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El Congreso ha dado su visto bueno al proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Sin embargo, no logrará reducir la economía sumergida. ¿Por qué? Porque no incorpora medidas de control para que se asegure su aplicación, tal y como algunas enmiendas rechazadas pretendían, y a pesar de que la estrategia España 2050 recogiera el objetivo de rebajarla hasta el 10%.
Desde Gestha compartimos el reto de rebajar el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en niveles similares al de los países más desarrollados de la UE-8: un objetivo para el que resultaría fundamental el aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para concentrar esfuerzos en el control de los contribuyentes con grandes patrimonios.
Sin embargo, la nueva ley no recoge esta medida, por lo que en la próxima década se seguirán centrando el 75% de las actuaciones de control en el IRPF de particulares y autónomos para descubrirles una deuda media de 980 euros, o en el control de contribuyentes en Módulos con una deuda media de 667 euros.
Por otra parte, desde Gestha también rechazamos que continúen las limitaciones de nuestras funciones en la planificación, coordinación y elaboración de los informes de auditoría pública y en la firma de los expedientes de fiscalización, reduciendo la eficiencia y la calidad del gasto público. Ya que esto complicará el importante reto de la Intervención General de la Administración del Estado como Autoridad de Control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En definitiva, la nueva ley tiene sus luces y sus sombras. Porque si bien algunas de las medidas resultan absolutamente acertadas y oportunas, se han dejado de lado otras necesarias para su aplicación y que, en la práctica, son fundamentales para reducir la economía sumergida: una lacra económica y social.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)