones y a su heterogeneidad. Porque no todo el mundo piensa igual y, por tanto, no emana lo mismo, con el problema de que, parece ser, hay quien emana más que otros. Esa debe ser la causa de que, según se dice, predominan los jueces conservadores en nuestro sistema judicial.

Los jueces, dice la Constitución, están "sometidos únicamente al imperio de la ley". También dice que "la justicia emana del pueblo"

Y, esto, puede tener una enorme importancia en nuestro sistema democrático si las políticas aprobadas en el parlamento, o decididas por el gobierno legítimo, son anuladas por decisiones de los tribunales y no solo por el Tribunal Constitucional. O influidas por otros tribunales que, sin capacidad de anularlas, las retrasan o las afectan. Sobran los ejemplos. Y, aquí, podrían caber jueces como Aguirre, Alaya, Peinado o Phantly Roy Bean.

Quizás a una mayoría de españoles les pareció bien que el Tribunal Constitucional anulara una gran parte del Estatut de Catalunya de 2006. Un TC que aplicaba una justicia que emanaba del pueblo, el mismo que había aprobado el Estatut a través de sus representantes en el Parlament catalán y en el Congreso de los Diputados español. El mismo que lo había aprobado en referéndum en Cataluña. Y el mismo del que, al parecer, emanaba, la justicia que contradecía gran parte de todo lo anterior. Algo no funcionaba como, posiblemente, pretendían los "padres de la Constitución" y aprobamos la inmensa mayoría de los españoles. Y no es que el pueblo o el Tribunal Constitucional no hicieran lo debido. Es que, quizás, lo hicieron a destiempo. Si la decisión del TC se hubiera conocido antes de que el pueblo, a través de sus representantes, lo hiciera, muy probablemente estos no lo hubieran aprobado. O lo hubieran hecho, en su caso, modificando la Constitución por el procedimiento adecuado.

Hay decisiones de tribunales que parecen plantear el viejo dilema marxista (de Groucho): ¿A quién vas a creer, a mi o a lo que ven tus ojos?

Y, es que, el caso del Estatut catalán, ejemplo de discrepancias entre el poder legislativo y el judicial, podría repetirse en muchos casos. Ahora, tenemos uno con la ley de amnistía, aprobada por una mayoría parlamentaria con criterios, obviamente políticos, de “normalización institucional, política y social en Cataluña” según reza el preámbulo de la ley. Todas las leyes son, por definición “legales” desde que se publican en el BOE. Podrán ser, o no, constitucionales pero, eso, solo le corresponde decirlo al Tribunal Constitucional. Hasta entonces, los tribunales deben aplicarlas. Pero estos, según estamos viendo, están encontrando motivos para no aplicarla. Basta un poco de creatividad en la interpretación de los hechos y otro poco de fundamentos de derecho que lo justifiquen para armar un auto “influyente”. Y, es que, hay decisiones de tribunales que parecen plantear el viejo dilema marxista (de Groucho): ¿A quién vas a creer, a mi o a lo que ven tus ojos? 

La ley de amnistía, por ejemplo, no dice nada sobre el delito de pederastia. Pero, mutatis, mutandi, ¿quién puede asegurar que las fuerzas de seguridad, incluidos los mossos de escuadra, no evitaran algún delito de pederastia el día que, ocupados del referéndum ilegal, de 2017, dejaran el campo libre a algún pederasta? Pues, ala, acúsese a Puigdemont como la X de ese delito de omisión y no lo salva ni la paz ni la caridad. Y, si, esto, les parece una boutade, piensen en lo del terrorismo, la traición por sus contactos con Putin o la malversación de fondos. Y, piensen también, que el asunto, en este último caso, no viene de un juez de pueblo, sino del mismísimo Tribunal Supremo.

La derecha, beneficiaria de esta situación ya debe estar previendo que el Tribunal Constitucional considere constitucional la Ley de Amnistía. La prueba es que hace algún tiempo, desde que fue renovado, le acusa de estar “colonizado” por la izquierda. En todo caso, estará “colonizado” por la mayoría parlamentaria que es quien ha hecho posible la última renovación, a través de las “emanaciones constitucionales” procedentes del pueblo.

La derecha ya debe estar previendo que el Tribunal Constitucional considere constitucional la Ley de Amnistía. Desde hace un tiempo le acusa de estar “colonizado” por la izquierda

Todos queremos creer, yo al menos, que los jueces no prevarican porque, si Dios ha muerto, todo está permitido. Pero, así como hay quien no cree en Dios, también hay quien cree que hay jueces que prevarican. Parece ser una especie de blasfemia decir que hay jueces que hacen o practican el lawfare, cierta modalidad de prevaricación que sirve a fines de persecución política por medio de actuaciones judiciales. Y, sin embargo, hay decisiones judiciales cargadas de significado y, quien sabe, si de intención, política que sirven a los intereses de unos y al perjuicio de otros.

Ha sido Newsweek (8 de agosto pasado) quien ha señalado los riesgos para la democracia que se presentan cuando el poder judicial actúa como un actor político en lugar de como una estamento neutral. Y lo hace poniendo como ejemplo, junto a casos de Brasil y de los propios EEUU, lo que considera una extralimitación de nuestro Tribunal Supremo en el caso de la ley de amnistía.

Hay decisiones judiciales cargadas de significado y, quien sabe, si de intención, política que sirven a los intereses de unos y al perjuicio de otros

No ayuda a una comprensión de la independencia judicial el modo en que los dos partidos políticos negocian la composición de los principales órganos judiciales ni el hecho de las discrepancias, a veces tan abismales, entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional ante determinadas cuestiones. Y, el tema no viene de ahora. Es conocida la diferencia de criterios, que hubo durante años entre ambas instituciones, respecto del momento en que se debía contar el plazo de prescripción de un delito.

Aunque, creo que a Montesquieu le hemos leído solamente con la vista puesta en que la política no interfiriera en el funcionamiento de una justicia independiente. Pero, quizás, hayamos perdido de vista que la política también tendría que ser independiente de la justicia y que, esta, no debiera intervenir en la política por medio de actuaciones de jueces que dudosamente están “sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Y, en esto nos va mucho a todos. Algo habrá que hacer para que nuestro sistema judicial no solo no sea un símbolo negativo para Newsweek, sino, por ejemplo, para que las órdenes internacionales de detención de nuestra Audiencia Nacional sean atendidas por otros países de la Unión Europea, de la que formamos parte. En definitiva, para que nuestro estado de derecho sea respetado.

Lo conseguimos con nuestro estamento militar y deberíamos hacerlo con nuestros jueces.